Santo Domingo. – En el expediente del caso Calamar se acusa a un grupo de funcionarios de la pasada administración y empresarios de sustraer del Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes, en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Además del Estado, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), colocó como víctima a los herederos de la familia Álvarez Sánchez, quienes son los propietarios legítimos de unos terrenos, ubicado en la zona de la pleamar del Malecón de Santo Domingo.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes conoció la situación de esta familia, que es solo una de las presuntamente estafadas por individuos en el caso Calamar, que no tienen parentesco ni vínculos sanguíneos con los verdaderos propietarios.