Denuncian recortes de la Secretaría de la Mujer en medio de una emergencia por violencia machista
Contratistas denuncian una oleada de despedidos en un sector fundamental para hacerle frente a la violencia machista en la capital del país. La entidad habla de una reorganización
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En su discurso al arrancar como alcalde de Bogotá, el primero de enero de 2024, Carlos Fernando Galán aseguró que la equidad de género tendría un lugar especial en su mandato. A seis meses de su gestión, empiezan a emerger dudas sobre esa promesa. Durante la última semana, varias contratistas de la Secretaría de la Mujer han denunciado despidos masivos y un enorme recorte presupuestal a la entidad. Los señalamientos se han hecho principalmente en redes sociales, y han ido en aumento con los días, pero toman especial relevancia cuando ha habido una seguidilla de feminicidios en lugares públicos de la capital durante los últimos meses. Las alertas, hechas desde Medicina Legal, apuntan a que en Bogotá hay 655 mujeres en riesgo de feminicidio.
Uno de los testimonios más virales sobre la oleada de despidos y sobrecarga laboral, en la entidad encargada de los temas de género en la capital, fue el de María José Gómez, quien trabajó allí como abogada. En una serie de trinos ella revela la reducción del personal encargado de prestar asesoría legal y psicosocial a las víctimas de violencia machistas en los 42 hospitales públicos: dice que pasarían de ser 42 asesoras a cuatro. Añade que la misma situación se viviría en las Casas Refugio, un espacio temporal que se le brinda a las mujeres en riesgo y sus familias, donde las supervisoras de estos espacios pasarían de 18 a 13.
Tras los numerosos testimonios en la red social X, se pronunció la congresista María José Pizarro y la concejala, Heidy Sánchez, ambas del partido de gobierno Pacto Histórico. Sanchez amplió las denuncias y sumó que la reducción de personal se aplicaría en otros programas de la entidad como son los enlaces para las víctimas de agentes químicos y de víctimas de trata que quedarían eliminados. “Las mujeres que quedan van a tener que asumir el doble y hasta el triple de trabajo, sin ningún tipo de bienestar laboral”, sostuvo. En conversación con este diario, Sánchez manifestó que está a la espera de que se le responda un derecho de petición aclarando la situación, el cual ya venció su término. “Esperamos que no se disminuya el número de personas que están en cada uno de estos servicios. Por el contrario, que estos tiendan a aumentar para tener mayor cobertura en la ciudad y prevenir no solamente casos de feminicidio sino también casos de violencias basadas en género”, dice.
Una Secretaría en crisis
EL PAÍS logró conversar con Clara*, ex-contratista de la Secretaría por un año y quien junto con otras afectadas creó un perfil en X bajo el nombre de Víctimas SDMujer. Explica que la intención es que se pudieran agrupar todas las denuncias de maltrato laboral y despidos en un espacio anónimo pues según ella, muchas de las extrabajadoras temen represalías—legales, o que no les vuelvan a contratar en el sector público. Según ella, juntas han logrado contabilizar al menos un centenar de despidos en diferentes áreas, en su mayoría, justificados por una supuesta reducción presupuestal. “Esto va a implicar una sobreexplotación de quienes quedan porque vas a terminar haciendo el trabajo de dos o tres profesionales”, manifiesta.
Adicional a la carga extra con los mismos honorarios para las trabajadoras de esa institución, ella se refiere a los impactos que los despidos podrían tener sobre los servicios que se prestan a mujeres, quienes de por si ya enfrentan múltiples obstáculos a la hora de denunciar u obtener protección de sus agresores. Para muchas mujeres en la capital la asesoría y acompañamiento de la Secretaría son vitales. Clara* se refiere a abogadas que representan a víctimas de violencias de género, y a las profesionales que trabajan en la articulación con la línea 123 que recibe las emergencias.
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Este periódico consultó a otra contratista, que no se conoce con Clara*, y que sigue en la entidad. Ella trabaja allí desde la administración pasada, prefiere mantener su nombre bajo reserva, y confirma los recortes laborales. “Han sido recortes que aluden a reducciones presupuestales pues el tema de la mujer dejó de ser importante para esta administración. Muchos contratos se acabaron a junio y no los renovaron. Acabaron estrategias y se redujeron equipos. El año pasado había más apoyo y más plata”, sostuvo.
Pero, de acuerdo con Plan Plurianual de las dos administraciones recientes, la diferencia en la inversión dedicada a esta entidad no es sustancial en la nueva alcaldía. Tras la polémica en sus redes sociales, la actual secretaria de la Mujer, Laura Tami, se refirió a la situación. En un video y en una entrevista con El Espectador, Tami aseguró que los 866 contratos de prestación de servicio que tiene la entidad se mantendrán. Adicionalmente, en sus diversas apariciones, ha afirmado que no se trata de un recorte de personal sino de una reorganización, y que todas las estrategias y programas se van a mantener. Un versión totalmente opuesta a la de las contratistas entrevistadas. La oficina de prensa de la Alcaldía manifestó a El PAÍS que, por ahora, no se pronunciarán.
Para la administración de López el sector mujer jugo un papel clave y fue una de sus banderas luego de hiciera un acuerdo con el movimiento feminista de la ciudad para quedar electa. Entre los puntos que surgieron de ese pacto estuvo la implementación de un Sistema Distrital de Cuidados que se convirtió en su legado. Finalizando su gestión había instalado 21 manzanas de cuidado en cada una de las 19 localidades. Aun así, desde entonces ya se venían registrando quejas por la sobrecarga laboral que ese impulsó trajo consigo al interior de la Secretaría de la Mujer.
Si bien Bogotá fue la ciudad con más feminicidios registrados en 2023, la crisis se extiende por todo el país. Por ello, hace un año por iniciativa del Congreso de la República se declaró emergencia por las violencias de género, con lo que se buscaba destinar más recursos a atender esta problemática a nivel nacional y trabajar en su prevención. Sin embargo, la realidad para las mujeres no parece mejorar: hasta el 31 de mayo el Observatorio de Feminicidios registró 339 víctimas, de las cuales 130 eran madres.
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