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Bogotá
Opinión | Es hora de reformar las alcaldías locales
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Luego de un proceso de casi tres meses, el alcalde Galán por fin escogió a los que serán los nuevos alcaldes locales de la ciudad.
Finalmente se escogieron los 20 alcaldes locales después de un largo proceso, que tardó medio año, porque, entre otras cosas, se deben surtir alrededor de 18 etapas que comienzan con la inscripción y el cumplimiento de requisitos como experiencia (48 meses), conocimiento técnico y haber residido en la localidad para la cual se postula. Se recibieron 2.640 hojas de vida y se convocaron a 2.240 para presentar pruebas de conocimiento, un examen que solo pasaron 173 personas (26 mujeres y 147 hombres).
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Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá.
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Hasta allí va el proceso técnico; luego comienza el proceso político ante la Junta Administradora Local y los ediles que la conforman, quienes deben definir una terna para enviársela al Alcalde Mayor. Por lo regular, la selección de las ternas responde más a los acuerdos políticos y los intereses de concejales y congresistas, quienes saben lo representa electoralmente tener un alcalde local cercano, un ejercicio de presión que también se lleva a cabo en otras instancias de gobierno, y el cual los mandatarios capitalinos realizan con un alto grado de estrategia política pues eso les garantiza mayor gobernabilidad con los concejales.
Pero lo que hace atractivo el cargo para muchos candidatos es el manejo de los Fondos de Desarrollo Local - FDL, que en la mayoría de los casos supera los ingresos de cualquier municipio de sexta categoría del país. Entre las 20 localidades se distribuyen cerca de 2 billones de pesos, que son ejecutados por los alcaldes locales a través de contratos de toda índole, desde mejoramiento vial y materiales para el mejoramiento de viviendas, hasta la compra de trajes típicos para comparsas.
Crisis sanitaria por Covid-19 y desaceleración económica, principales causas.
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La discrecionalidad en la contratación y la debilidad de los equipos administrativos viene siendo un problema desde hace ya varios años. No en vano, muchos alcaldes locales terminan enredados en temas de corrupción y despilfarro del erario público por sobrecostos en la contratación y malos manejos. La historia no ha cambiado mucho, tan es así, que semanas atrás la Contraloría de Bogotá publicó un balance de los FDL del 2023 en donde estima hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor de $11.200 millones.
La figura de los alcaldes locales no es mala por naturaleza, pues fue concebida como un puente para fortalecer la gestión pública a nivel local y los ejercicios de participación ciudadana. Pero se ha desdibujado por los actos de corrupción y por el exceso de funciones que tienen, las cuales, en muchos casos, sobrepasan su capacidad operativa pues tienen que hacer control a los usos del suelo, al cumplimiento de las normas de construcción, al manejo y ocupación del espacio publico, al exceso de ruido e incluso verificar precios, pesas y medidas de los establecimientos comerciales.
Esperemos que en esta oportunidad la administración les preste más atención, fortalezca los mecanismos de control y vigilancia, y mejore sus equipos administrativos. Incluso, se atreva hacer una reforma administrativa de la gestión pública de las localidades.
ÓMAR ORÓSTEGUI
Especial para la redacción Bogotá de EL TIEMPO
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