El Gobierno de Ayuso quiere sancionar los escraches a políticos y las movilizaciones que interrumpan las clases en las universidades

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, quiere incluir en su ley de enseñanzas superiores un régimen sancionador que castigue a las universidades en las que se produzcan escraches a políticos, movilizaciones estudiantiles que interrumpan o dificulten el normal desarrollo de las clases, o actos de vandalismo. Así lo anunció este martes el consejero de Educación, Emilio Viciana, que habló con un claro telón de fondo: el de las protestas estudiantiles que acompañaron en 2023 a la visita de Ayuso a la facultad de Ciencias de la Información para ser distinguida como alumna ilustre de la Complutense; o el corte de una vía principal en ese mismo centro este año por parte de estudiantes que protestaban contra Israel y en solidaridad con Gaza, y que también forzaron su entrada en el vicerrectorado.

Si la norma sale adelante tal y como ha sido enunciada, abrirá la puerta a que las universidades decidan si desarrollan o no sus propios reglamentos disciplinarios para trasladar solidariamente a los estudiantes la responsabilidad que concentraría la ley en los centros.

El proyecto, en todo caso, suma una curva más en la trayectoria de un consejero que se ha visto en el corazón de las principales polémicas del Ejecutivo regional: del frenazo al bilingüismo en los estudios de Historia, a la marcha atrás en el proyecto de instalar una Escuela Europea Acreditada dentro del Ramiro de Maeztu, pasando por el caos en la gestión de las becas comedor del curso pasado, que obligó a darle la ayuda a todos los solicitantes, cumplieran los requisitos o no, lo que provocó un sobrecoste de 17 millones de euros.

“Establecemos un régimen sancionador específico, con sanciones frente al vandalismo, la ocupación, los escraches...”, explicó el consejero. “Es muy importante que la universidad sea un espacio de libertad, de libre manifestación y concentración, lo que por supuesto se respeta... pero nos preocupa que existan actuaciones que impidan que la universidad siga siendo lo que es”, siguió. “Se tiene que conjugar la libertad de manifestación, concentración y expresión, con la libertad de cátedra”, añadió, poniendo como ejemplo que no veía ningún problema en que hubiera acampadas estudiantiles, pero sí en que los estudiantes cortaran carreteras. “Si hay protestas que impiden el acceso a los edificios, a las clases, nos preocupa. Hay que actuar”, puntualizó. “Es difícil el límite entre la libertad de expresión y el acoso a un personaje público. Buscaremos un equilibrio”, siguió. Y remató: “Queremos sancionar a las instituciones que no cumplen. Es la universidad la que tiene que garantizar, dentro de su autonomía, que se cumplen con estos requisitos”.

El formato normativo que adquieran esos conceptos está aún por ver. El gobierno regional trabaja en la idea de un régimen sancionador gradual (leve, grave y muy grave), que puede incluir en sus estadios más bajos meros apercibimientos administrativos, y recoger sanciones económicas en los casos más importantes. Los rectores, estudiantes y consejos sociales tendrán la oportunidad de dar su parecer al respecto cuando se les traslade el borrador del texto, previsiblemente durante este mes de julio. Luego, la ley pasará a información pública en el portal de transparencia regional. Lo previsto es que la tramitación de la ley comience en otoño en la Asamblea de Madrid, donde la mayoría absoluta de la que goza el PP de Díaz Ayuso debería facilitar su aprobación definitiva antes de finales de año.

En ese momento, si el borrador ha salido adelante, tal y como se explica ahora, se sabrá si las universidades y centros educativos afectados se movilizan para trasladar internamente la responsabilidad de las sanciones a los estudiantes a través de reglamentos disciplinarios.

Así lo resumió Viciana: “La autonomía universitaria es un concepto jurídico amplio, pero no ilimitado. Choca con el cumplimiento de la ley. Es esencial que esa autonomía universitaria se ejerza con pleno respeto a la legalidad”.

Regular las universidades privadas y escuelas de negocios

La ley de enseñanzas superiores, ciencias y universidades en la que se incluiría este régimen sancionador también abordará el establecimiento de un sistema de financiación plurianual para las universidades públicas, asociado al cumplimiento de objetivos. Pero no solo.

Por ejemplo, se quiere crear un distrito único de prácticas para acabar con los grandes problemas que han tenido los estudiantes de la FP pública sanitaria para adquirir la experiencia que necesitan para lograr su título (”queremos darles prioridad [en el sistema público]”, dijo Viciana).

También se regularán “por primera vez” las universidades privadas (”se echaba en falta, para garantizar la calidad y la exigencia, desde el punto de vista de infraestructuras, docentes, investigación”), las escuelas de negocios (”se mueven en una cierta indefinición”), las universidades online y a distancia (”plantean cada vez más incertidumbres”) y la colaboración público-privada.

Además, en su proyecto de convertir a Madrid en la capital de los posgrados en español, el Gobierno regional prevé establecer requisitos lingüísticos para los estudiantes extranjeros. Así, se reclamará un nivel D2 para estudiar grados, y de C1 para doctorados que se deban acreditar aquí. Y también se incluirá el requisito de acreditación como catedrático para poder ser candidato a rector.

Una fórmula diseñada para combatir uno de los aspectos que menos gustan al Gobierno regional de la ley universitaria estatal (LOSU), que el ejecutivo de Díaz Ayuso intentará matizar o neutralizar allí donde pueda. Un espíritu que previsiblemente también se reflejará en una nueva ley maestra para Formación Profesional.

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