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Corte Constitucional falla a favor de una adolescente a quien se le negó seguir sus estudios en la jornada nocturna
Corte Constitucional
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El alto tribunal consideró que el derecho a la educación de la joven en su componente de adaptabilidad fue afectado por la falta de continuidad en su proceso de aprendizaje.
En una decisión significativa, la Corte Constitucional amparó el derecho a la educación de una adolescente de 16 años, a quien la institución educativa donde estaba inscrita no le permitió continuar sus estudios en la jornada nocturna.
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La joven solicitó esta modalidad de estudio debido a que se sentía incómoda asistiendo a clases con compañeros de 11 y 12 años, mientras ella cumplía 16 en 2023.
Además, mencionó haber sufrido rechazo y discriminación por parte de sus compañeros debido a su diagnóstico de obesidad.
La Sala Cuarta de Revisión, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, estudió el caso y determinó que la institución educativa no vulneró el derecho a la educación al negarle el cupo en el programa para adultos en jornada nocturna, ya que la negativa se basó en un requisito normativo que busca preservar el carácter especial del modelo educativo para adultos.
El amparo fue presentado contra el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Departamental y la institución educativa del municipio, solicitando la protección de los derechos a la educación en conexión con el derecho a la igualdad. En primera instancia, un juzgado negó el amparo, pero la Sala Cuarta de Revisión revocó esta decisión.
Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes.
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La Sala también consideró que el derecho a la educación de la adolescente en su componente de adaptabilidad sí fue afectado debido a la falta de continuidad en su proceso de aprendizaje.
La Corte enfatizó que el interés superior de la adolescente se desatendió al interrumpir su proceso educativo y no adoptar medidas suficientes para que pudiera continuar sus estudios.
En consecuencia, la Corte ordenó a la Secretaría de Educación Departamental organizar un proceso de diálogo con la Comisaría de Familia, la institución educativa y la adolescente para encontrar una alternativa que garantice su derecho a la educación en un ambiente de tolerancia, respeto e inclusión. Además, la medida deberá incluir opciones de nivelación académica mediante mecanismos y recursos idóneos para la formación de la adolescente.
Esta decisión subraya la importancia de la adaptabilidad en el derecho a la educación y la necesidad de crear entornos educativos inclusivos que respeten y protejan la dignidad de todos los estudiantes.
Redacción Justicia
En X: @JusticiaET
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