Las piezas comienzan a encajar para el PSC en Cataluña
La negociación entre los socialistas y ERC para investir a Illa, con una nueva financiación en el centro, avanza en un clima de normalización política no ausente de tensiones por la amnistía
![El presidente en funciones, Pere Aragonès, y, detrás, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, el pasado junio.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/IXIVTSC3PNEMROTK32G2UVPDPA.jpg?auth=87dd0d0ac1f76fca4dbe34fc07fbf4a92960e893bd2d902f3357e3923a28fb8d&width=414)
![Miquel Noguer](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2F1.800.gay%3A443%2Fhttps%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F082d8fd7-6779-4fc0-8145-823b596c9b64.png?auth=e6f54178eeab26a72b057e7ff358758b187205b65563dc1132f7c9e88e0bcd6c&width=100&height=100&smart=true)
Cientos de personas podrán disfrutar esta noche de la final de la Eurocopa, en la que la selección española aspira al título, ante una pantalla gigante que, por primera vez desde 2010, instalará el Ayuntamiento de Barcelona en un lugar tan simbólico como la plaza de Catalunya. La incomodidad que durante mucho tiempo ha generado la Roja, especialmente entre los políticos nacionalistas, parece haberse desvanecido entre las gestas de un adolescente de Mataró de padre marroquí y madre ecuatoguineana llamado Lamine Yamal y el empuje de una selección joven y liberada de muchos clichés del pasado. Pero, en Cataluña, la euforia por la selección llega acompañada de un proceso de distensión que parece abarcar desde la calle hasta el último despacho de las administraciones.
Las pulsiones soberanistas siguen ahí, y muy pocos independentistas han dejado de serlo. Pero las piezas del puzle político, patas arriba y de imposible encaje durante una década larga de procés, parecen tener ganas de buscar un cierto acople. En este contexto, los socialistas catalanes y ERC negocian con discreción la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. A favor del acuerdo está la idea compartida por ambas partes de que Cataluña necesita estabilidad y no unas nuevas elecciones en otoño. En contra está todo lo demás, comenzando por una ERC con problemas internos y todavía muy condicionada por lo que diga de ella Carles Puigdemont, que quiere seguir ejerciendo la tutela independentista y repetir los comicios.
“Lo que hasta hace una semana era endiablado ahora ha pasado a ser complicado. Ya es un cambio”. Lo dice con toda precaución un dirigente socialista conocedor de las negociaciones que llevan a cabo ERC y el PSC bajo la atenta mirada del PSOE, que en público se limita a “acompañar” y en privado se arremanga para que la candidatura de Illa, que es la culminación de la estrategia de Pedro Sánchez en Cataluña, llegue a buen puerto.
El “cambio” al que se refiere el dirigente socialista llega por partida triple. En primer lugar, ha habido un golpe de timón en el discurso público de ERC. Del “no investiremos a Salvador Illa” de hace apenas dos meses se ha pasado al “las negociaciones van bien”, que ha pronunciado esta semana la secretaria general del partido, Marta Rovira. ERC ha comenzado a virar el discurso, no tanto porque el acuerdo esté hecho sino porque la última palabra de lo que hagan los republicanos dependerá de lo que voten los 9.000 militantes de la formación. Estos, que hasta ahora siempre habían recibido de sus dirigentes impactos negativos sobre eventuales acuerdos con el PSC, necesitarán mensajes convincentes para cambiar su posición. De ahí que ERC necesite no solo un acuerdo aceptable sino que lo parezca.
Sin mayoría independentista en el Parlament, las reivindicaciones de los republicanos se centran ahora ya no en un nuevo referéndum sino en una nueva financiación “singular” para la Generalitat que ERC querría equiparable al “concierto económico” vasco. Eso es, que Cataluña recaude todos los impuestos y pague al Estado por los servicios prestados más una cuota de solidaridad. Los socialistas siguen viendo imposible este modelo, que implicaría romper la caja común, y se centran en exprimir la parte de financiación prevista en el Estatuto y que no ha sido desarrollada aún. El acuerdo, por ahora, llega hasta la puesta en marcha de un consorcio tributario que recaude todos los impuestos desde la Generalitat y que sería paritario entre el Estado y la comunidad pero con presidencia autonómica. Con todo, una cosa es recaudar y la otra es ingresar. Para los socialistas es implanteable que la Generalitat pueda quedarse con todos los impuestos por más que se fijara una cuota de solidaridad, ya que esto rompería el modelo y no sería tampoco aceptable para el resto de barones del PSOE.
Más allá de la financiación, que es el auténtico hueso, hay otras cuestiones encima de la mesa que están avanzando a buen ritmo, según fuentes conocedoras de las conversaciones. La primera es que Illa deje claro que no va a enmendar toda la acción de gobierno de ERC. Esto se podrá concretar en al menos media docena de flancos. Como medida inicial, Illa está dispuesto a llevar otra vez al Parlament la ley de Presupuestos de ERC, que decayó el pasado marzo por falta de apoyos pero que los socialistas consideran plenamente válida. También están avanzadas las conversaciones sobre el mantenimiento de las políticas de promoción de la lengua catalana con unas competencias que podrían pasar al Departamento de Presidencia —ahora están en Cultura— para darle mayor empaque político al asunto. Y, en el terreno social y económico, hay disposición a impulsar medidas a favor de la vivienda, como las referidas a reducir al máximo los contratos de alquiler de menos de 12 meses que están tensionando sobremanera el mercado de la vivienda.
Las infraestructuras son la otra carpeta que se está negociando. ERC pide avances rápidos en el traspaso de los trenes de Cercanías, así como cierto poder decisorio de la Generalitat sobre los aeropuertos catalanes. La negociación avanza en el sentido de que el Gobierno catalán pueda participar en la toma de decisiones sobre El Prat, aeropuerto que tiene pendiente una ambiciosa ampliación a la que ERC sigue oponiéndose. La fórmula que todos tienen en mente es la que se aplica en el puerto de Barcelona, propiedad de Puertos del Estado pero cuyo presidente es nombrado por la Generalitat, que tiene también un peso capital en su gestión.
Si el regreso de Marta Rovira desde Suiza, donde ha permanecido seis años para eludir la acción de la justicia, ha servido para dar un impulso crucial a las negociaciones, este lunes se esperan más novedades. Los consejeros de Hacienda de las diferentes autonomías se reúnen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Generalitat acudirá al foro tras numerosos desplantes anteriores con los que quería escenificar que Cataluña rechaza cualquier relación con el Gobierno que no sea estrictamente bilateral, al menos en materia de financiación. Ahora, la consejera Natàlia Mas acudirá, dice, con el ánimo de defender la financiación singular para Cataluña. La Moncloa da especial importancia a esa decisión de la Generalitat como señal de normalización política. Y se espera que haya un gesto por parte del Ministerio de Hacienda hacia la condonación de parte de la deuda acumulada por las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, al que Cataluña adeuda ni más ni menos que 72.000 millones.
El termómetro del lunes y las negociaciones que a partir de mañana mismo pueda llevar a cabo presencialmente Rovira, secretaria general de ERC, marcarán el ritmo de la posible investidura. El PSC busca que el acuerdo pueda llegar a finales de este mes. Lo mismo querrían las fuentes consultadas en ERC, que no quieren apurar el plazo del 26 de agosto que fija la legislación catalana. Someter a votación de las bases un acuerdo en plenas vacaciones podría ser dinamita dentro de una ERC todavía traumatizada por los malos resultados del último ciclo electoral y que se encuentra abierta en canal por la pugna que mantiene el sector que lidera Rovira con el de Oriol Junqueras. A esta batalla se la ha sobrepuesto otra más interna con la guerra sucia cruzada entre sectores de la que fue víctima el que fuera candidato de ERC al Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, con carteles difamatorios que lo relacionaban con la enfermedad de Alzhéimer que sufre su hermano Pasqual. La dimisión del jefe de estrategia de la Generalitat, Sergi Sabrià, y el expediente abierto a cuatro militantes no han calmado las aguas.
Tampoco ayuda la lenta aplicación de la amnistía en lo referido a los altos cargos. Durante el primer mes de vigencia de la ley, la medida de gracia ha beneficiado a unas 80 personas, de las que 50 son policías, una veintena son manifestantes y media docena son cargos públicos. La negativa del Tribunal Supremo a aplicarla a los dirigentes del procés acusados o condenados por malversación, comenzando por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, mantiene tensionado al movimiento independentista.
El otro foco de tensión llega precisamente de Bélgica, donde Puigdemont sigue rehuyendo la acción de la justicia. Todos los movimientos del expresidente van enfocados a dinamitar cualquier acuerdo entre ERC y el PSC. El último ha sido la convocatoria de un acto en el sur de Francia para el próximo 27 de julio con el que busca redoblar la presión a favor de repetir las elecciones. Pero ni ERC ni la CUP parecen dispuestos a hacerle el juego. Pese a los problemas enquistados, que no son pocos, las pulsiones en favor de la distensión parecen querer imponerse en Cataluña.
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