El Tribunal Administrativo del Deporte inhabilita dos años a Pedro Rocha, presidente de la Federación Española de Fútbol

Solo un día después de exhibirse con el trofeo de la Eurocopa en el aeropuerto de Barajas y en los actos institucionales de la selección, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) acordó imponer dos años de sanción al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, por haberse extralimitado en sus funciones cuando presidía la Comisión Gestora creada para agotar el mandato del también inhabitado Luis Rubiales. La sanción es consecuencia del expediente elevado al TAD por el Consejo Superior de Deportes a raíz de una denuncia de Miguel Galán, presidente de la escuela de entrenadores Cenafe.

Rocha cometió una infracción muy grave al despedir por su cuenta el pasado 23 de septiembre al secretario general federativo, Andreu Camps. El dirigente extremeño vulneró la Ley del Deporte con su unipersonal decisión. Rocha debió contar con el resto de los componentes de la citada comisión como manda la normativa. El tribunal considera que las actuaciones de Rocha “no superan el juicio de razonabilidad y deben calificarse de arbitrarias y groseras”, y añade en su resolución que, pese a que él mismo era consciente del cargo que ostentaba, “tomó decisiones unilateralmente y sin sometimiento a deliberación y votación de la Comisión Gestora, obviando las más elementales normas de funcionamiento de cualquier órgano colegiado”. El TAD incide en que “no parece razonable entender que el presidente del órgano colegiado pueda arrogarse y ejercer como propias las competencias del propio órgano, con infracción de los derechos de los demás miembros”.

El TAD también le ha impuesto una multa de 33.000 euros por otras dos infracciones muy graves, rescindir el contrato con el despacho GC que dirige el excomisionado externo de la RFEF, Tomás González Cueto, y por la personación de la federación como acusación particular en la Operación Brodie, la trama en la que se investigan irregularidades en diversos contratos federativos como el firmado con Arabia Saudí. Rocha también está imputado en esta causa abierta en los juzgados de Majadahonda al haber presidido la comisión económica de la RFEF cuando se cometieron algunos de los presuntos delitos investigados por la jueza Delia Rodrigo.

La instructora del TAD había propuesto seis años de inhabilitación por las tres infracciones muy graves, pero la de prescindir de los servicios del despacho de González Cueto y la de que la federación se personase como acusación particular sí fueron consensuadas a posteriori con el resto de los miembros de la Comisión Gestora. Por ello, ambas fueron resueltas por el TAD con sendas multas económicas que suman los citados 33.000 euros.

Rocha tiene ahora la posibilidad de recurrir la sanción en el contencioso administrativo. Su intención es la de solicitar primero medidas cautelares que impidan que se ejecute la sanción. Si se le conceden las medidas cautelares podrá seguir ejerciendo como presidente de la RFEF hasta que el juez dicte sentencia, en un año como máximo aproximadamente. Esto permitiría a Rocha presentarse a las elecciones, previstas para el último cuatrimestre de 2024. Si se le deniegan las cautelares, Rocha ya no podrá ejercer el cargo ni ser reelegido. Su puesto lo ocupará la vicepresidenta adjunta María Ángeles García Chaves, conocida como Yaye.

La federación argumenta que la destitución de Camps fue una condición impuesta por el anterior presidente del CSD, Víctor Francos, para convencer a las internacionales españolas de que disputaran la Nations League, que otorgaba las plazas para disputar los Juegos de París. “Echar a Camps era una línea roja y si Pedro no lo echaba, las chicas decían que no jugaban”, defienden fuentes federativas. El despido de Camps se produjo tras de una reunión en Oliva que se prolongó hasta la madrugada.

La decisión del TAD no es compartida incluso por algunos de los barones de las territoriales opositores a Rocha, que ven excesivo e injusto el castigo. El problema para el mandamás extremeño es que el TAD no ha entrado en el fondo del asunto. El tribunal no tiene en cuenta si Víctor Francos impulsó o exigió el despido de Camps para que las campeonas del mundo no renunciaran a jugar. El TAD lo que juzga es el procedimiento seguido por Rocha para finiquitar al secretario general. Y la Ley del Deporte establece que el presidente de la Comisión Gestora no puede tomar ese tipo de decisiones de manera unipersonal.

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