Minería ilegal sin freno: la fiebre del oro que sigue devorando a Colombia

Por: María Isabel Ortíz Fonnegra.
Redacción Justicia. En X: @MIOF_

A 3.200 metros de altura, en el filo de los farallones de Cali, más de 600 personas se meten a diario en profundos y enrevesados socavones por los que corre, sin control alguno, la fiebre del oro. Por primera vez en la historia del país, el agua de una de las grandes capitales, Cali, se ve en riesgo por el mercurio, el peligroso metal líquido que es clave en la minería del oro y que en las últimas cuatro décadas ha envenenado ríos y fuentes subterráneas en Antioquia, Chocó, el sur de Bolívar, Guainía, Nariño y el Cauca.

Como esos 600 mineros informales –algunos de ellos, llegados de Venezuela–, miles de hombres, mujeres y niños mueven la máquina depredadora de la minería ilegal en Colombia. Una fiebre que a su paso está dejando desiertos y aguas contaminadas en un centenar de municipios y que ha borrado, según Naciones Unidas, casi 100.000 hectáreas de selvas y páramos. Es un área equivalente a dos tercios de la de Bogotá, pero con un agravante: que más del 40 por ciento corresponde a ecosistemas claves para el agua y la biodiversidad que difícilmente serán recuperables.

Reporteros de EL TIEMPO ahondaron en la realidad de la minería del oro en varias regiones del país para reconstruir la huella de la destrucción que dejan a su paso las retroexcavadoras ilegales, los ‘dragones brasileños’ –literalmente, aspiradoras que barren plantas y animales del lecho de los ríos, incluso los enormes de la Orinoquia, en busca de las pepitas doradas–, y las mafias que, directa o indirectamente, terminan sacando multimillonarias ganancias de la minería ilegal.

Y es también un aparato de destrucción que se mueve con químicos y maquinaria que, en teoría, no circulan libremente en el país, pero que siempre terminan entrando, incluso a las zonas más alejadas del territorio nacional.

Mercurio chino

Los cálculos de las autoridades señalan que siete de cada diez hectáreas afectadas por la búsqueda de oro corresponden a minería ilegal de aluvión (en zonas de río). Una minería que sigue utilizando el mercurio, a pesar de que está prohibido en el país. Colombia, que hace parte del Convenio de Minamata, prohibió el uso del mercurio en 2013 a través de la Ley 1658, que dio un plazo máximo de 10 años para eliminar el metal de los procesos industriales.

Ese plazo se cumplió el 30 de junio de este año, pero el mercurio se sigue consiguiendo sin mayores problemas en Colombia. A las zonas de minería llega en frasquitos color plata que de hecho se consiguen en internet, por entre 1.000 y 2.000 pesos el gramo. La Policía ha incautado este año alrededor de 40 kilos. La cifra parece ínfima, pero no lo es si se tiene en cuenta que un solo gramo de mercurio puede contaminar hasta 400.000 litros de agua. Con dos kilos se surten 15 minas por varios meses. Desde el 2019, dice la Policía, el mercurio incautado pasa de 700 kilos.

Uno de los huecos en la legislación es que el tráfico de la sustancia no está penalizado. Así, los que lo mueven solo enfrentan la incautación, mas no un proceso penal. “Una de las acciones será la presentación de un proyecto de ley para castigar con cárcel a los traficantes de mercurio”, dice el coronel William Castaño, comandante de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía (Dicar).

El grueso del tráfico llega a Colombia por tres rutas: la venezolana, que empieza en China –el principal productor de mercurio del mundo–, y hay dos más desde México y Bolivia.

De acuerdo con investigadores, la primera ruta tiene tres ‘escalas’: sale de China, llega a Venezuela y de allí se mueve hacia la zona del sur de la Orinoquia, especialmente hacia Guainía. La segunda ruta parte de Bolivia, pasa por Perú, luego por Ecuador y finalmente entra por la frontera con ese país, casi siempre hacia Nariño, Cauca y, ahora, el Valle. La tercera ruta se inicia en México y termina en el golfo de Urabá. Es ese mercurio el que está acabando con la vida en ríos y lagunas del Chocó, el nordeste de Antioquia y el sur de Bolívar.

No es un tráfico sofisticado. En buena medida se mueve a través de correos humanos, ‘mulas’ que aceptan una carga que es potencialmente mortal en caso de cualquier accidente.

Cuando el metal ya está en suelo colombiano, es acopiado en cinco municipios: Medellín, Pasto, Cali, Caucasia y Bucaramanga. Desde esas zonas se distribuye el metal hacia los sitios de explotación ilegal, muchas veces a través de ferreterías o tiendas de pueblo y camino.

Como parte de los esfuerzos para frenar el ingreso del peligroso metal, Colombia está trabajando en alianza con Homeland Security Investigations (HSI, por sus siglas en inglés), que está adscrito a la poderosa Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y está investigando delitos ambientales y ayudando a identificar las organizaciones transnacionales detrás del tráfico de mercurio y del lavado de activos de la minería ilegal.

En el marco de este trabajo conjunto, se espera que el próximo año se logre una articulación con autoridades en Perú y Ecuador para identificar más en detalle las rutas del mercurio y cerrarle el paso a ese negocio.

Maquinaria por partes

Si el mercurio envenena el agua y la tierra, el arrasamiento visible corre por cuenta de las grandes máquinas que se usan para la búsqueda y extracción del oro: retroexcavadoras, dragas y ‘dragones’ que, casi sin falta, se encuentran incluso en las minas más alejadas.

¿Cómo es que a zonas donde ni siquiera hay carreteras, a veces en plena selva, logran entrar la maquinaria amarilla? La respuesta es simple: llegan por partes y son armadas in situ en donde se desarrollará la actividad minera.

De acuerdo con la Dicar, este tipo de maquinaria es desarmada hasta en 10 partes y transportada en camiones que, cuando son detenidos en controles viales, suelen llevar papeles de carga de chatarra. Esos camiones llevan los implementos hasta donde haya carretera. Si la explotación se hace en río y es viable el transporte, el resto del viaje se hará por agua hasta el lugar de la mina. Si no hay ríos, el camión deja las partes en el último sitio posible: se han documentado casos en los que se usan hasta 40 mulas de carga para llevar las máquinas desarmadas. Cuando ya ni los animales pueden avanzar, la máquina se arma y de ahí para adelante esta se usa para “romper” hasta llegar al punto de la explotación del oro.

Esa es una de las explicaciones del paisaje lunar que es cada vez más frecuente en regiones como el nordeste antioqueño y las selvas del Pacífico.

En Nariño, por ejemplo, dragas y ‘retros’ llegan desarmadas hasta la orilla del río Tumaco. Por ese afluente se mueven algunos kilómetros, hasta un claro que parece un taller rodeado de selva, salvo por un largo carreteable construido por las grandes máquinas que se adentra hasta el llamado Triángulo de Telembí, zona donde igual se explotan coca y oro ilegal.

La presión de los grupos armados, especialmente del ‘clan del Golfo’, que es el más metido en el negocio de la minería ilegal, pesa a la hora de que algunas autoridades miren para otro lado cuando por sus jurisdicciones pasa la maquinaria amarilla desguazada. Pero también las redes de corrupción que mueven millonarios sobornos a lo largo de toda la cadena de la minería.

Además de la minería de oro en ríos, en Colombia hay explotación subterránea, que implica el uso de explosivos para romper la montaña y llegar hasta las vetas del mineral. Se trata de un mercado altamente controlado, para evitar que ese material llegue a grupos criminales como el Eln, disidencias y bandas de narcos, pero la restricción la burlan los ‘zares’ de la minería ilegal a través de tres grandes rutas.

Una de ellas es la misma usada por décadas por las guerrillas colombianas: la de Ecuador, por la que ingresan explosivos hacia Nariño. Esa ruta surte minería ilegal de montaña, incluso, hasta Antioquia, y se mueve a través de pequeñas cargas de tejidos y artesanías.

Un segundo tipo de explosivo detectado en el país es artesanal y se usa cuando los mineros sienten más presión de las autoridades por la incautación de insumos convencionales. Y está el explosivo de Indumil que es desviado hacia la minería ilegal, a veces con complicidad de miembros de la Fuerza Pública. Este año la Dicar ha capturado a cuatro mayores, tres sargentos y dos tenientes coroneles del Ejército, bajo cargos de favorecer el tráfico de ese material hacia la minería ilícita.

Toda la cadena termina después legalizada, usualmente hacia mercados internacionales. Se ha visto, por ejemplo, que las mafias compran bases de datos de personas que nada tienen que ver con la actividad y que después terminan inscritas como supuestos barequeros y mineros artesanales, gracias a pagos de coimas en algunas localidades. Cada uno de esos ‘mineros fantasmas’ aparece con sus respectivos papeles vendiendo su producción de oro a algunas comercializadoras conectadas con la ilegalidad.

La Dirección de Carabineros de la Policía ha detectado certificados de compra de oro en los que aparecen relacionados como barequeros personas muertas o presas, y hasta residentes en grandes ciudades.

Una segunda vía para legalizar oro es la utilización de títulos mineros inactivos, es decir, minas que están legalmente constituidas, pero que ya no extraen oro y aun así, en los papeles, siguen produciendo.

Pero también tratan de sacar el metal por la modalidad de correos humanos. A comienzos de este año fue detenido un colombiano que pretendía viajar a Turquía con varios kilos de oro camuflado en la estructura de su maleta.

Era metal explotado en el Valle y transportado a fundidoras en Bogotá que lo convierten en varillas que luego pintaron de negro.

Los efectos del mercurio en el cuerpo