Mauricio Marín renuncia a la Fiduprevisora en plena crisis del nuevo modelo de salud de los profesores
La renuncia del presidente de la entidad encargada de manejar el sistema sanitario de los maestros se da en medio de acusaciones de clientelismo y de las quejas por el deterioro en la atención
![Emma Jaramillo Bernat](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2F1.800.gay%3A443%2Fhttps%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fc349a01b-9bd2-4b81-bb30-6da686100e65.png?auth=1f5f0c6f11b8d584402c65b92fff7b4c2087c60e4a230084a964d65bba02b43c&width=100&height=100&smart=true)
![Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/X5BCEWQNJNALRLZ6JOVDJJSTJU.jpg?auth=05330fd40fe443ea76aba158ba15f9b05d7b884df25ed65334a9806cf8c08024&width=414)
No se ha cumplido un mes desde que se empezaron a implementar cambios en el sistema de salud de los profesores y ya rodó la primera cabeza. Este jueves, Mauricio Marín presentó su renuncia a la presidencia de la Fiduprevisora, la entidad financiera encargada de manejar el sistema. La crisis que afecta a 820.000 personas, entre maestros de las escuelas públicas y sus familiares, ha dejado a pacientes en interminables listas de espera, sin saber dónde recoger sus medicamentos o sin acceso a sus procedimientos. Además, tiene una fuerte repercusión política para el Gobierno de Gustavo Petro, que buscaba hacer de este ajuste el piloto de su propuesta de un nuevo sistema de salud para todos los colombianos.
Marín es un abogado quindiano que fue nombrado en este alto cargo por la junta directiva de la fiduciaria, que controla el presidente Petro, en abril del año pasado. Ha sido señalado de ser cuota política de los congresistas del partido La U, Wilmer Carrillo y Sara Robayo, de acuerdo con una investigación publicada por el medio Vorágine. También es investigado por la Procuraduría por hechos ocurridos en 2020, cuando era director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia. En ese momento, celebró contratos de manera directa que habrían derivado en presuntas irregularidades contractuales por más de 196.000 millones de pesos.
Justo hace un mes, el 30 de abril, el programa Sigue la W reveló que Marín había entregado contratos del Fomag —el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, encargado del sistema de salud de los profesores estatales― a los mismos contratistas que había elegido como funcionario de Ferrocarriles. Las acusaciones lo fueron cercando, mientras en Bogotá la sede de la Fiduprevisora se convirtió en un lugar frecuente de protesta, casi de peregrinación, de profesores que, con exámenes médicos en mano, contaban sus casos y exigían un mejor servicio.
La situación llevó a la que la comisión séptima del Senado citara a debate de control político a Marín y a los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Educación, Aurora Vergara, por las preocupaciones e irregularidades detectadas en la implementación del nuevo modelo. En sus intervenciones ante el Congreso, el ministro no ha defendido a Marín. Por el contrario, junto con Vergara, ha manifestado que el modelo de salud que se está implementando no correspondía con lo que había planteado el Gobierno, y que la responsable de los fallos, al menos en esta etapa, ha sido la Fiduprevisora.
El 21 de mayo, la emisora La FM reveló cuatro audios de reuniones entre directivos del Ejecutivo que mostraban el caos que reinaba al interior del Gobierno. “Hace mucho rato, desde el principio hemos querido salirnos de esto, por múltiples razones; no las voy a traer a colación. Porque yo sabía como iba a terminar esto (...) Pero he venido a poner la clara. Yo sí tengo que responder”, comenta el ministro Jaramillo en uno de ellos. Ante la inminencia del problema, el ministro pedía que las clínicas y hospitales —Instituciones prestadoras de salud o IPS, en la jerga del sistema de salud colombiano— entregaran medicamentos temporalmente, mientras Marín decía que no podía contratarlas, por orden presidencial.
Un mes de preparación
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El pasado 1 de abril, el Ejecutivo y Fecode, el principal sindicato del país, con unos 270.000 maestros afiliados, acordaron cambiar el sistema de salud de los maestros, que venía ya herido; las medidas empezarían a regir a partir del 1 de mayo. La atención no funcionaba bien pese a ser un régimen especial que desde 1989 buscaba ofrecerles servicios preferenciales -y mejores- a los maestros y a sus familias. La Fiduprevisora, una fiduciaria, desde entonces ha sido la encargada de controlar, vigilar y sancionar a los operadores que prestan el servicio de salud. Contrata uniones de clínicas y hospitales para que atiendan a los pacientes directamente, sin la intermediación de las EPS, como sucede con el servicio que recibe el resto de los colombianos.
Ante las falencias, el nuevo modelo se centra en una contratación aún más directa. El país ya no se divide en diez regiones, sino que la fiduciaria contrata una red nacional de prestadores, sin operadores privados, para organizar las redes de centros médicos y hacer los pagos. Había varias alertas respecto a que sería imposible construir esas nuevas redes, y a que una entidad financiera tuviera la capacidad, en tan poco tiempo, de revisar facturas, contratar a buenos precios o agendar citas; era una labor burocrática titánica. No obstante, el presidente Gustavo Petro fue enfático en que quería que el sistema empezara a funcionar a partir del Día del trabajo, según han dicho los líderes de un sindicato que ha sido una de sus bases de poder. Y así fue. Pero desde esa fecha las falencias en la asignación de citas y la falta de medicamentos se acentuaron.
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