Hambre: un fantasma que acecha al sur de Bogotá

La desnutrición infantil y los embarazos adolescentes se acentúan en esa zona de la capital del país. Pese a que hay indicadores que muestran mejoría, la situación de vulnerabilidad de miles de familias, en su mayoría lideradas por mujeres solteras o separadas, permanece. La pandemia profundizó estas problemáticas que aún no se mitigan por completo.

Por David Alejandro López Bermúdez y José Alberto Mojica Patiño.
Unidad de Reportajes Multimedia de EL TIEMPO.

En este lugar confluyen la violencia, la pobreza y el hambre. A escasos metros está Corabastos, la plaza de mercado más grande del país. Son las dos de la tarde de un miércoles. La carrera 82 es pequeña y se ven varios recicladores informales, uno que otro bicitaxista, camiones pequeños viejos estacionados, un vendedor ambulante en una esquina y dos adultos mayores arrastrando una carretilla azul. A lo lejos se escuchan dos voces, de un niño y una mujer. Están buscando un espacio para gritar hacia adentro de la central de abastos.

“Vecino, vecino”, dice el menor de edad. Tiene unos 7 años. Viste una sudadera vinotinto de un colegio y una camiseta blanca algo sucia. “No vaya a botar eso”, grita la mujer en medio de un hueco que ve entre las altas varas de metal oxidadas. A lo largo de toda la cerca sostenida por muros grafiteados y con alambre de púas en la parte superior, hay una especie de láminas detrás que impiden ver lo que pasa al interior del lugar. Del otro lado están unas bodegas de la zona dos, con restaurantes y ventas de hortalizas y frutas. “Escúcheme, mire para acá”, exclama la joven de unos 24 años, madre del niño.

Ellos viven a casi una hora de allí, en la zona alta de Sierra Morena, en Ciudad Bolívar. No han regresado a su casa desde el día anterior porque no tienen dinero para movilizarse ni para comer. “Al niño le di un banano que nos regalaron. Nosotros vinimos hasta acá en una carreta de un conocido. Ojalá nos puedan dar algo que les sobre”, cuenta la mujer. Su realidad es como la de miles de bogotanos que viven en medio de la pobreza. Los niños y niñas, y las madres adolescentes son unos de los más afectados en el sur de la ciudad.

La Defensoría del Pueblo alertó esta semana que entre enero y el 17 de junio de 2023, en Colombia se han registrado 141 muertes de niños menores de 5 años por desnutrición: La Guajira es el departamento con más casos. Es decir, en promedio, casi que se registra un fallecimiento por día. Según el Instituto Nacional de Salud, el año pasado murieron al menos 336, algo que encendió las alertas. El presidente Gustavo Petro dio una clara directriz en los últimos días desde Riohacha: “Que ni un niño muera por desnutrición”.

Comedor comunitario de El Amparo, Kennedy.
Foto:Sergio Acero / EL TIEMPO

Tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030 —que fueron establecidos el 25 de septiembre de 2015 por los líderes mundiales— se refiere a esta problemática: fin de la pobreza, hambre cero, y salud y bienestar. Para ese momento, la ONU advertía: “Tras décadas de una disminución constante, el número de personas que padecen hambre, medido por la prevalencia de desnutrición, comenzó a aumentar lentamente”. ¿Qué tanto ha avanzado la ciudad desde entonces?

Una investigación de EL TIEMPO, con testimonios recogidos en varias localidades y rastreo documental, da cuenta de esa realidad. Desde 2005 hasta 2015, el porcentaje de desnutrición aguda, moderada y severa —deficiencia de peso en relación a la altura— en menores de 5 años bajó de forma sostenida, desde un 7,1 por ciento hasta 3,9 por ciento. En 2016 hubo un repunte y luego bajó hasta 2019. En 2020, primer año de la pandemia, la cifra aumentó, y desde entonces, hasta 2020, descendió al 2,4 por ciento, el dato más bajo de los últimos 17 años.

En cuanto a desnutrición global —deficiencia de peso en relación a la edad— en niños y niñas de menos de 5 años, en 2005, al menos el 9,1 por ciento de la población en ese rango de edad lo padecía. La cifra disminuyó hasta 2015, tuvo un repunte el siguiente año y luego bajó hasta el 2020, donde el dato se disparó en un punto porcentual. En 2021 bajó de nuevo, pero en 2022 volvió a subir y registró 6,4 por ciento.

Desnutrición infantil

Las muertes por desnutrición en menores de 5 años disminuyeron notablemente desde el 2006, cuando se registraron 26, a 0 en 2017. Ese registro se mantuvo hasta 2020. En 2021 y 2022, se reportaron dos muertes, una cada año, en la ciudad. Según la Secretaría de Salud, que cita al Registro Único de Afiliados, el indicador se mantiene en cero este año. No obstante, el subregistro puede ser mayor a causa de las familias que no tienen ningún tipo de aseguramiento social. Un ejemplo fue lo reportado el pasado 20 de mayo cuando dos niños, de un año y dos meses, pertenecientes a la comunidad indígena embera, murieron por desnutrición en la ciudad tras permanecer unas horas en cuidados intensivos. Para ese momento, la Alcaldía le hizo un llamado al Gobierno Nacional para “reconocer la emergencia humanitaria que está afectando a esa población”.

Si se amplía el espectro a nivel nacional, los datos dan cuenta que hasta el 18 de junio, en el país ha habido 11.479 casos de niños menores de 5 años con algún tipo de desnutrición, casi mil más de los registrados el año pasado para la misma fecha. El 71,7 por ciento fue clasificado como desnutrición aguda moderada y el 28,3 por ciento, como desnutrición aguda severa, según el último Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional de Salud.

Sin embargo, más allá de lo cuantitativo, lo cierto es que cada caso denota un crudo contexto que muchas veces ha sido normalizado. Así lo describe la mujer que estaba pidiendo comida en Corabastos: “Desde que llegué a Bogotá, la vida se me complicó. Mi mamá llegó desplazada del sur del Cauca, mi papá nos abandonó a ella, a mí y a mis cuatro hermanos, dos de ellos murieron porque los mataron por riñas, yo me fui de la casa y quedé embarazada hace siete años, no me pude graduar del colegio y ahora estoy sola con mi hijo, luchando para sobrevivir”.

La vulnerabilidad en el sur

La historia de esa mujer se suma a la de Helen Alzate, quien vive entre Sierra Morena y Corinto 3, en Soacha. Es una difusa frontera entre la capital y el municipio de Cundinamarca. Ella tiene una hija de dos años, con quien tuvo que encarar la cara más dura de la pobreza: buscar cómo alimentarse y alimentar a la nueva vida. “Fue algo muy duro. Con mi mamá y mis siete hermanos vivíamos en una invasión. En el colegio conocí al padre de mi hija y nos fuimos a vivir a otra invasión. Resulté embarazada y él me abandonó; se fue para el Tolima”, cuenta.

“Me acuerdo que mi mamá tenía que ir a Corabastos o al matadero a buscar lo que le diera la gente o lo que sobraba. Pero eso cambió porque ahora hasta los sobrados (de los almuerzos, o de la fruta, la papa, los vegetales y de carne o pollo) que no se venden los cobran, hasta tres mil o cinco mil pesos muchas veces. Y eso es mucha plata para los que no tenemos”—continúa— “Mi hija nació con bajo peso. Yo casi no podía comer en el embarazo porque si comíamos una vez, no podíamos dos. Mi lactancia era normal, pero no le funcionaba, quizás porque yo tenía desnutrición. Después a punta de coladas, logramos que ella consiguiera su peso. La prioridad era ella”.

Y agrega: “El Icbf intentó quitarme la niña sin razón alguna. Unos días argumentaba una cosa, luego otra. Primero que el bajo peso, después que la vivienda, hasta que logramos demostrarles que estábamos poniendo todas las condiciones para que mi hija estuviera sana y saludable. Y así fue. Ella se mejoró y ahora vivimos juntas”.

Aunque la Secretaría de Salud es quien está encargada de revisar los casos de desnutrición en la ciudad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) es quien se encarga de la restitución de derechos de menores de edad, que incluye medidas de protección e incluso el retiro de la patria potestad. Según la entidad, este año, hasta el 31 de mayo, 15.529 niños, niñas y adolescentes han estado en ese proceso en la capital del país.

Helen Alzate, joven y madre cabeza de hogar, en la fundación Verdaderos Héroes, al sur de Bogotá.
Foto:Sergio Acero / EL TIEMPO

Ahora bien, cuando se desglosan las cifras desnutrición en la primera infancia en Bogotá, las localidades donde más se registran casos de desnutrición aguda y global son Sumapaz, Kennedy, Santa Fe, Bosa, Engativá, Usme y San Cristóbal, y en donde más se atienden niños y niñas en comedores comunitarios del Distrito son Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Bosa y Rafael Uribe Uribe, en ese orden.

Los datos en las localidades del sur de la ciudad contrastan con las del centro y del norte, y se reflejan en las historias de quienes viven allí. Es altamente probable que los ciudadanos de estas zonas conozcan al menos un caso de desnutrición infantil. Diana Arévalo vive en Patio Bonito, Kennedy. Tiene 33 años y dos hijos, uno de 15 años y otro de 7. Su primer embarazo fue cuando todavía era adolescente. No había terminado el bachillerato y el padre del niño no respondía.

(Lea: La dura historia de una madre de 29 años y sus cuatro hijos en el sur de Bogotá)

“Me tocó ir a donde vivía mi mamá con mis tías y mi abuela. Mi mamá me trataba de dar lo que medianamente podía, pero recibí humillación de mis tías. Me señalaban por haber quedado embarazada. Si tenían para comprar presas de pollo, no me daban. Lloraba demasiado y aguantaba mucha hambre”, detalla. “Yo alcancé a pesar por debajo de los 45 kilos. Me tocó suplicar por comida porque no tenía los recursos. En un hospital me dijeron que debía comprar suplementos alimenticios y medicamentos, pero yo no tenía los recursos”, sigue.

Su hijo nació de bajo peso y esa fue otra travesía. “Mi abuela alcanzó a alimentarlo bien después de la lactancia, antes de que ella muriera. Toda la comida que podíamos se la dábamos a él, sobre todo coladas, pero mientras él subía de peso, yo bajaba. De la misma desnutrición, me costaba trabajar, vomitaba, sudaba y me daba mareo. Me tocó poner un puesto para vender arroz con leche y me empezaron a conocer en el sector. Después alguien me daba un mercado hasta que con el tiempo pude entrar a trabajar en servicios generales”, relata la mujer.

Pobreza en el sur de Bogotá

Según un estudio de la Alianza Universitaria por el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (Aluddha), que integra a todas las instituciones con facultades de Nutrición, como la Universidad Nacional, de 1.954 hogares encuestados en 11 ciudades del país, entre 2021 y 2022, el 71,6 por ciento tenía inseguridad alimentaria. Un aumento del 17,4 por ciento de lo registrado en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) de 2015 —el estudio se realizaba cada cinco años, pero no se ha vuelto a hacer en más de una década—.

El informe de las universidades da cuenta que en las casas de estrato 1, el 86,4 por ciento presentó inseguridad alimentaria, y en las de estrato 2, el 82,9 por ciento lo registró. Además, en familias con menores de 18 años, este problema fue del 76,8 por ciento. Un dato no menor es que los hogares manejados por mujeres —jefatura femenina— reportaron más frecuente inseguridad alimentaria moderada (31,5 por ciento) y severa (16,8 por ciento), que en otro tipo de hogares.

Ese documento concluye que la inseguridad alimentaria aumentó con la pandemia y se instaló de forma más frecuente en los hogares con madres cabezas de hogar que tienen varios integrantes menores de 18 años. En esto coincide la Secretaría de Integración Social, que señala que la inflación y el desempleo e informalidad se suman a la pobreza monetaria que “se concentra en las localidades del sur, evidenciando un poder adquisitivo limitado que lleva a los hogares a reducir, la cantidad, calidad y frecuencia de consumo de alimentos”.

Si se detallan otros datos relacionados a la vulneración de niños, niñas y mujeres gestantes venezolanas, que viven en la mayoría de las localidades del sur de la capital, la pobreza y la inseguridad alimentaria son factores comunes, según el programa ‘Bogotá Cómo Vamos’. Para 2019, el riesgo de desnutrición aguda en niños migrantes menores de 5 años era de 18,4 por ciento con 359 casos registrados. Al año siguiente, la cifra bajó al 10,9 por ciento, con 134 casos, pero para el 2021, volvió a subir a 16,4 por ciento, con 343 casos y casi tres puntos porcentuales más arriba que el promedio distrital.

Para Unicef Colombia, los principales obstáculos identificados que causan inseguridad alimentaria son la “poca disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”, al igual que las condiciones del agua, y el saneamiento e higiene no adecuadas, algo que va ligado al desarrollo de enfermedades.

Embarazos infantiles forzados, otro problema

Diana Paola Cañón fue madre a los 15 años. Quedó embarazada de un hombre mayor que ella, de unos 24 años que nunca respondió por su hijo. Para su segundo hijo, casi una década después, fue maltratada por el hombre con el que estaba. Aún no era bachiller y le tocó rebuscarse la forma para subsistir. “Trabajaba en un bar hasta las 3 de la mañana y a las 5 estaba vendiendo empanadas afuera de la ciudad”, relata.

Mientras se estaba separando del padre de su segundo hijo, resultó embarazada de una niña. Para ese entonces logró conseguir un trabajo en un supermercado y vivía en una casa en barrio inglés. Hace un año y medio volvió a quedar embarazada de otra niña. Una sorpresa para ella porque, según cuenta, se mandó a operar para evitar un nuevo embarazo. Intentó comprar termos para vender tintos, pero tuvo que desistir de la idea. Hoy vive en un barrio de Jorge Cavalier, en el suroriente.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre 2020 y 2021, durante la pandemia, los nacimientos en niñas de entre 10 a 14 años en Colombia pasaron de 4.301 a 4.708, un incremento del 7 por ciento. También, los casos de violencia sexual en esta población se incrementaron de 6.184 a 8.821, un aumento del 43 por ciento. Cabe aclarar que todo acto sexual un un menor de 14 años es considerado violencia sexual según el .

Ahora bien, los embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años se redujeron un 4 por ciento para esos mismos años. Sin embargo, los datos dan cuenta que hubo un aumento en los nacimientos del segundo y tercer hijo en este grupo de edad. “Uno de cada cinco adolescentes que ya eran madres volvieron a tener un hijo en esa edad”, señala un comunicado del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia (Unfpa).

Esa situación había sido alertada en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del 2015 —la última realizada en el país—, que daba cuenta de que el 17,4 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años ya eran madres o habían estado embarazados. Para ese momento, esa era la cifra más baja en 15 años. Sin embargo, para los expertos consultados por EL TIEMPO, el hecho de haberse pausado la realización de este estudio, al igual que el ENSIN, dificulta conocer el contexto, las condiciones y los datos precisos de este problema a nivel nacional.

Diana Cañón sostiene a su cuarta hija. Fue por primera vez madre cuando tenía 15 años.
Foto:Sergio Acero / EL TIEMPO

Lo cierto es que los embarazos infantiles forzados —comprendidos entre los 10 y los 14 años de edad— son una realidad en la ciudad y en el país. Ángela Anzola De Toro, presidenta de la Fundación Plan, que cumple 60 años desarrollando proyectos sociales en los territorios más vulnerables del país, reconoce que los embarazos en adolescentes han sido y siguen siendo una grave problemática, pero insiste en que el drama de las niñas madres es mucho más preocupante e invisible, y constituye un delito que vulnera todos sus derechos e impacta negativamente sus vidas.

Asegura que el cuerpo de una niña, a tan corta edad, no está preparado físicamente para afrontar un embarazo y menos para que el feto se desarrolle de la manera adecuada, teniendo en cuenta las condiciones vitales para alcanzar los niveles de nutrición adecuada para ellas y para sus bebés.

“A esas edades, tu cuerpo no está preparado para un embarazo. Las niñas, en esa condición, no son conscientes de lo que les está pasando. No hay un adecuado cuidado del embarazo, sobre todo en las comunidades donde la vulnerabilidad es alta. Una mujer embarazada necesita un montón de ácido fólico y proteínas, en un país donde la inseguridad alimentaria está en aumento”, agrega al aclarar que muchas no tienen a disposición los servicios de salud ni van al médico ni a los controles necesarios.

Pero lo que más le preocupa es la vida de esas niñas, pues muchas mueren durante el parto y, entre las que sobreviven, un alto porcentaje tendrá que renunciar a la posibilidad de tener educación, una vida próspera y una independencia económica. Así que no solo estamos hablando de nutrición: su vida y la de sus bebés están en riesgo.

Y cita datos absolutamente preocupantes. “Las niñas de entre 10 y 14 años tienen un mayor riesgo de muerte materna; la mortalidad en este grupo de edad, entre 2020 y 2021, aumentó más del doble, pasando de 49 a 102,2 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, alejando a Colombia del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030”, explica Anzola, al citar las Estadísticas Vitales del Dane.

Embarazo adolescente

Ese mismo informe estableció que, en Colombia, en 2022, la tasa de fecundidad en esos rangos de edades se ubicó en 2,12 nacimientos vivos por cada 1.000 niñas, lo que representa 4.169 nacimientos vivos. “Es decir, estamos hablando de que, en promedio, cada día, 11 niñas en Colombia tienen un parto”, sigue Anzola de Toro, escandalizada con esa cifra, y recuerda que todo acto sexual con menor de 14 años es considerado violencia sexual según la legislación colombiana. En pocas palabras: todas esas niñas fueron víctimas de violencia sexual.

Destaca que, en el 75,3 por ciento de casos, la edad del padre supera en siete años, en promedio, a la de la niña. Solo en el 0,02 por ciento es igual o menor a 14 años y, en el 24,6 por ciento, supera a la de la niña entre 1 y 3 años.

Anzola De Toro lamenta que, en muchos casos, el padre es el mismo progenitor, el padrastro, el tío o el abuelo, teniendo en cuenta que, según cifras oficiales, siete de cada diez casos de abuso sexual contra menores de edad, en promedio, son cometidos por familiares o por hombres del entorno cercano.

Y añade que los embarazos tienen graves repercusiones en la vida de las niñas a nivel físico, psicosocial, emocional y cognitivo, limitando el desarrollo de capacidades y el acceso a oportunidades. “También se abren puertas para reforzar las desigualdades de género y para la trampa de la pobreza, impidiendo el goce efectivo de sus derechos”. Y cita la Gran Encuesta Integrada de Hogares, de 2018, en el que se estableció que aunque el 86,2 por ciento de mujeres que tuvieron un hijo a corta edad llegaron a nivel de básica primaria y secundaria, solo el 13,8 por ciento consiguió entrar a una universidad.

Las niñas esposas

Anzola De Toro hace énfasis en otra problemática asociada al drama descrito: los matrimonios infantiles y uniones tempranas, de las cuales, muchas terminan en embarazos. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 —los datos oficiales más recientes— 32.248 niñas —en el rango de edad descrito— ya estaba dentro de una relación formal. Lo más preocupante —sigue Anzola de Toro— es que, actualmente, en Colombia es legal que una niña se case a los 14 años. “Y a esa edad no se puede hablar de relaciones consensuadas. Son, en su mayoría niñas, niñas casadas con hombres bastante mayores a ellas. Niñas a las que los papás no pueden mantener por problemas económicos y que terminan asumiendo un rol de esposas; niñas que terminan siendo madres (el 53,6 por ciento tuvo un parto) y dedicadas a un trabajo doméstico no remunerado”, sigue Anzola De Toro.

Y añade en la necesidad de cambiar la ley al respecto, pero sobre todo, en cambiar la sociedad. “Si desde pequeñas no pudieron estudiar, ¿cómo van a hacer para conseguir un trabajo y una estabilidad económica? Van a estar a la merced de un señor que sabe que puede obligarla a tener hijos, a tener sexo y que, en muchos casos, la maltrata”, puntualiza.
Las tasas más altas de uniones infantiles forzadas por cada 100.000 niñas entre 10 y 14 años, se encuentran en los departamentos de: Amazonas (3.801), La Guajira (3.659), Vichada (3.544) y Chocó (3.452).

Comedores y fundaciones, aliados necesarios

En el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, cerca de Corabastos, cada día Jhon Soto y un equipo de siete personas atiende el comedor comunitario del barrio, que tiene registrados a 400 niños, niñas, adultos y adultos mayores. Es una casa de puertas grises con una fachada en cemento y rastros de pintura verde que abre a las 10:30 de la mañana y cierra hacia las cuatro de la tarde.

Desde muy temprano, cocinan el jugo, la sopa, el carbohidrato, la ensalada y la proteína que van a servir. Por esta época, en temporada de vacaciones escolares, la hora más llena es hacia el mediodía. En el lugar, las pequeñas bandejas rojas con platos verdes ocupan las mesas blancas con cinco sillas, también rojas. “Acá se les da alimentación a quienes lo necesiten. Los niños y sus madres son muy agradecidos porque muchos de ellos no tienen para suplir las tres comidas diarias”, explica Jhon Soto.

Eso mismo ocurre en otros 94 comedores dispuestos en 17 localidades de la ciudad. Según cifras de la Secretaría de Integración Social, hasta la fecha de publicación de este reportaje, este año se han atendido a 34.222 niños, niñas y adolescentes en estos espacios. Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy son las localidades con mayores registros de esta población.

Un dato adicional que dimensiona la situación es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) entrega en Bogotá 115.118 raciones servidas calientes o preparadas en el sitio de atención por día. Además, entrega 28.279 raciones para preparar en casa cada mes. A nivel nacional, la entidad entrega 1.116.178 raciones de comida caliente o servida, por día, y 661.889 para preparar en casa cada mes.

Comedores comunitarios

En muchos barrios del sur de Bogotá, esos comedores se convierten en la única alternativa de familias en situación de pobreza monetaria y multidimensional. Sin embargo, no todos pueden acceder a ellos, ya sea porque el cupo está completo o porque viven en zonas apartadas. Tal es el caso de Helen Alzate y su familia, quienes encontraron una luz en la fundación Verdaderos Héroes, en Sierra Morena. “Nos ayudaron con la alimentación y con opciones para salir adelante, a trabajar. Y sobre todo, me enseñaron a creer en mí”, asegura la joven.

Así le pasó a Diana Arévalo, quien encontró ayuda en la fundación Soy Oportunidad. “Además de ayuda para comer, hemos tenido formación laboral y familiar. Me he dado cuenta de lo valiosa que soy como mujer y madre. Ahora tengo un proyecto de repostería para salir adelante”, asegura. “Muchas veces, hay madres cabeza de hogar con las que trabajamos que no tienen internet o acceso alguno para educarse, entonces nosotros encontramos que en las Manzanas del Cuidado podían acceder a varios de estos servicios y logramos que ellas se conecten y trabajen desde sus barrios”, explica María del Mar Jaramillo, directora ejecutiva de esa entidad.

En ese orden de ideas, la subsecretaria (e) de Salud Pública, Iliana Curiel, explica que se han establecido “alianzas estratégicas entre las entidades distritales, las Organizaciones No Gubernamentales, la academia, la sociedad civil, entre otras, que tienen injerencia en la prevención y manejo de la malnutrición (por déficit y exceso), considerando los diversos y complejos determinantes sociales de éstas”, y se han desarrollado estrategias como el modelo territorial ‘Salud a mi barrio, salud a mi vereda’.

El comedor comunitario de El Amparo, en Kennedy, tiene registradas a 400 personas para atender.
Foto:Sergio Acero / EL TIEMPO

La funcionaria revela, además, que bajo el convenio marco de cooperación 027 de 2020, entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y siete EPS, la Secretaría de Salud ha remitido 726 casos de niños y niñas con desnutrición aguda e inseguridad alimentaria para vinculación a varios programas sociales. Eso sumado a las ayudas y beneficios que ha entregado la Alcaldía y el Gobierno Nacional.

Sin embargo, no todos las han recibido. “Es como si estuviéramos a la deriva”, puntualiza Judith Jiménez, madre de Helen. “En nuestra zona muchas veces las ayudas no llegan porque estamos en el límite entre Bogotá y Soacha. Es triste ver cómo a la casa de la esquina le llegan beneficios pocos y a la de la otra esquina no le llega nada, por el simple hecho de pertenecer al departamento y no a la ciudad. Es por eso que las fundaciones o los grupos que hacemos entre madres en el barrio para alimentar a nuestros hijos son la única opción”, explica.

Entre las recomendaciones que da Unicef Colombia para mitigar estas problemáticas está “garantizar un enfoque en derechos en la planeación de intervenciones, consolidar la acción comunitaria en la prevención, identificación y abogacía intersectorial, impulsar a los proveedores de servicios de salud en dimensionar las afectaciones de todas las formas de malnutrición, y movilizar los sistemas de apoyo”. Además, enfatiza en que es primordial promover la lactancia materna y posicionarla “como determinante central de la nutrición adecuada”.

“Yo solo quiero una oportunidad para salir adelante”, puntualiza la joven en Corabastos mientras recibe una bolsa con un puñado de frutas por parte de un hombre con bigote que se acerca a la reja en la que estaba gritando. Su historia y la de Helen y la de Diana y la de Paola son el reflejo de una dolorosa realidad que se ha vuelto casi que invisible. O cotidiana, mejor. Son señales de un fantasma que acecha a los más vulnerables de la capital del país.

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Créditos

Redacción: David Alejandro López Bermúdez (@lopez03david) y José Alberto Mojica Patiño (@JoseaMojicaP).
Fotografías: Sergio Acero Yate.
Diseño de apertura y gráficos: Sandra Rojas.
Maquetación: Carlos Bustos Caviedes.
Fecha de publicación: 30 de junio de 2023.