UNA JUSTICIA DE CARNE Y HUESO
En 2021 la Primera Sala resolvió 1,624 asuntos y aprobó 136 tesis (83 de jurisprudencia y 53 aisladas). Uno de esos casos fue el amparo en revisión 1077/2019, que se remonta a diciembre de 2013, con una madre buscando a su hijo, quien tenía 16 años de edad cuando, trabajando en una aceitera en Veracruz, fue detenido por presuntos policías que lo subieron a una camioneta mientras le decían al encargado que se lo llevaban porque había sido señalado como cómplice de un robo. Inició una búsqueda sin fin y sin fruto. El peregrinar que conocen muchas familias mexicanas.
En febrero de 2016 la madre acudió al Comité contra la Desaparición Forzada, solicitando medidas cautelares y acciones urgentes. El Estado mexicano rindió algunos informes, pero la madre no lograba ni obtener copias del expediente. En 2017 el Comité requirió al Estado para que investigara la posible participación de policías, garantizara exhumaciones y procedimientos de identificación y comunicara a los padres la estrategia integral que diseñara. respecto la omisión de implementar las medidas y las acciones urgentes emitidas por el Comité. La autoridad responsable consideraba que tales medidas y acciones eran meras recomendaciones y que no era obligatorio tomarlas en cuenta.
