Biden planea proponer que los jueces del Tribunal Supremo no tengan mandato vitalicio
El presidente quiere que el código ético de los magistrados sea vinculante, pero no tiene mayoría parlamentaria para sacar adelante sus reformas
![Periodistas y cámaras ante la sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington, en una imagen de archivo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/K6SL27MYOSRVQIYVJ4JYSECZ2U.jpg?auth=d3d9b2a838de1cd0fdab4f7e4cea4a3bf706a5fe00f4a99a4e794173be7d020b&width=414)
![Miguel Jiménez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2F1.800.gay%3A443%2Fhttps%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F13a35427-3dac-48c7-b73d-73a935464b17.jpg?auth=440ba2997d77ddf8802815d9e24bba6b1ebdf46cd38f01715b06d84a72b1d9ba&width=100&height=100&smart=true)
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quiere quedarse de brazos cruzados ante la revolución conservadora emprendida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Tras tres cursos judiciales de alta intensidad en los que los jueces han eliminado el derecho constitucional al aborto, agujereado el muro que separa Iglesia y Estado, ampliado los derechos sobre las armas de fuego y concedido una amplia inmunidad a Donald Trump, entre otras sentencias polémicas, Biden planea propuestas de reforma para el Supremo, según han adelantado medios estadounidenses. Entre esas reformas en estudio está la eliminación de los mandatos vitalicios de los jueces y el establecimiento de un código ético vinculante.
Se trata de un gesto político, realizado a menos de cuatro meses de las elecciones, pues los demócratas no cuentan con mayoría en el Congreso para sacar adelante las leyes que serían necesarias para implantar esas medidas.
En su ronda de llamadas con grupos de congresistas para reafirmar su candidatura a la reelección, el presidente habló el sábado por teleconferencia con la facción más izquierdista de sus parlamentarios y les trasladó el siguiente mensaje, según una transcripción adelantada por The Washington Post y por la agencia Associated Press: “Voy a necesitar vuestra ayuda para el Tribunal Supremo, porque estoy a punto de presentar, no quiero anunciarlo prematuramente, una importante iniciativa para limitar el Tribunal. He estado trabajando con expertos constitucionales durante los últimos tres meses y necesito ayuda”, dijo Biden.
Los mandatos vitalicios garantizan la mayoría conservadora del Supremo por mucho tiempo. Los dos jueces de mayor edad son Clarence Thomas, de 76 años, y Samuel Alito, de 74. Son dos jueces, además, que se han visto sacudidos por escándalos, aunque han declinado apartarse de casos en que podrían estar contaminados por conflictos de intereses. El actual código ético del Supremo no tiene poder coercitivo.
Someter a plazo el mandato de los jueces requeriría una reforma legal y los demócratas no pueden sacarla adelante por sí solos. En la Cámara de Representantes tienen mayoría los republicanos y en el Senado la mayoría de los demócratas no es suficiente para sacar adelante los proyectos legislativos.
Inmunidad presidencial
Biden también está considerando pedir una enmienda constitucional que elimine la amplia inmunidad para los presidentes concedida por el Supremo en una sentencia reciente, dando la razón en gran medida a las pretensiones de Donald Trump, imputado por sus intentos de subvertir el resultado de las elecciones de 2020. Esa enmienda sería aún más difícil de sacar adelante.
La gota que parece haber colmado el vaso de Biden fue precisamente esa sentencia sobre la inmunidad del exmandatario republicano, que calificó de “precedente peligroso”. “Esta nación se fundó sobre el principio de que en América no hay reyes. Todos, todos somos iguales ante la ley. Nadie, nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos”, dijo entonces. “La decisión de hoy significa casi con toda seguridad que prácticamente no hay límites a lo que un presidente puede hacer”, advirtió Biden. “Sé que respetaré los límites del poder presidencial como lo he hecho durante los últimos tres años y medio, pero cualquier presidente, incluido Donald Trump, será ahora libre de saltarse la ley”, añadió.
“Esta decisión de hoy ha continuado el ataque del Tribunal en los últimos años a una amplia gama de principios jurídicos establecidos desde hace mucho tiempo en nuestra nación, desde el recorte de los derechos de voto y los derechos civiles a la eliminación del derecho de la mujer a elegir, hasta la decisión de hoy que socava el Estado de derecho de esta nación”, subrayó Biden ese mismo día.
Aproximadamente dos de cada tres estadounidenses se declaran a favor de la limitación de mandatos o de una edad de jubilación obligatoria para los jueces del Tribunal Supremo, según una encuesta de 2022 del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC. Según la encuesta de junio sobre el órgano judicial, la confianza sigue siendo baja: cuatro de cada 10 estadounidenses dicen que apenas confían en las personas que dirigen el Tribunal Supremo. La encuesta reveló que siete de cada 10 estadounidenses piensan que los jueces del alto tribunal están influenciados por la ideología, mientras que solo tres de cada 10 piensan que los jueces son más propensos a proporcionar un control independiente sobre otras ramas del Gobierno siendo justos e imparciales.
Razones ideológicas
George Washington eligió a los primeros jueces del Supremo en 1789 siguiendo criterios geográficos, pero la práctica habitual es seleccionarlos por razones ideológicas. Pese a que los republicanos solo han ganado en voto popular en unas elecciones presidenciales desde 1992 (las de 2004 con George W. Bush), el Supremo tiene seis jueces conservadores por tres progresistas. Algunos demócratas consideran que los republicanos les han “robado” dos nombramientos. Cuando el juez conservador Antonin Scalia murió en febrero de 2016, los republicanos bloquearon el nombramiento de Merrick Garland, un juez moderado.
Tras ganar las elecciones en noviembre de ese año, Trump eligió al conservador Neil Gorsuch. Los demócratas intentaron bloquear la votación en el Senado, pero los republicanos cambiaron las reglas del juego y Gorsuch fue ratificado. Tras la jubilación del moderado Anthony Kennedy, Trump designó a Brett Kavanaugh, también conservador. El vuelco se completó con la muerte por cáncer de la mítica jueza progresista Ruth Bader Ginsburg el 18 de septiembre de 2020, a solo unas semanas de las presidenciales que enfrentaban a Trump con Biden. Trump nombró a la ferviente católica Amy Coney Barrett, que fue ratificada por el Senado solo una semana antes de las presidenciales. Con ello, quedaba cimentado el Tribunal Supremo más conservador en décadas.
En 2022, tras las sentencias sobre el aborto, el cambio climático, las armas de fuego, la religión en los colegios, la vacunación obligatoria de trabajadores contra la covid, el papel de las agencias federales y la inmigración, algunos demócratas ya pidieron tomar medidas. La congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez reclamó el impeachment de Gorsuch y Kavanaugh por “mentir bajo juramento”, ya que en sus comparecencias dijeron que el aborto era un asunto resuelto.
La senadora Elizabeth Warren planteó la posibilidad de ampliar el Supremo. El artículo III de la Constitución de Estados Unidos no fija su composición. El Supremo inició su andadura en Nueva York, por entonces la capital, a comienzos de 1790, con seis miembros. Cambió de tamaño varias veces a lo largo del siglo XIX hasta que la ley judicial de 1869 lo fijó en nueve, dimensión que ha permanecido más de siglo y medio. El demócrata Franklin D. Roosevelt trató de ampliarlo en 1937 y el rechazo fue rotundo, incluso dentro de su propio partido. Algunos congresistas demócratas introdujeron un proyecto de ley en abril de 2021 para aumentar su tamaño a 13 miembros, pero la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó llevar la propuesta al pleno y el propio Joe Biden rechazó ese atajo.
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