Algunos expertos pronostican que los estafadores podrían desviar 120,000 millones de dólares o más del dinero federal para infraestructuras, el cual se destina a los estados y gobiernos locales para carreteras, puentes, banda ancha y otros proyectos, en los próximos cinco años.
Al menos el 10 por ciento del total de los 1.2 billones de dólares de financiación para infraestructuras podría usarse de forma fraudulenta, estima Stephen Street, presidente de la Asociación de Inspectores Generales, un grupo de miembros sin ánimo de lucro.
“Nuestra experiencia siempre ha sido que, cuando se dispone de una gran cantidad de dinero —y eso es bastante colosal—, habrá un componente de fraude incorporado”, dijo Street, quien también es inspector general en Luisiana. “Adoptará muchas formas: documentación falsa, reembolso de dinero nunca gastado, registros falsos”.
Aunque las agencias federales son las responsables en última instancia de cómo se gasta el dinero, corresponderá a los estados, ciudades y condados que adjudiquen los contratos el supervisar todo, desde el proceso de licitación hasta la calidad del trabajo, dicen los auditores y los grupos de vigilancia.
Algunos organismos de control critican al Congreso por no haber incluido suficientes disposiciones de supervisión en la legislación que creó el programa; de igual forma, algunos organismos estatales y locales, así como auditores e inspectores generales de todo el país, pueden carecer de personal o recursos para supervisar el torrente de dinero, dicen los expertos.
“Habrá muy pocas agencias que estarán equipadas para hacerlo”, dijo Street. “Esta financiación necesita ser supervisada. Los recursos para hacerlo son limitados. Eso dificultará potencialmente la capacidad de atrapar el fraude en su totalidad”.
Los legisladores de al menos un estado, Connecticut, están estudiando la posibilidad de exigir informes trimestrales y audiencias referentes al gasto en infraestructuras, y, en otro, Washington, la oficina del auditor estatal pidió financiación para poder supervisar todo el asunto.
En Luisiana, la oficina del inspector general tiene la autoridad para hacer cumplir la ley y puede investigar y abrir causas penales.
“La supervisión es fundamental. Hay que tener a alguien observando”, dijo Street. “Una vez que se adjudica un contrato para un proyecto de transporte, ¿se está cumpliendo? ¿Hay fraude en el ámbito de las especificaciones, los materiales, las inspecciones? ¿La empresa es real?”.
Judy Randall, auditora legislativa de Minnesota, dijo que su oficina también tiene previsto supervisar el gasto en infraestructuras.
“Nos preocupa todo el ciclo de vida de los fondos”, dijo. “¿Cómo se asignan una vez que Minnesota los recibe? ¿Cómo se decide qué contratistas reciben ese dinero? ¿Hay una supervisión adecuada durante la vida de ese proyecto? ¿Los contratistas hacen el trabajo correctamente y a tiempo?”.
Randall dijo que puede haber deficiencias en cualquier punto de ese ciclo. “Eso es algo en lo que definitivamente prestaremos atención”.
El estado de Washington también estará atento; sus funcionarios dicen que necesitan más recursos.
“Cada vez que vemos que llega una gran cantidad de dinero federal a un estado, se vuelve en algo propenso a sufrir un fraude”, dijo Sadie Armijo, directora de auditorías e investigaciones especiales de la Oficina del Auditor del estado de Washington. “Los estafadores son muy creativos. Siempre intentan encontrar una forma de entrar”.
Su estado recibirá 8,600 millones de dólares en dinero para infraestructuras, de los cuales más de la mitad se destinarán a carreteras estatales y locales, dijo. Una gran parte también se destinará a condados, ciudades, distritos portuarios y distritos de agua.
“Esas agencias van a tener que vigilar cuidadosamente las licitaciones y asegurarse de que todo está en orden”, dijo. “El mensaje más importante es el siguiente: debe de conservarse toda la documentación, para poder estar seguros de cómo se está gastando este dinero”.
El mes pasado, la oficina del auditor del estado de Washington pidió a la legislatura 1.6 millones de dólares más, debido a su mayor carga de trabajo auditando todos los programas federales relacionados con la financiación de la pandemia, así como la nueva ley de infraestructuras. Armijo dijo que la oficina necesitaría diez auditores adicionales en los próximos dos años solo para mantener el ritmo.
El fraude y el abuso en las infraestructuras pueden ir desde la manipulación de las licitaciones hasta las facturas falsas, pasando por sobornos o incluso por contratistas que usan materiales de baja calidad, dicen los expertos.
En junio de 2021, por ejemplo, una empresa de ingeniería en Ohio se declaró culpable en una causa penal federal por haber conspirado para falsificar licitaciones y defraudar al Departamento de Transporte de Carolina del Norte, con la finalidad de conseguir contratos para proyectos de infraestructuras. La empresa acordó pagar una multa penal de 7 millones de dólares y 1.5 millones de dólares en restitución a la agencia estatal.
En el enorme proyecto de autopistas y obras públicas de Boston, de 15.000 millones de dólares, apodado Big Dig y finalizado en 2006, los antiguos directivos de un contratista fueron condenados por cargos de conspiración y fraude al entregar hormigón de calidad inferior; la empresa aceptó pagar un acuerdo de 50 millones de dólares.
Algunos legisladores estatales afirman que quieren asegurarse de que tanto los dólares de ayuda por COVID-19 como la financiación para infraestructuras se vigilen de cerca en los Capitolios estatales.
En Connecticut, los republicanos del Senado exigieron el mes pasado más transparencia y supervisión para los miles de millones de dólares federales que llegan al estado, incluidos los fondos para infraestructuras. Anunciaron que presentarían una ley que exigiría informes trimestrales y audiencias públicas trimestrales ante las comisiones legislativas.
Los grupos de vigilancia dicen que ese tipo de supervisión es importante.
Deborah Collier, vicepresidenta de Ciudadanos en Contra del Despilfarro Gubernamental, un grupo de vigilancia gubernamental sin ánimo de lucro con sede en Washington, D.C., dijo que tanto el Congreso como las legislaturas estatales deberían llevar a cabo audiencias.
“Tienen que averiguar en qué se gasta el dinero y si hay fraudes de por medio”, dijo. “¿Se está malgastando la financiación y podría aprovecharse más en otro lugar?”.
La ley federal de infraestructuras incluye algunos requisitos de supervisión: las subvenciones se conceden por concurso, las agencias federales deben presentar al Congreso informes sobre la ejecución de los programas y un pequeño porcentaje del dinero se destina a las oficinas de los inspectores generales de las agencias federales. Según algunos grupos de vigilancia, el Congreso debería haber exigido medidas de supervisión más estrictas y centrarse en los fraudes y los abusos.
“El proyecto de ley no contenía ninguna disposición en materia de gobernanza y control del despilfarro, el fraude o el abuso”, dijo Collier.
Tampoco se aborda mucho la transparencia del gasto a nivel federal, estatal y local, añadió. “Este es un defecto significativo. El público debería poder ver cómo se gasta el dinero de los contribuyentes”.
Pero Collier dijo que no creía necesariamente que el Congreso estuviera tratando deliberadamente de impedir la supervisión.
“Tenían tanta prisa de actuar rápido que no se tomaron el tiempo necesario para pensar: ‘Oh, Dios mío. Estamos gastando 1 billón de dólares en infraestructuras. ¿Qué tipo de supervisión debería incorporarse a la legislación?'”, dijo.
Shruti Shah, directora general de la Coalición por la Integridad, un grupo sin ánimo de lucro con sede en Washington, D.C., que promueve la transparencia y la responsabilidad del gobierno, coincidió en que, cuando el Congreso aprobó la medida para las infraestructuras, la atención se centró en la recuperación económica y la velocidad.
“Eso silenció parte de la conversación acerca de la supervisión”, dijo Shah. “Pero, si el dinero no se gasta bien, habrá una reacción aún mayor. En el momento en que se produzca un fraude en un proyecto, puedes apostar que saldrá en la portada de The Wall Street Journal”.
Shah dijo que la corrupción en los proyectos de infraestructuras perjudica la prestación de los servicios prometidos.
“También disminuye la calidad y la seguridad de las infraestructuras”, dijo. “Y puede añadir gastos al proyecto, que en última instancia tienen que pagar los contribuyentes”.
Un informe de septiembre, llevado a cabo por su grupo, examinó la legislación sobre infraestructuras y advirtió que los funcionarios federales, estatales y locales deben garantizar una supervisión clara y sólida, así como la transparencia y el cumplimiento de las normas.
Shah, quien es contadora pública y forense, dijo que los gobiernos estatales y locales deben supervisar el proceso de forma proactiva, no esperar a hacer auditorías a posteriori para identificar los riesgos. También deben comunicar sus conclusiones desde el principio, añadió.
El senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, copatrocinó una enmienda bipartidista del proyecto de ley para infraestructuras, la cual habría reforzado las disposiciones antifraude y protegido a los denunciantes, pero no se incluyó en la versión final.
“Esta enmienda aporta mejoras necesarias desde hace tiempo para combatir el fraude cometido en contra del gobierno federal”, dijo Grassley durante una sesión del Senado en agosto. Señaló que los “intereses empresariales” se oponían a ella. La oficina de Grassley no respondió a las solicitudes de comentarios.
No incluir la enmienda fue un fracaso, pues dar incentivos y proteger a los denunciantes es clave para erradicar el fraude y los abusos y para servir de elemento disuasorio, dijo Jetson Leder-Luis, economista y profesor adjunto de Questrom School of Business en la Universidad de Boston (BU), quien estudia los fraudes en el gasto público. Confiar solo en la auditoría no es suficiente, añadió.
“Los sobornos son difíciles de encontrar. No aparecen en ningún libro de contabilidad”, dijo. “Los sobornos no aparecen en las auditorías”.
