La denunciante de Nacho Cano rompe su silencio: “Me han traído de manera obligada”
Fuentes policiales citadas por ‘El País’ recogen que los jóvenes tenían denegado el permiso de estudios y, por ende, el de residencia desde mayo de 2024.
![El productor musical Nacho Cano ofrece declaraciones a los medios, a 9 de julio de 2024, en Madrid (España). Nacho Cano ha atendido a los medios de comunicación tras ser detenido por contratar presuntamente a inmigrantes irregulares para su musical 'Malinche'. En concreto, se le acusa de un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores. Tras tomarle declaración este martes, 9 de julio, ha quedado en libertad con cargos a la espera de una citación judicial.
09 JULIO 2024
Ricardo Rubio / Europa Press
09/07/2024](https://img.asmedia.epimg.net/resizer/v2/ZDT7ULROLMWWFPREX6RRUH5YHA.jpg?auth=8a42b2998569dd216afaacf3cca7e515629c7a7e5d487ed2d3d777b6d0501ebf&width=360&height=203&smart=true)
El productor musical y artista Nacho Cano fue detenido el pasado martes por la presunta contratación de inmigrantes en situación irregular para su musical ‘Malinche’. Poco después de ser liberado, el exintegrante de Mecano dio una rueda de prensa en la que negó los hechos explicando que la presencia de los jóvenes se debía a un programa de becas con la Casa de México. “Todo esto lo ha orquestado la Policía. A los becarios se les pone vivienda, se les paga 500 euros como beca de apoyo y se les da comida”, justificó.
Este miércoles, el diario El País, citando a fuentes policiales conocedoras de la investigación, ha desvelado que los supuestos trabajadores del musical tenían denegado el permiso de estudios desde mayo y que, por ende, la Delegación de Gobierno había ordenado su salida obligatoria del país. Una medida que no se llevó a cabo y que acabó en la detención de Cano y de su responsable de personal acusados de “favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra los derechos de los trabajadores”.
El atestado sobre los hechos ya está en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, donde tanto Nacho Cano como su responsable de personal serán llamados a declarar próximamente. Cabe destacar que ambos, en su comparecencia en comisaría, se acogieron a su derecho de no querer decir nada al respecto.
“Estaban siendo engañados”
Señalando a las mismas fuentes policiales citadas anteriormente, El País asegura que los diecisiete jóvenes implicados, incluyendo a aquella que fue considerada como “conflictiva” por Cano durante su rueda de prensa, llegaron a España desde Guadalajara en seis vuelos distintos. Tenían “instrucciones precisas de lo que tenían que llevar y decir en la frontera” y, presuntamente, “se tenían que hacer pasar por turistas con un billete de regreso, una guía de Madrid e instrucciones para hacer creer que volverían en ese plazo de tiempo”.
Pese a todo, la Delegación de Gobierno de Madrid concluyó que no habían tenido durante su pasado ninguna formación parecida a la que venían a hacer a España, motivo por el cual se les denegó el permiso de estudios en mayo. Además, desde el entorno policial mantienen la hipótesis de que siguieron trabajando en el espectáculo “sin saberlo”. “Estaban siendo engañados”, agregan sobre los dieciséis estudiantes, que acudieron a comisaría en “calidad de víctimas”, pese a que según Nacho Cano terminaron interponiendo cada uno una querella.
A este respecto, El Mundo publica declaraciones de los propios querellantes en los que denuncian las circunstancias en las que se produjeron los interrogatorios. “En el acta de la denuncia se recogen párrafos y afirmaciones que no fueron realizadas por mi persona” o “parte de lo allí reseñado como declarado no fue manifestado por mí sino alterado por el agente” son algunas de las reclamaciones que hacen los jóvenes, que mantienen en todo momento que su estancia en España “es absolutamente legal, pactada de forma bilateral y libremente aceptada”.
El contenido de la denuncia del 11 de enero
La investigación sobre la situación de los jóvenes “becarios” de ‘Malinche’ empezó a raíz de la denuncia de una de las implicadas a principios del mes de enero. La chica, que acudió en varias ocasiones a las dependencias policiales, “aportó información, mensajes, itinerarios y reconocimientos”, según El País.
Los agentes concluyeron que los trabajadores vivían en un hostal del centro de Madrid en habitaciones cuádruples con una beca de comida siempre para el mismo restaurante. Además, tenían una paga de 20 euros para el fin de semana y cobraban 500 euros al mes, aunque al comienzo eran 300. El desayuno y la cena corrían de su cuenta, siempre según el atestado policial.
Las jornadas laborales eran de 9.30 a 19.30 de lunes a sábado, aunque a veces había algunos actos en domingos que requerían su presencia. Con todo, los “becarios” podían servir copas en el bar ‘Canalla’ al terminar la función de teatro para ganar un sobresueldo al que ya tenían previamente establecido.
Habla la denunciante
La joven que interpuso la denuncia contra Nacho Cano ha roto su silencio en una entrevista en el programa de televisión ‘Y ahora Sonsoles’. “Yo lo denuncié por todas las irregularidades con las que nos trajo y las condiciones en las que nos tenían. Nos estaban explotando. A mí me dejaron en la calle (cuando fue despedida) y por eso denuncié. Cuando me echa del proyecto me deja con una mano delante y otra detrás”, ha recordado.
La bailarina, que ya fue calificada de “conflictiva” por parte del productor durante su rueda de prensa, expone que “ese fue su único argumento”. “Era una incomodidad con el refrigerador, que era uno para 18 personas. Me decía: ‘Oye, me gusta mucho tu maquillaje y cómo te peinaste’. Estaba un poco incómoda, aunque jamás me tocó. Me hizo sentir incómoda por el hecho de que mis compañeros estaban ahí y ponían caras”.
El caso ha escalado incluso hasta la Embajada de México en España. En ella, la chica fue todavía más dura. “Me han traído obligada y de manera irregular, entrando a España como turista, sin papeles de estudiante, ni seguro privado o social, prometiendo una estancia de 10 meses a un año y 300 euros al mes para la participación constante en bolos y grabaciones. Fui reconociendo la explotación laboral”, narra el escrito.
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