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Cali

Régimen de terror de disidentes en zona rural de Jamundí: cobran ‘multas’ de $ 10 millones e imponen trabajos forzados

Ataque en Jamundí con moto bomba, el 12 de junio. Recordó atentado del 20 de mayo.

Ataque en Jamundí con moto bomba, el 12 de junio. Recordó atentado del 20 de mayo.

Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

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Con miedo y angustia, pobladores de Villacolombia hablaron sobre sus vidas en el corregimiento, donde al igual que en otros caseríos hay retenciones de personas. Damnificados de atentados reconstruyen con sus propios recursos. Esperan ayudas.

Carolina Bohórquez RamírezPeriodista
Uno de los objetos que Jairo Alfonso Escobar* no pierde de vista es un pequeño papel con su nombre y su número de cédula. Este maestro de construcción y vecinos del corregimiento de Villacolombia, como Potrerito, San Antonio, La Liberia y Timba, también portan el ‘documento’ o el carné, como le dicen, para entrar y salir del territorio de 600 kilómetros cuadrados que conforman toda la zona rural de Jamundí.

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(Lea también: Rafael González, el hombre que lucha por su vida, tras el ataque con moto bomba en Jamundí).
Es la región donde sus más de 40.000 habitantes viven bajo el silencio y el miedo, así como entre ráfagas de fusil y explosiones de granadas y pipetas cuando hay hostigamientos a subestaciones de Policía. La mayoría de los 17 ataques en los últimos dos años se han presentado en las goteras de Jamundí, un municipio a tan solo 15 minutos de Cali.
(Lea también: Este es el nuevo diagnóstico médico del cuidador de motos, uno de los heridos más críticos por ataque de disidentes en Jamundí).
Ataque en Jamundí con moto bomba, el 12 de junio. Recordó atentado del 20 de mayo.

Ataque en Jamundí con moto bomba, el 12 de junio. Recordó atentado del 20 de mayo.

Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Ese carné que Escobar lleva doblado con sumo cuidado en su billetera fue ‘autorizado’ por los disidentes del frente ‘Jaime Martínez’, de las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ y se tramita a través de las juntas de Acción Comunal o con líderes de estos corregimientos.
Así lo hizo Escobar, un obrero que vive en el casco urbano de Jamundí y fue contratado con otro compañero para realizar la remodelación en una vivienda de Villacolombia, un caserío de casi 3.000 habitantes con más de una decena de veredas.
Este hombre empezó hace dos meses a trabajar en el corregimiento y para obtener ese carné que le garantiza estar con vida, la dueña del inmueble habló con comuneros que a su vez se contactaron con el grupo armado del 'Estado Mayor Central'. También les piden otros datos, como el tipo de moto en el que se movilizarían para llegar a Villacolombia, especificando el número de placa del vehículo.
(Lea también: Terror en Jamundí: nuevo ataque de disidentes con explosiones y disparos en el casco urbano y en Potrerito).
Disidentes de Farc.

Ataque en Jamundí, el 20 de mayo.

Foto:EL TIEMPO

Ubicar a quienes están encargados de otorgar los permisos por parte de la disidencia, ‘Jaime Martínez’ implica hablar con cabecillas asentados en Villacolombia, además de Potrerito, Ampudia y La Liberia. Ellos supervisan directamente los ingresos de la comunidad, hacen retenes, secuestran a pobladores o a visitantes, en carros, motos o en bicicletas; los desaparecen o los asesinan, si no cumplen sus pretensiones.
(Lea también: Sospechoso en atentado con moto bomba en Jamundí no fue capturado: estos son los motivos para dejarlo libre).
Ese fue el caso del empresario de una constructora y su hijo que, en diciembre del año pasado, cuando se desplazaban en una camioneta de alta gama por Villacolombia, para pasar unos días en una de las fincas de veraneo que caracterizan el área rural, fueron secuestrados y sus cuerpos encontrados días después en una vía a Potrerito. 
También hubo conmoción por los hallazgos de los cadáveres de dos jóvenes universitarias, asesinadas con arma de fuego en el mismo corregimiento. El caso se conoció el 29 de mayo.
“Yo viajo con miedo todos los días en la moto con mi compañero. Pero lo hago por la necesidad de llevar dinero a mi familia. Salgo a las 9:00 de la mañana y luego bajo de Villacolombia a las 3:00 de la tarde”, expresó Escobar. “Es mejor que la noche no lo coja a uno, tanto que acá en Villacolombia, la gente se queda en sus casas antes del anochecer por seguridad”, agregó al obrero.
Cuando a este corregimiento, que se observa aparentemente apacible desde su parque principal, llegan motociclistas deben hacerlo sin los cascos para que puedan ser identificados sin problemas por los alzados en armas. Los automóviles, por su parte, deben tener los vidrios abajo.
Pareciera que no hay Dios ni ley, pues la queja de muchos de los habitantes de Villacolombia, además de otros corregimientos y veredas es la necesidad de más patrullajes por parte del Ejército. De hecho, reclaman un batallón de alta montaña permanente y hasta la misma gobernadora, Dilian Francisca Toro, también volvió a elevar el clamor al Gobierno Nacional que en la parte alta de Jamundí estén tropas del Batallón de Infantería Número 8, Batallón Pichincha.
Hasta hace una década, según los lugareños, había más presencia del Ejército en la zona rural y había un batallón de alta montaña. No obstante, de acuerdo con el segundo comandante de la Tercera Brigada, coronel Gerardo Avilan, "efectivamente, el compromiso (después de los atentados del 12 de junio) es el aumento del pie de fuerza en tropas del Ejército. Tenemos tropas del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas; dos compañías del Ejército van a venir a reforzar la seguridad del municipio. Son alrededor de 100 hombres con capacidades diferenciales; son tropas para que la seguridad en la zona urbana sea mucho más eficaz". Reiteró el apoyo al casco urbano y continuar con tareas en la zona rural.
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Ataque en Jamundí con moto bomba, el 12 de junio. Recordó atentado del 20 de mayo.

Ataque en Jamundí con moto bomba, el 12 de junio. Recordó atentado del 20 de mayo.

Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Luego de los atentados del pasado lunes que estremecieron el centro de Jamundí con una moto bomba, dejando seis heridos y hostigamientos con explosiones en Potrerito, además de explosiones en la vereda Cascarillal del corregimiento de San Antonio y en el sector Las Veraneras, hacia el complejo carcelario de Jamundí, también en la zona rural que no dejaron víctimas, la alcaldesa del municipio, Paola Castillo, aseguró: "Hemos vivido momentos difíciles, pero hoy sentimos el respaldo. Llegan 100 hombres de la Policía con drones que se suman a los 100 soldados anunciados por el ministro de Defensa, Iván Velásquez".
El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Oviedo, indicó que de los 100 policías que están en Jamundí, 40 ya hacen patrullajes motorizados.
Tras los atentados del 12 de junio, la Mesa Territorial de Garantías del Valle indicó en un comunicado: “Como Mesa Territorial de Garantías que venimos propendiendo por la paz en nuestros territorios, hacemos un llamado a los grupos armados a que cumplan con la voluntad de paz que han manifestado querer adelantar con el Estado colombiano. La paz total y verdadera debe traducirse en hechos reales de bienestar para la población civil que se ha mantenido al margen del conflicto armado, ya que es esta la que ha vivido de manera real el conflicto social, la exclusión y la desigualdad. No podemos seguir asistiendo a escenarios de terror y confinamiento. De igual forma instamos al Gobierno Nacional a que insista en ese proyecto de la paz total que ponga fin a la guerra en Colombia, a que lo fortalezca y ajuste en los términos que sean necesarios (...)". 

La carretera de la droga y los castigos

“Yo no puedo perder el carné por nada del mundo. Tengo que tenerlo a la mano porque si lo boto me cobran una sanción”, afirmó Escobar al hablar de multas impuestas por el grupo armado ilegal que pasaron de los 3 a más de 10 millones de pesos. 
De no pagar el monto, viene un castigo con trabajos forzados para culminar los 14 kilómetros de una carretera que la columna móvil comenzó hace unos tres años. Es así que quien no pague, es retenido durante 30 días para obligarlo a realizar estas labores forzadas por la carretera.
En la Tercera División del Ejército detectaron la vía meses atrás y reiteraron la voz de alerta con la gobernadora del Valle. Esta carretera va del sector conocido como El Despunte hasta el sector La Playa, cerca del río Naya. 
El objetivo es conectar esta zona del limítrofe con el Cauca para llegar a esta región o dirigirse hacia Buenaventura y de allí tener vía libre hacia el mar del Pacífico colombiano. Es una de las rutas para la salida de cargas de droga y armas.
La carretera al Naya reemplaza las mulas que eran utilizadas en la zona alta para llevar a cuestas el producido de coca y por las que hace una década se pagaba entre 9 y 10 millones de pesos, en recorridos por Villacolombia, Timba (Valle) y San Antonio. Los animales también llevaban sobre sus lomos, materiales para la explotación ilegal de oro por la cercanía con el cordón montañoso de los Farallones. En esta área, que también cubre zonas de Cali colindantes con el parque natural, un kilo del mineral puede costar 72.000 dólares (casi 300 millones de pesos), un precio histórico que motiva a que esta economía ilegal crezca en la reserva, según el ministerio de Ambiente.
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“Con Fiscalía seguimos trabajando en la judicialización y desarmar la estructura criminal que está detrás de la comercialización ilegal de oro y que termina como consecuencia con metales pesados y mercurio en las cuencas que abastecen del agua a varios de los acueductos de la región”, informó la ministra de esta cartera, Susana Muhamad.
“Tenemos 14 puntos en el Naya de explotación minera ilegal que da cerca de 33.000 gramos mensuales de oro, 12 hectáreas están deforestadas, pero lo más importante es que se ganan 29 millones de dólares (120.200 millones de pesos) al año”, dijo la mandataria de los vallecaucanos.
(Lea también: Así ocurrió el aterrador ataque de disidentes de las Farc en Jamundí: cuatro civiles y dos policías heridos).
En la Policía, la Fiscalía y en el Ejército recalcan, además, que Villacolombia y San Antonio son dos corregimientos estratégicos para el frente ‘Jaime Martínez’, pues, sobre  colindan con los Farallones de Cali y con la espesa selva de Buenaventura.
“Se ha construido una vía de 14 kilómetros que llegan al río Naya, esa vía viene del Cauca, pasa por Jamundí y por supuesto llega al río, según la información, es una vía de muy buena construcción que no está autorizada y que se ha realizado probablemente por las disidencias de las Farc”, explicó la gobernadora Toro.
Para la construcción de la carretera, según fuentes del Ejército, hubo robos de maquinaria amarilla, al tiempo que se construyeron cuatro estaciones de gasolina en el corregimiento La Liberia para abastecer la misma maquinaria, estaciones que generaron una controversia en este año, entre los congresistas Christian Garcés y Duvalier Sánchez por supuestos permisos de anteriores alcaldías para licencias de funcionamiento de estas instalaciones.
Con el narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y las multas por el carné para ingresar a los corregimientos, el frente ‘Jaime Martínez’ busca su financiación, como lo indicó la gobernadora. A su vez, en el Ejército, también coincidieron en cobros ilegales a la población para estas obras e inclusive para la adquisición de ambulancias en el norte del Cauca.
“Tenemos conocimiento de casos en los que si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente, las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días; en caso de no tener el dinero, la retención se puede extender varias semanas, al igual que los trabajos impuestos”, informaron en la Defensoría del Pueblo. Los trabajos impuestos son justamente las obras de la carretera.
El delito que más se comete en la cabecera municipal de Jamundí y en corregimientos es el de las exigencias extorsivas que, en caso de ser ignoradas, apelan a retaliaciones, como ataques con granadas de fragmentación en locales comerciales. 
“Asimismo, ante los costos asociados al control social y a la adquisición de material logístico y bélico, se proyecta un afianzamiento del cobro de extorsiones e incluso hurtos para financiar el accionar delictivo de los grupos armados, quienes también hurtan bienes”, se lee en un documento de la Defensoría presentado en este mes con el nombre: ‘Los contrastes de la realidad humanitaria, un país que busca la paz’.
Los disidentes se los están llevando y no es una situación de ahora. También se han agravado los secuestros y las retenciones de personas por ocho, 10 o 24 horas, o inclusive por 30 días para terminar la carretera al Naya, según la Defensoría del Pueblo.
Pero también están los homicidios y buena parte se cometen en la zona rural de Jamundí. Más de la mitad de las víctimas en esta ciudad (en 2023 hubo 109, según el Instituto Nacional de Medicina Legal) eran jóvenes que no pasaban de 30 años.
La Defensoría del Pueblo, en su alerta temprana de inminencia de este año, la 005-24, dio un campanazo que se sumó a la 030 del 2023. 
“En los homicidios y las desapariciones perpetradas en sectores rurales montañosos o adyacentes, por regla general se infiere la participación de este frente (‘Jaime Martínez’) al mantener un control territorial férreo y único hasta el momento”, se lee en el informe.
Con base en datos de la Fiscalía, el año pasado fueron asesinadas 112 personas, un 5,56 por ciento más que en el 2022 y de esas muertes violentas, 44 ocurrieron en zona rural, muchas de las cuales, es donde el grupo ‘Jaime Martínez’ tiene incidencia. Estos casos se registraron en Villacolombia, Timba, Paso de la Bolsa, Potrerito, San Antonio, Robles y Puente Vélez, donde ciclistas son retenidos porque les hacen cobros para utilizar empinadas trochas.
Dentro del balance crítico, la Defensoría incluye a dos jóvenes que fueron retenidos en el corregimiento La Liberia, en noviembre de 2023, al tiempo que en Timba era asesinado otro joven que había prestado su servicio militar.
En ese mismo año hubo cinco desaparecidos, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, que tiene jurisdicción en el vecino municipio de Jamundí, además de cinco heridos por el carro bomba en septiembre de ese año contra la estación de Policía de Potrerito y 10 heridos más por granadas de mano.
“Desde 2017, la Defensoría del Pueblo ha emitido cinco alertas tempranas para el municipio de Jamundí por diversos riesgos asociados al accionar de grupos armados organizados, específicamente del ‘Estado Mayor Central (EMC)’”, dice el documento. “Su escenario de riesgo se concentra actualmente en los sectores de media y alta montaña del municipio, debido al reciente endurecimiento de los mecanismos de control territorial y social por parte de comisiones del frente ‘Jaime Martínez’, del ‘Bloque Occidental comandante Jacobo Arenas’, adscritas al mencionado EMC, quienes ostentan dominio y control absoluto e inclusive se extienden al corregimiento de Timba, Valle, en la zona plana y colindante con el corregimiento de Timba, en Cauca”, se advierte en el mismo informe.
Ataque en Jamundí.

Ataque en Jamundí.

Foto:Archivo particular

Aunque en Villacolombia, como en Potrerito, San Antonio, Ampudia o Timba se ha dependido económicamente de la siembra de café y plátano, los cultivos de coca se extienden hacia las estribaciones de la cordillera Occidental. Las autoridades de Jamundí y de la Gobernación señalaron que se ha pasado de 1.400 a unas 1.600 hectáreas de estas siembras ilícitas en dos años.
“Los jefes de las disidencias no viven en Villacolombia ni en torno al parque principal. Si usted quiere saber dónde están los encuentra en el parque de Timba”, dijo un morador que dio pocos detalles por el temor y la zozobra en Jamundí. “Es mejor no hablar mucho de ellos porque están pendientes de quién dice algo, quién llega o quién sale. Esto pasa no solo en Villacolombia, también en Timba, San Antonio y Potrerito”, añadió.
El problema radica para los mismos pobladores en que la zona rural de Jamundí ha sido dominada por actores armados desde hace más de 30 años, como las Farc y el Eln. Hace una década, llegaron con fuerza los ‘Pelusos’, en alianza con el EPL y después del acuerdo de paz, los disidentes buscaron retomar el control de la extinta guerrilla de las Farc, en alianzas con el narcotráfico, entrando en enfrentamientos con los otros ilegales y con el Ejército.

‘Los mexicanos tienen sus rutas, pero ellos mandan desde Cali’

En Villacolombia, Potrerito y San Antonio, los disidentes tienen gran presencia, pero a la vez, la comunidad ha detectado “a personas con acento de novelas mexicanas”, como lo han manifestado a funcionarios de la misma Defensoría del Pueblo.
Son del 'cartel de Jalisco Nueva Generación' que ha buscado ser parte de las rutas de drogas en la zona rural de Jamundí, Buenaventura y Cali, pero en la disputa por esos trayectos también entran miembros del 'cartel de Sinaloa' y los ‘Zetas’, en este territorio, teniendo a Cali como su eje principal, de acuerdo con informes de la misma Defensoría del Pueblo.
Es que la posición geográfica de Cali la convierte “en centro estratégico para el suroccidente del país, resaltando tres corredores criminales de movilidad en los que se transitan drogas ilícitas, insumos para el procesamiento y armas”, dice el informe de la Defensoría.
Uno de esos corredores es el oriental que conecta el Valle del Cauca con el norte del Cauca, bordeando el río Cauca, desde Puerto Tejada hasta el jarillón, pasando por los corregimientos de El Hormiguero y Navarro, en sector rural y las comunas 6 y 7, en el nororiente caleño, y 14, 15, 21, en el oriente de Aguablanca. 
El segundo corredor es el occidental, el cual se conecta con el norte del Cauca, iniciando en el municipio de Buenos Aires (Cauca), pasando por Jamundí e integrándose con Cali, a través del parque natural Farallones y las comunas colindantes 1, 18 y 20, en Cali, logrando salida al mar por el puerto de Buenaventura. El tercero y último corredor es el central por la vía Panamericana, que conecta a Cali con el sur del país.
Jamundí está en ese paso clave para el narcotráfico por colindar, además con la vía Panamericana como su principal arteria al entrar o salir para el Valle o hacia el Cauca y con el río Cauca que bordea la zona rural y limita con Santander de Quilichao, en el norte caucano.
“Acá están Sinaloa y Jalisco, pero no es que sus integrantes vivan acá en Jamundí o en la zona rural. Esta región es para las rutas de la droga, porque sus cabecillas están en Cali y contratan a emisarios para que trabajen para ellos”, señalaron fuentes oficiales.
Sobre la presencia de carteles mexicanos en Cali y en Jamundí, la Policía Metropolitana informó que no se tiene conocimiento de la existencia de estos grupos directamente. Sin embargo, según fuentes de la Fuerza Pública, muchos de estos actores contratan y subcontratan grupos delincuenciales para la comisión de delitos, como el tráfico de drogas. Asimismo, el alcalde Eder recordó que en lo que va del año, la Policía ha capturado a 18 presuntos integrantes de grupos armados, como disidentes en Cali y en Jamundí.

Clamor de los gremios al Gobierno Nacional 

La Asociación Nacional de Empresarios (Andi), la Cámara de Comercio de Cali, Invest Pacific, ProPacífico y la Unidad de Acción Vallecaucana se unieron para elevar una petición: "Ante la escalada de violencia que se viene registrando en el suroccidente colombiano rechazamos estos hechos que demandan atención contundente del Gobierno Nacional y demás autoridades". 
El llamado también lo hizo la presidenta de la junta directiva del Comité Intergremial del Valle (CIEV) y presidenta de Asocaña, Claudia Calero, quien dijo que el Valle necesita una mirada diferente para rodear al departamento, pidiéndole al Gobierno Nacional que contenga la inseguridad en la región y señaló que los gremios están pidiéndole una audiencia al presidente Gustavo Petro, petición de 34 gremios de dicho comité.
“ProPacífico y otras entidades del sector privado nos sumamos al llamado de nuestras entidades locales al Gobierno nacional, lo que está sucediendo en materia de seguridad es muy grave en el suroccidente colombiano, necesitamos trabajar unidos; necesitamos más pie de fuerza, más inteligencia, más trabajo en territorio en temas de prevención, sumarnos todos para que esto que está sucediendo en Jamundí y en el suroccidente colombiano pare ya”, aseveró la directora ejecutiva de la entidad, María Isabel Ulloa.
El presidente Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez, precisó: “Necesitamos que el Gobierno Nacional haga un esfuerzo aún mayor y con contundencia por su respaldo a la seguridad del Valle del Cauca, ha sido el llamado que la Gobernadora ha hecho y que desde los gremios, el sector privado, queremos replicar para que entre todos podamos afrontar esta situación y el respaldo que necesita nuestras fuerzas militares y de Policía para poder contener a los delincuentes y terroristas que quieren tomarse Jamundí”.
La importancia de una intervención integral fue resaltada por la directora Unidad de Acción Vallecaucana, María Isabel Alvarado, con acciones “que permitan garantizar la seguridad, el orden público y los derechos de todos los ciudadanos ante la escalada de violencia que estamos viviendo". Anotó: "Nos solidarizamos con todas las víctimas y sus familias por estos difíciles momentos”.
Rafael González, venezolano de 57 años, murió por múltiples traumas y por causa de una bacteria

Rafael González, venezolano de 57 años, murió por múltiples traumas y por causa de una bacteria

Foto:Archivo particular

Más de 100 familias y comerciantes aún esperan ayudas económicas, tras los atentados de disidentes

La violencia no deja de acechar a Alicia Toro, una mujer del Eje Cafetero que desde hace 60 años llegó a Jamundí para abrir su única fuente de sustento: El Mirador, Hotel Familiar.
Así llamó al local cuando ella apenas tenía 20 años y era optimista por un mejor porvenir en esa misma vivienda donde vio crecer a sus cinco hijos.
Esta es la calle donde disidentes detonaron una moto bomba, el 12 de junio, dejando una persona muerta y a otras cinco heridas

Esta es la calle donde disidentes detonaron una moto bomba, el 12 de junio, dejando una persona muerta y a otras cinco heridas

Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Alicia es parte de una de las 129 familias afectadas este año, muchas de ellas, comerciantes, por los atentados de los disidentes de las Farc de ese 20 de mayo y del 12 de junio, así como otros con explosivos en cilindros, carros y motos, así como por los hostigamientos en la zona rural de los corregimientos de Potrerito y Robles.
La mayoría señala que de su propio bolsillo están levantando otra vez los locales y reparando sus hogares porque el proceso para ser reconocidos como víctimas del conflicto apenas está empezando y podría tomar 10 años para recibir una compensación económica, como lo enfatizan en la alcaldía de Jamundí.
La mayoría señala que de su propio bolsillo están levantando otra vez los locales y reparando sus hogares porque el proceso para ser reconocidos como víctimas del conflicto apenas está empezando y podría tomar 10 años para recibir una compensación económica, como lo enfatizan en la alcaldía de Jamundí.
Sin embargo, no todos, entre ellos, Alicia, de 80 años, tienen un seguro. Es que ninguno había pensado que sería el conflicto armado, la razón de las pérdidas en sus establecimientos.
El atentado que causó un grave daño colateral en el hotel de Alicia sucedió porque en esa esquina del barrio Libertadores solían permanecer uno o dos policías, custodiando la cuadra, pues en una casa de la misma calle y que también funciona como un hostal se hospedaban 100 policías que habían llegado a Jamundí a reforzar la seguridad por ataques que se han vuelto cada vez más constantes por parte de quienes integran el frente ‘Jaime Martínez’, bajo las órdenes de ‘Iván Mordisco’, del ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias.
En Jamundí elevan clamor al Gobierno de que de ponga realmente su atención en la crítica situación de municipio y a los disidentes que cesen los atentados y no incluyan a la población

En Jamundí elevan clamor al Gobierno de que de ponga realmente su atención en la crítica situación de municipio y a los disidentes que cesen los atentados y no incluyan a la población

Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

De hecho, en solo este 2024 van 17 acciones terroristas, entre estallidos de artefactos en vehículos, hostigamientos y retenciones de soldados y ciudadanos, contabilizadas por la Administración jamundeña.
Fue el 20 de mayo, cuando este municipio se estremeció en esa zona de Libertadores, dejando destruidos los sueños de Alicia y de otras 69 personas, de 40 familias, con daños en ocho viviendas y siete locales en este sector del casco urbano de Jamundí. La sede de un Gane y una panadería también tuvieron severos daños.
“La explosión se sintió horrible. Las tejas se nos caían encima. Una cosa es vivir esto y otra, contarla. Lo único es que me quedé sin nada”, dice Alicia que en medio de la adversidad trata de seguir sonriendo.
“Si le contara toda mi historia, no alcanzaría la vida para hacerlo. Hace 37 años me mataron a uno de mis hijos, cuando iba a estudiar medicina en Cali”, dice Alicia. Pero, además, una de sus hijas, Maryuri Toro, está desaparecida desde hace cinco años. Le perdió el rastro, cuando la joven dijo en aquel entonces que se iba a celebrar el cumpleaños de una amiga, pero nunca volvió. Asimismo, Alicia recuerda que de niña, su familia tuvo que salir desplazada de Caldas por grupos violentos de la época.
Pero, además, una de sus hijas, Maryuri Toro, está desaparecida desde hace cinco años. Le perdió el rastro, cuando la joven dijo en aquel entonces que se iba a celebrar el cumpleaños de una amiga, pero nunca volvió. Asimismo, Alicia recuerda que de niña, su familia tuvo que salir desplazada de Caldas por grupos violentos de la época.
Ahora, la octogenaria afirma que el atentado la dejó prácticamente en la calle y, al igual que las demás familias de comerciantes, asegura que no tiene claro cómo será la reparación económica por ser víctima de una guerra que no entiende por cuenta de los alzados en armas que se ocultan en las montañas de Jamundí y del norte del vecino departamento del Cauca.
De hecho, Alicia y algunos damnificados por el ataque del 20 de mayo manifiestan que si bien, de la alcaldía de Jamundí fueron a socorrerlos, ese día de la explosión dirigida a la Fuerza Pública y empezaron un proceso para ser parte de un censo, ven lejana una solución para recuperar parte de lo que les fue arrebatado violentamente en un parpadeo.
“Yo estoy viviendo con personas cercanas a mí porque me quedé sin casa y mi familia con nietos y biznietos también se quedó sin el negocio del que hemos podido vivir”, dice Alicia. “Hasta ahora todo está igual, estamos pendientes”, añade la señora. "Como los vidrios quedaron rotos en las ventanas, los ladrones se entraron y se llevaron cinco televisores; el monitor de las cámaras de seguridad y una bicicleta que hace tres años costó 3 millones de pesos", continúa narrando.
“Nos explicaron que debíamos ser parte de un censo y hacer un trámite en la Personería”, comenta el administrador de uno de los locales que al igual que otros comerciantes del sector aseguran que prefieren no dar sus nombres ni ampliar sus testimonios. "Es mejor, la situación de seguridad está difícil y no queremos enredarla más", dice uno de ellos por el miedo de hablar, afirmando que no se imaginaba que las acciones hasta con drones de grupos armados, como los disidentes, pasaran de la zona rural al casco urbano.
Estas personas se reunieron en la alcaldía de Jamundí, seis después de otro atentado, el del 12 de junio, en la zona bancaria y comercial en el centro de Jamundí. Allí, Rafael González, un cuidador de motos y vendedor de dulces, fue derribado de frente por el estallido de la moto bomba, en esas primeras horas de un miércoles trágico, muriendo a los 13 días siguientes.
Su cuerpo no resistió los traumas en la cabeza, el tórax y el abdomen con quemaduras de segundo grado en el rostro y el cuello, y fracturas en sus extremidades. Una bacteria se extendió en su organismo, por lo que médicos de la Fundación Valle del Lili, una clínica y a la vez un hospital universitario del sur caleño, tuvieron que amputar su brazo derecho y también había afectado ambas piernas y el estómago. Por todo este golpe causado por el terrorismo y que dejó huérfanos a tres hijos venezolanos, don Rafael, oriundo de ese país, murió el 25 de este mes.
En esa manzana donde el cuidador de carros, de 57 años, vigilaba desde la esquina, 16 inmuebles quedaron con daños, de los cuales, ocho son locales comerciales, entre ellos, la sede de Bancolombia que ya tiene avances en su reconstrucción, además de un gimnasio y una panadería. El censo elaborado por la alcaldía de Jamundí dentro de la ruta de atención a víctimas arrojó que en esta zona, 42 familias son damnificadas.
“Cada uno está arreglando con su propia plata”, dijo uno de los empleados de un local aledaño a Bancolombia. Los principales daños son en vidrios, puertas, ventanas y techos. Las pérdidas económicas para estos vendedores y empresarios de inmediaciones a Bancolombia podrían superar los 1.000 millones de pesos.
Andrea Pérez, enlace municipal para la atención a víctimas en Jamundí, en la Alcaldía, explica que como toda administración cuando ocurren atentados terroristas los primeros respondientes son los entes territoriales.
Anota que la atención que se presta al momento de un hecho terrorista es la asistencia inmediata que incluye alimentos y servicios de salud cuando sea requeridos, además de pagos funerarios a familias como la del cuidador de motos, así como llevar a los afectados al albergue temporal, cuya capacidad es solo para 30 personas.
Es por esta razón que la administración de la alcaldesa Paola Castillo busca proponer un albergue mucho más amplio, teniendo en cuenta que los ataques se están registrando en la zona urbana, además en los corregimientos de Robles, Potrerito y otros hechos violentos se vienen presentando en los también corregimientos Timba y Villacolombia.
José Luis Biscué, enlace de la oficina de Riesgo de la alcaldía de Jamundí, señala que en esa atención primaria se trabaja de manera articulada con los organismos de socorro.
Asimismo, Pérez recalca que en la ruta de atención, la Personería hace toma de declaraciones de todos los afectados para se remitan a una instancia mayor, como la Unidad para las Víctimas. En este momento, el proceso está incipiente con los requisitos en el estamento del Ministerio Público.
Entre tanto, en la Unidad para las Víctimas explican que en la entidad se valora y se determina si la persona queda o no incluida en el Registro Único de Víctimas. Pérez, como funcionaria de enlace para la atención de víctimas en la alcaldía de Jamundí, también indica que el municipio no tiene un presupuesto robusto para inclusive, brindar la atención primaria, reiterando que no pueden entregar recursos económicos a las familias.
De acuerdo con la funcionaria, la Alcaldía dispuso de 120 millones de pesos para todo el 2024, dirigidos a planes de contingencia por emergencias humanitarias y ya se han gastado 75 millones por la dicha atención inicial, en alimentos y otros acompañamientos por lo que evalúan proponer en el próximo Comité Territorial de Justicia Transicional, la adición del presupuesto y buscar consolidar la iniciativa ‘Misión Jamundí’, de la mano de la Gobernación, el Gobierno, la Unidad para las Víctimas y gestionando propuestas con la empresa privada.
“Los atentados están afectando a otras personas de manera indirecta”, dice Pérez. Es así pues que sectores del turismo en fincas de veraneo y de la gastronomía es uno de los más impactados. Pérez dice, además que la Alcaldía cuenta con el respaldo de la Unidad para las Víctimas, si a la Administración se le agota el presupuesto para dar las ayudas humanitarias.

En la zona rural de Jamundí, otra espera

El 22 de septiembre de 2023, un carro bomba detonó afuera de la estación de Policía de Potrerito. El saldo de la acción terrorista fue de 10 heridos y siete viviendas afectadas. 
De acuerdo con la alcaldía de Jamundí, con la Gobernación hubo una atención inmediata a los afectados y se indica que las familias podían recibir el pago por dos meses de arriendo.
“Pero recibieron pagos por tres meses”, señala, la funcionaria Pérez. A su vez, explica que quienes son llevados al albergue temporal permanecen un mes. Sin embargo, enfatiza en que por los atentados con disparos y cilindros de este 2024 en la zona rural, esos afectados del año pasado han vuelto a ser víctimas por los daños recientes.
“No han arreglado las casas en Potrerito desde septiembre”, dice un morador de la zona. Otras personas manifiestan que el año pasado recibieron láminas de zinc, amarras, comida y lona verde.
Sin embargo, según la Alcaldía de esta municipalidad, ese proceso para un reconocimiento como víctimas del conflicto con derecho a una indemnización podría tardar hasta 10 años. Por eso, en la Administración piden celeridad a la Unidad para las Víctimas en esos trámites y que el Gobierno mire realmente a Jamundí y no deje sola a su ciudadanía.
La Alcaldía también da cuenta de que el pasado 12 de mayo, un artefacto explosivo contra la estación de Potrerito causó afectaciones a 26 personas y a nueve familias con daños en cinco viviendas y en un local comercial.
En esta escalada terrorista está el atentado del 7 de junio con un carro bomba en el corregimiento de Robles, donde 90 personas y 38 familias más quedaron en el listado de afectados. El 10 de junio, las autoridades detectaron un cilindro bomba en la vía entre el casco urbano de Jamundí y Robles. Por fortuna no hubo daños porque fue activado de manera controlada.
El departamento busca avanzar en la reparación, asistencia y el acceso a la justicia de las víctimas, luego de la aprobación del Plan de Acción Territorial, impulsando el bienestar de esta población y evitando posibles revictimizaciones. Así lo explica la gobernadora Dilian Francisca Toro, tras la reunión del Comité de Justicia Transicional, en esta semana.
“Se aprobó el Plan de Acción que es transversal y que nos permitirá que todos los proyectos y programas que se hagan en el presupuesto, incluido en el Plan de Desarrollo ‘Liderazgo que transforma’, tengan un porcentaje para las víctimas. Eso va a darles la posibilidad de participar en todos los proyectos, en todos los programas, pero, además, les mejorará sus condiciones de vida”, manifiesta la gobernadora Toro.
María Camila Mantilla, secretaria de Paz y Reconciliación del Valle, dice que “una de las acciones que se puede rescatar son las que permitirán avanzar en el convenio de subsidiariedad en los municipios para poder atender situaciones de emergencia en el departamento. Asimismo, poder reconocer una oferta en materia de deporte, educación, salud, mujer y equidad de género”.
En el Valle del Cauca hay más de 650.000 víctimas del conflicto armado. La funcionaria agrega que es una población que ha sido atendida desde el inicio del mandato en jornadas de diálogo y escucha con programas de paz y la consolidación de estrategias como el Acuerdo de Subsidiariedad en Inmediatez para garantizar atención humanitaria y la firma del Memorando de Paz que le apuesta al fortalecimiento de espacios, como el Observatorio para Paz.
*Nombre cambiado por solicitud del ciudadano para garantizar su seguridad*
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
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Carolina Bohórquez RamírezPeriodista
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