De sede de una ONG que atiende a migrantes a vivienda turística: Málaga se vende

En el patio hay un grupo de personas que aprenden tareas de limpieza de ventanas y fachadas. En una sala más allá, varios jóvenes reciben orientación laboral y, en el despacho contiguo, dos técnicas participan en una reunión telemática. “No paramos: hay muchísimo trabajo”, dice con tanto cansancio como satisfacción Geno Pérez, que dirige el Área de Jóvenes de la asociación Málaga Acoge. Hoy es un día como otro cualquiera para una organización que en los últimos ocho años ha trabajado con más de 4.000 personas en su sede del número 13 de la calle Ollerías, en pleno centro de la capital malagueña, donde también se asienta su Área de Empleo. Puede que pronto la entidad deba dejar su labor, al menos allí. La propietaria del edificio, la Junta de Andalucía, lo ha vendido mediante subasta por 3,6 millones de euros a una empresa israelí cuya actividad principal son los hoteles y los apartamentos turísticos. “Se expulsa a un movimiento social y entra uno especulativo: es toda una metáfora de lo que ocurre en Málaga”, afirma José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física en la Universidad malagueña.

La ONG, que pone el foco en la atención a personas migrantes, pero trabaja con cualquier otro colectivo, aterrizó en los bajos de este inmueble hace más de dos décadas. Lo hicieron gracias a un acuerdo con la Administración pública para poner en marcha un programa de atención a migrantes que complementara la labor educativa, social o jurídica que hacen en su minúscula sede del barrio de La Trinidad. El pacto —de palabra— incluía que no pagarían alquiler, pero sí los suministros y obras de reforma. La asociación ha ido creciendo con los años y ahora hay allí cada día una veintena de personas —entre profesionales contratados y personal voluntario— centradas en empleo y formación. También en atención a jóvenes, muchos sin hogar: más de un centenar pasan por allí cada año y algunos consiguen un hueco en las 42 plazas de acogida que la entidad gestiona en pisos repartidos por la ciudad.

El edificio fue construido en 1950 y tiene casi 2.000 metros cuadrados construidos, que se reparten entre los números 13, 15 y 17 de la calle Ollerías, además de otro espacio en la colindante Eduardo Ocón. Según el delegado de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carlos García, el inmueble no tiene vigente la Inspección Técnica ni cuenta con “las condiciones técnicas y administrativas oportunas para ejercer su actividad en él”, aunque hasta ahora nunca habían advertido de ello a Málaga Acoge, según la ONG. El bloque es parte de una subasta a nivel andaluz junto a otras propiedades donde, según el Gobierno autonómico, “no existían proyectos de inversión ni de puesta en valor”. Hace dos años la Administración andaluza lo sacó a subasta, pero no encontró comprador. A la segunda sí. La empresa White Malaga House 32, parte de un fondo de inversión israelí, lo ha adquirido por 3,6 millones de euros. Son 900.000 euros más del precio de salida, que ascendía a 2,7 millones de euros.

La compañía se dedica a servicios hoteleros y apartamentos turísticos y ya gestiona numerosos proyectos del ramo en el centro de Málaga, por lo que ese parece el destino de este bloque. Sus responsables no lo aclaran. “De momento no tenemos nada que aportar al respecto”, han explicado fuentes de la firma consultadas por este diario. El entorno donde se ubica el inmueble es uno de los más saturados por el turismo en la ciudad. Allí una de cada cuatro viviendas es hoy turística: el 24,2%, según el estudio elaborado por EL PAÍS a partir de los datos de Airbnb. En toda la ciudad hay 12.085 viviendas inscritas para este uso en el Registro de la Junta de Andalucía. Barcelona tiene 9.000 y el triple de población. “¿Por qué no pensaron en hacer un equipamiento público y comunitario? ¿O es que la única solución es el turismo?”, plantea Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, organización que ha convocado una manifestación por la vivienda digna y contra la turistificación el próximo 29 de junio.

“Es una noticia que lo aúna todo: es obscena”, insiste Machuca, quien pide que si las instituciones públicas no solucionan las consecuencias de la gentrificación y la masificación turística en la ciudad, “al menos no sean parte del problema”. “Aquí perdemos todos: desde la ciudadanía por el trabajo que hace una asociación histórica al patrimonio público que se vende. Este es el modelo del PP para Málaga y Andalucía”, sostiene. “Es una operación que muestra una absoluta carencia de política urbana, del poco interés en preservar contenidos básicos que definen a una ciudad. Es parte ya del torbellino infernal que vive Málaga”, subraya Pedro Marín Cots, uno de los fundadores del Instituto de Estudios Urbanos y Sociales de la ciudad, que busca “fomentar el debate ciudadano desde el punto de vista académico”. Málaga es hoy la provincia que exige mayor esfuerzo para alquilar (52% de los ingresos) y la segunda para comprar, con el metro cuadrado a precios que duplican a los de hace una década, según Idealista.

Desmontando el tejido social

El futuro de Málaga Acoge es, ahora, una incógnita. “Conversamos con la Administración desde septiembre, pero apenas han dado información ni alternativas”, explica el director de la ONG, Alejandro Cortina. No hay fecha clara para la salida de la entidad. Ni destino. La única opción planteada que se adecúa al trabajo de la organización ha sido un traslado a dos locales separados en calle Palestina, al norte de la capital, a unos archivos de la delegación de Fomento. “Son un 30% más pequeños que la sede actual, por lo que habría que renunciar a un tercio de los programas”, señala Cortina. Esta semana les han ofrecido un espacio en un edificio en la misma calle, cedido al Ayuntamiento de Málaga —también en precario, es decir, solo de palabra— y donde hoy tiene la sede administrativa la Orquesta Filarmónica de Málaga, que pronto se mudará.

“Nuestra ubicación actual es muy buena porque aquí ha habido siempre distintas asociaciones y hay muchas sinergias entre todos”, subraya la presidenta de Málaga Acoge, Helena Pernías, que destaca la colaboración con el servicio municipal de atención a personas sin hogar, Puerta Única, apenas a un par de calles. “Llevamos 20 años en el barrio, contribuimos a sostener y mantener el edificio, promovemos el tejido social y generamos vida en una zona por la que antes no pasaba nadie. Parece que eso no importa porque los beneficios no son tangibles” señala Pernías.

En un comunicado, la organización recordaba que en estas dos décadas han apoyado a 4.301 personas, desarrollado 75.215 actuaciones individuales y desarrollado 1.003 acciones formativas. En el texto también revelaban que habían planteado que el edificio se convirtiera en una especie de hotel de asociaciones y que tenían el apoyo de Techô, fondo inversor dispuesto a poner el dinero siempre que el precio se redujera. La Junta les dijo que era demasiado tarde. “Es una pena, pero nosotros seguiremos intentando ayudarles”, asegura Blanca Hernández, responsable de Techô. En Málaga Acoge esperan recibir un calendario para saber cuándo tendrán que abandonar sus oficinas, algo que podría ocurrir el próximo 30 de junio.