Alimentación en las cárceles: más de 800 mil millones de pesos por una comida ‘inhumana’

Con 16.626 pesos, mucho menos de lo que vale un almuerzo corriente en cualquier restaurante en zonas empresariales de Bogotá, se cubre en Colombia toda la ración diaria de comida de un preso: desayuno, almuerzo, cena y refrigerio. Es decir que, en promedio, a cada uno de los ‘tiempos’ de alimentación que reciben se destinan menos de 4.156 pesos.

(Vea en realidad virtual cómo viven los presos en una estación de Policía)

Y ese bajo costo se ve reflejado en la calidad de la alimentación que reciben. La comida que sirven en las cárceles del país es definida por la Defensoría del Pueblo, en un cuestionario respondido a la Unidad de Datos de EL TIEMPO, como “una flagrante vulneración del derecho fundamental de la población privada de la libertad a la alimentación”.

Pero no solo eso. El contrato que rige actualmente para la preparación y suministro de alimentos en todos los establecimientos penitenciarios del país (incluyendo estaciones de Policía y centros de detención temporal, y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año), es el segundo más costoso que se ha firmado recientemente con dineros estatales.

El primero, de acuerdo con cifras del Portal de Transparencia Económica, (PTE), es un acuerdo por 998 mil millones de pesos para el programa ‘Mi casa ya’ y el tercero más oneroso es una transferencia para vivienda VIS por 724 mil millones de pesos.

La enorme suma de dinero destinada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) está repartida entre varios contratistas que no están exentos de polémica, pues han recibido señalamientos de prácticas irregulares para sacar del camino a diferentes competidores y quedarse con un negocio que les garantiza presencia e ingresos en prácticamente todo el país.

A todos estos señalamientos, la Uspec responde reconociendo que hay grandes falencias del proceso para alimentar a los presos en el país, no solo atribuidas a los contratistas sino a las dificultades propias del sistema penitenciario y carcelario y aseguró estar tomando las medidas para que, por lo menos, las personas privadas de la libertad puedan recibir una comida de calidad y nutritiva.

El 30 de noviembre de 2023, tras un poco más de un mes de proceso de selección , la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios publicó en la plataforma de contratación Secop II los resultados de la millonaria licitación pública que tenía como objeto “suministrar el servicio de alimentación para la población privada de la libertad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec”.

El presupuesto, de más de 813 mil millones de pesos, está divido en 17 lotes, es decir, zonas de país donde hay centros de reclusión y de los que deben hacerse cargo diferentes contratistas de acuerdo a las ofertas presentadas a la entidad durante el proceso licitatorio.
Y esos lotes que componen el millonario contrato quedaron en manos de 12 uniones temporales que agrupan a diferentes empresas. Lo que llama la atención, y ha sido objeto de alerta es que muchas de esas agrupaciones comparten las mismas empresas, los mismos documentos de evaluación y los mismos representantes legales. Esto, a juicio de algunas ONG, puede constituirse como una práctica restrictiva de la libre competencia. Vea en este gráfico las uniones temporales ganadoras y cómo están compuestas.

El contrato que ganaron estas compañías establece la repartición de 3’ 880.245 raciones de alimentación a toda la población privada de la libertad, cada una por un valor calculado de 16.626 pesos.

De ese contrato, el 73 por ciento de los recursos por más de 813 mil millones debe destinarse exclusivamente a la preparación de los alimentos, mientras que el 8.6 por ciento debe ser usado por los contratistas para imprevistos y margen de ganancia.

Y los requisitos de composición de las raciones son -en el papel- claros y exigentes . El desayuno, de acuerdo con las especificaciones textuales del contrato, debe estar compuesto por una bebida caliente, una proteína y un cereal (pan o arepa); el almuerzo y la cena deben tener sopa, un plato principal que contenga proteína animal, cereal, un tubérculo y verduras frescas, jugo de fruta y postre. Y el refrigerio tiene que estar compuesto por una bebida fría y un producto de trigo o “panificado”.

Además, todos los centros de reclusión deben cumplir estrictamente con los horarios determinados en el Uspec. Desayuno entre 6 y 8 am, almuerzo de 12 a 2 pm y cena junto con refrigerio.

Estos requisitos, sumados a la obligación de realizar tamizajes constantes de peso y talla a los presos hace, en palabras de personas que han estado cercanas a estos procesos de contratación, que muchas compañías reconocidas renuncien a participar del negocio y los dejen en manos de empresas que, año tras año mantienen el monopolio en las prisiones.

Un empresario que decidió retirarse del negocio de la alimentación en las cárceles y que pidió reserva de su nombre, le dijo a la Unidad de Datos que “el escaso margen de ganancia y la imposibilidad de dar cuatro comidas de calidad, como lo manda el contrato, por 16 mil pesos, hace que empresas con años de experiencia y reconocimiento eviten participar de estos procesos”.

Y es precisamente ese ‘monopolio’ el que algunas organizaciones han denunciado. Una de ellas, la Corporación Anticorrupción Internacional (Coraci), le hizo llegar a la Unidad de Datos de EL TIEMPO un documento en el que llamó la atención sobre posibles irregularidades cometidas por varias de las empresas a las que les fue adjudicada la licitación.

Según esta entidad, en los ganadores de este contrato se puede observar “concentración de la contratación en los mismos operadores del mercado, los mismos grupos o cárceles específicos en cabeza de empresas que a través del tiempo han ofertado y ejecutado dichos grupos sin competencia clara en este proceso y en eventos de anteriores”.

También aeeguró la organización que han recibido denuncias de diferentes sectores sobre la posibilidad de que muchos de los ganadores de la licitación tengan vínculos irregulares entre sí en las diferentes empresas y pidió a las autoridades investigar la veracidad de estos hechos.

“Es prudente revisar el grado de familiaridad, relaciones conyugales ex conyugales entre los representantes legales de las empresas que conforman las ofertas, gerentes, contadores y demás personal vinculado a las mismas ya que se tiene información que aún es materia de investigación que las ofertas presentadas tienen personal correlacionado, lo cual facilita la posible conducta restrictiva de la competencia” señala Coraci.

Y agregó que, “de comprobarsela familiaridad y cercanía entre las personas que de alguna manera tienen o ejercen algún cargo al interior de las empresas que constituyen las ofertas para los diferentes grupos, o que hubiesen tenido algún tipo de relación marital en el pasado conllevaría a confirmar aún más la existencia de actos restrictivos de la libre competencia en el proceso de contratación”.

La ONG también alertó sobre propuestas en las que se evidencia que, pese a ser presentadas por distintos oferentes, se redactan de manera semejante, con similar papelería, tipografía y formatos. Y señala que prueba de ello es que diferentes oferentes y uniones temporales usaron la misma aseguradora y el mismo asesor.

“En algunos casos han expedido la póliza el mismo día entre los contratistas de diferentes grupos o como caso particular de iguales grupos, lo cual detallamos a continuación”, agregan y presentan un cuadro comparativo que se publica a continuación.

A juicio de los voceros de la ONG , “la utilización de asesores de seguros entre
competidores que dan a entender cercanía entre las empresas y evitan competir entre sí mismos, o abarcan más ofertas de grupos viniendo del mismo grupo o empresa interesada”.

Pero además, destacó que una de las empresas se presentó como oferente para el mismo proceso y el mismo lote como empresa individual y como consorcio (donde en efecto logró hacerse al contrato), lo que “permite ocurrencia de actos restrictivos de la competencia, ya que el resto de los oferentes al no estar en igualdad de condiciones, y que han mantenido su única postura de oferta a través de una sola modalidad”.

A la fecha, de acuerdo con los datos de cumplimiento del contrato que reposan en Secop II y en el Portal Anticorrupción (Paco) de la Presidencia de la República, las empresas que ejecutan el acuerdo no tienen ningún tipo de sanción disciplinaria o multas relacionadas con este proceso.

En cuanto a la calidad de los alimentos, la Defensoría del Pueblo ha sido muy crítica de los contratistas y de las entidades estatales que tienen la responsabilidad de proveer la alimentación de las instituciones penitenciarias del país.

En un cuestionario respondido a este medio, la Defensoría Delegada para Política Criminal y Penitenciaria reconoció que al 93 por ciento de las personas privadas de la libertad en Colombia se les vulnera de manera reiterada y sistemática el derecho a una sana, nutritiva y adecuada alimentación.

“Se ha logrado identificar una flagrante vulneración del derecho fundamental a la alimentación de la población privada de la libertad, debido a que en algunos centros de reclusión del orden nacional no se garantiza la inocuidad de los alimentos por falta de mantenimiento de la infraestructura del área del rancho, por falta de dotación de utensilios de cocina, lugares inadecuados o insuficientes para la conservación, refrigeración, preparación y distribución de alimentos”, afirma la Defensoría.

Además de eso, subraya que no solo es preocupante la calidad de alimentos que son suministrados en los centros de reclusión, sino la muy baja calidad de la materia prima, lo que es un evidente incumplimiento de los estándares exigidos en el contrato suscrito por la Uspec.

Según la Defensoría, en medio de las visitas que regularmente hace a diferentes establecimientos penitenciarios, detectó que el material usado para la preparación de alimentos se encuentra “en condiciones de insalubridad en refrigeradores o cavas de almacenamiento” y “no se hace una escogencia previa del producto” lo que “genera contaminación masiva”.

A eso se suman graves inclumplimentos en las dietas especiales “para personas con patologías graves como hipertensión, diabetes y VIH, entro otros”, pero también en otros temas que son de obligatorio complimiento de acuerdo al contrato, como inexactitudes en el gramaje de las porciones y en los horarios de entrega lo que “impacta negativamente las condiciones de salud de los internos”.

En su más reciente informe a la Corte Constitucional, presentado en enero como parte del seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional declarado en 1998 en las cárceles del país, la Defensoría recalcó que en el 93 por ciento (107) de estos establecimientos se presentaron niveles de incumplimento altos y moderado mientras que en 18 hubo bajo nivel de incumplimiento en el servicio de alimentación.

“La situación es alarmante no solo por la cantidad de centros de reclusión que se encuentran en nivel alto y moderado de riesgo, sino por el total de personas privadas de la libertad en estos lugares afectadas por el riesgo de incumplimiento. Del total de las más 102 mil personas privadas de la libertad con corte a la fecha del reporte a la Corte (septiembre de 2023), el 54 por ciento estaban en centro de alto riesgo, el 38 por ciento en centros con riesgo moderado y solo el 6,9 por ciento en establecimientos con riesgo leve.

Lo preocupante es que, reconoce la entidad defensora de derechos humanos en Colombia, a la fecha “el panorama sigue igual”.

Ante estas situaciones, el director de la Uspec, Ludwing Joel Valero Sáenz, le aseguró a EL TIEMPO que se está trabajando en la implementación de medidas para mejorar las falencias en la alimentación de los reclusos. Sin embargo, temas como los costos, el alto volumen de entregas pero también situaciones internas de los penales dificulta que haya resultados visibles más rápido.

“El tema de alimentación no solamente falla por el operador, el Uspec o el Inpec. Las mismas personas privadas de la libertad hacen parte del problema porque muchas veces la materia prima se pierde al interior del establecimiento o la comida no llega completa a los pabellones. Y entonces yo digo: ¿quién lleva la comida del rancho al pabellón? El preso, el ranchero, entre otros”, afirmó Valero Sáenz.

Agregó que los costos también generan preocupación. “En las diferentes reuniones se habla de que un interno cuesta alrededor de 3’200.000 pesos mensuales. Es un costo muy alto y a los alcaldes les preocupa, pero también les debe servir ese ejercicio para entender el gran esfuerzo que está haciendo la Uspec ayudando las con personas privadas de la libertad no condenadas”.

Finalmente, señala el funcionario que se ha buscado acatar la orden del presidente Gustavo Petro de mejorar la prestación del servicio y eliminar las quejas de la población privada de la libertad.

“¿Qué estamos haciendo? Primero articulamos acciones entre Inpec y Uspec en un solo propósito de lograr que el servicio de alimentación mejore. Entonces celebramos un convenio para que ellos nos apoyen con el proceso de supervisión de la alimentación, y además de eso hacemos mesas de trabajo sobre el tema en los diferentes establecimientos”, remató. 

RAFAEL QUINTERO CERÓN
Editor Unidad de Datos EL TIEMPO