Para una mujer en situación de calle, la falta de recursos, el desconocimiento, el dolor y la incomodidad fisica convierten su periodo menstrual en una verdadera tortura.

Así lo detalla Carol Figueroa, coordinadora de un centro de Servicio de Desarrollo Integral y Diferencial para Población Habitante de Calle y en Alto Riesgo de Estarlo (Sedid) de Bogotá: “Ser mujer habitante de calle es difícil y tener ciclo menstrual lo es mucho más porque se enfrenta al desconocimiento, a una especie de vergüenza, que no debería existir, a causa de situaciones históricas donde la experiencia menstrual es considerada como tabú, algo malo o sangre sucia. Por ello, son víctimas de depresión, incomprensión, de esconderse y por lo mismo, de verse afectadas en su salud porque entonces no tienen nada para gestionar su menstruación correctamente”.

Esta situación no es aislada pues el 1,7 por ciento de las mujeres en Colombia, según informa el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su informe ‘Menstruación Colombia’, padece de esta situación también llamada pobreza menstrual, un término con el que las Naciones Unidas se refiere a la ausencia de elementos dignos para gestionar el periodo menstrual.

SIN RECURSOS AL MENSTRUAR

“El periodo fue lo peor que me pudo haber pasado, antes no me volví loca”, recuerda Luz Adriana Pérez, mujer que habitó la calle durante 23 años de su vida. “Cuando me levantaba por los cólicos fuertes, veía que estaba manchada. Me amarraba una chaqueta a la cintura e iba a retacar una monedita o la toalla”, afirma.

Cuando no tenía productos para atender su ciclo menstrual acudía a técnicas insalubres y riesgosas para su salud: “Me taponaba con la espuma en la que dormía. Le arrancaba un pedazo y me la metía por allá. Cuando sentía que empezaba a mancharme, me la quitaba y me ponía otro pedazo”. Además, sufría de fuertes cólicos y hemorragias que no podía asistir debido a la falta de recursos económicos.

Para una mujer que habita la calle es impensable pagar 6.230 pesos por un paquete de diez toallas higiénicas. Ellas buscan su supervivencia diaria, privilegiando dónde dormir y qué comer, por lo que dejan en segundo plano cualquier condición de salud.

Por ejemplo, Martha Cecilia Durán Cuy, mujer en situación de calle que entuteló a la Secretaría de Salud de Bogotá, lograba recoger 52.500 pesos al mes que debía destinar en la alimentación y otros gastos, por lo que comprar apenas un paquete de toallas, que no solo resultaba insuficiente para su periodo, sino que le quitaba más del 10 por ciento de sus escasos recursos, era casi impensable.

Lo que dice la Corte Constitucional

En 2018, Martha Cecilia Durán Cuy interpuso una tutela contra la Secretaría de la Salud y de Integración Social porque cuando le llegaba la menstruación debía acudir a trapos o toallas higiénicas que encontraba en la basura para menstruar. Ella también alegó falta de educación en el cuidado íntimo, por lo que experimentaba graves situaciones durante su periodo, que solía ir acompañado de intensos cólicos y la expulsión de grandes coágulos de sangre.

El caso de Durán llegó a la Corte Constitucional en el 2019. Tras su revisión, el alto tribunal sentó jurisprudencia al respecto en la Sentencia T-398, que obliga a las administraciones locales a garantizar la entrega de artículos de higiene menstrual a las mujeres habitantes de calle, otorgarles acceso a instalaciones, agua y jabón para el lavado del cuerpo y difundir información que les posibilite tener los conocimientos básicos de este ciclo.

Esta decisión, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Integración Social, impactó a por lo menos 2.112 personas en Bogotá que se encontraban en las mismas condiciones de Martha Cecilia Durán en el 2022. Sin embargo, en el país persiste la desigualdad y la sentencia parece seguir en el papel. Luz Adriana Pérez aseguró que esos servicios muchas veces son negados por parte de los funcionarios de la Alcaldía.

Como Pérez no tenía claro cuándo le llegaba el período, ella acudía a los centros de servicio manchada, con la necesidad de ropa nueva y un baño para asearse. Sin embargo, el centro al que iba solo entregaba ropa los viernes y su director, según cuenta, se negaba a proporcionarle un pantalón y ropa interior cualquier día de la semana que no fuera este.

“Me decían que solamente me proporcionaban toalla y baño. ¿Yo qué iba a hacer con la toalla y el baño si iba a salir igual a la calle con el mismo pantalón y cucos manchados oliendo a feo?”, relató.

El desconocimiento,
uno de los impedimentos

El desconocimiento del propio cuerpo y de su proceso de menstruación conlleva a situaciones de estrés, vulnerabilidad, exclusión y miedo. Este es el caso de muchas mujeres habitantes de calle pues, según lo confirmó Jaime Quimbayo, jefe de enfermería de un centro Sedid, ”ellas llegan sin saber nada, lo único que conocen es que existen toallas, pero por su condición no las utilizan”.

Los datos proveídos por la nota estadística ‘Menstruación Colombia’ comprueban las afirmaciones de Quimbayo: de la población encuestada, 3 millones 750 mil jóvenes mujeres no poseían información alguna sobre de dónde proviene el sangrado menstrual. Asimismo, un millón 275 mil mujeres carecían de conocimiento sobre la menstruación antes de su primer flujo.

De esta manera lo corrobora Claudia Moya, una mujer de 48 años que reside en un centro de Sedid y que se enteró de que las mujeres sangraban luego de ser violada, quedar en embarazo y tener a su primera hija: “Mi familia nunca me explicó qué era ponerse una toalla o cómo se usaba el papel higiénico”. Quien le enseñó a usar y ponerse una toalla higiénica fue la empleada de una tienda, cuando le explicó que la menstruación era un proceso natural y que no debía alarmarse.

Así como le pasó a su familia, Claudia tampoco tuvo las herramientas para explicarles a sus dos hijas qué era la menstruación y cómo atenderla. “Las vi caminar sus primeros pasos, pero no fui testigo de su primer periodo”. La responsabilidad de la información quedó en manos de Bienestar Familiar, que para entonces estaba a cargo de las niñas.

Ahora bien, la Secretaría de la Mujer de Bogotá le comentó a EL TIEMPO que para atender esta situación realiza espacios de educación menstrual. En esas jornadas se atendieron entre el primero de enero al 30 de septiembre de 2023 a 160 mujeres en 15 encuentros para explicarles el funcionamiento de este proceso, las medidas que se deben tomar ante el mismo y educación sexual. La cifra, sin embargo, representó una baja respecto al año anterior, donde se realizaron 38 encuentros y se beneficiaron 557 mujeres.

Acceso al agua, otro problema

Según el Dane, en Colombia, entre mayo de 2021 y mayo de 2022, un total de 296 mil 250 mujeres encontraron dificultades al intentar acceder a un baño cercano, privado y limpio para realizar su higiene menstrual.

Lorena Reyes, persona que residió en la calle, relata que “el aseo siempre era con alcohol. Como usábamos el brandy para tomar, siempre usábamos alcohol para asearnos”.

Otra de las pruebas vivientes del problema es Luz Adriana Pérez, quien contó que prefería asearse en el caño que en los centros de servicio y atención para habitantes de calle que provee la Alcaldía de Bogotá. “En el caño nos caía agua muy fría, pero allá me bañaba, me aseaba y me cambiaba; era la única manera en la que yo me podía limpiar porque de resto en autocuidado casi no nos ayudaban para la ropa, ni para nada”, comentó.

No obstante, gracias a la Sentencia T-398 de 2019 hoy los hogares de paso y centros Sedid entregan un suministro de aseo personal a las ciudadanas en condición de calle que requieran realizar su cuidado de higiene menstrual.

Según una de las funcionarias del centro para mujeres habitantes de calle y en riesgo de habitarla, las personas menstruantes que soliciten ayuda, que en promedio pueden ser cinco ciudadanas conforme aseguraron a EL TIEMPO, se les habilita un baño donde pueden ducharse o simplemente realizar la gestión de su menstruación. También asegura que se les entregan toallas higiénicas, papel y una bebida caliente para tratar los cólicos, además de darles una corta información sobre cómo deben atender su periodo.

En Colombia hay 6.478 mujeres que menstrúan mientras se encuentran privadas de la libertad según datos proporcionados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Antes, a las personas privadas de libertad en centros penitenciarios y carcelarios se les proporcionaba un paquete de diez toallas higiénicas cada tres meses. Sin embargo, desde la aprobación de la ley 2261 de 2022, que dictamina que el Estado debe garantizar la entrega de productos de higiene menstrual de manera gratuita, oportuna y suficiente, hoy se les está entregando de 20 a 30 toallas higiénicas cada trimestre del año, cantidad que de acuerdo a los expertos es a todas luces insuficiente.

Pero a pesar de que esta ley se aprobó el 19 de julio de 2022, hasta la fecha no se ha implementado, pues el decreto reglamentario continúa siendo materia de trabajo por lo que las personas menstruantes privadas de la libertad no se han podido ver beneficiadas.

Claudia Cardona, quien pasó seis años presa en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y en la actualidad dirige la Fundación Mujeres Libres, aseguró que es muy difícil gestionar tres ciclos menstruales con apenas 20 toallas, pues esto implicaría que para gestionar un periodo de cinco días, que es el tiempo promedio que dura este proceso, sólo podría utilizar una cada 24 horas.

La mujer recordó que era necesario recurrir a intercambios con sus compañeras. El ‘trueque’ podía incluir desde cigarrillos hasta regalar sus desayunos o almuerzos para obtener la cantidad necesaria de toallas higiénica

Y es que en ocasiones estos intercambios resultan ser la única manera de obtener productos para atender su periodo, pues muchas de ellas no tienen los recursos económicos suficientes para comprar toallas higiénicas en los establecimientos que tienen un valor entre las reclusas, según Cardona, de alrededor $ 30.000 a $ 40.000 pesos colombianos. Además la fundadora de Mujeres libres asegura que hasta diciembre de 2023 se le estaba incluyendo el IVA del cinco por ciento a estos productos en la tienda de artículos de primera necesidad del Inpec.

Así fue el caso de Jenny Marcela Pérez, cofundadora de Mujeres Libres: “Para mí fue muy complejo, ya que mi familia es vulnerable y si ellos tenían para darme a mí no tenían para darle a mis hijos, porque yo dejé dos hijos; entonces cuando ellos me llevaban (las toallas), me tocaba tasar para poder suplir mis necesidades porque allá no tenía cómo solventarlas”.

El Inpec señala que ellos reciben el dinero asignado y lo distribuyen a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron) a su cargo. Estos utilizan los fondos para la atención, rehabilitación del recluso y la adquisición de kits de aseo y dotación de cama, según las necesidades de cada preso.

Y es que en el Informe estadístico de la población privada de la libertad de noviembre de 2023 realizado por el Inpec se muestra que para las transferencias corrientes referentes a la alimentación, salud de la población reclusa, tratamiento al interno, sentencias y conciliaciones, entre otros, hay un total apropiado del sistema penitenciario y carcelario de un billón ciento cuarenta y seis mil ciento sesenta millones quinientos mil pesos. Esto significa que hay un costo promedio anual por persona privada de la libertad de 11’493.327 pesos. Es decir, al mes se destinarían $ 957.777 y al día, $ 31.926.

Lo cierto es que cada establecimiento de reclusión decide qué porcentaje del monto invierte en productos de higiene menstrual, medicamentos y atención médica para atender el período sin otro agente oficial involucrado en tales transacciones.

Esto resulta preocupante pues, en promedio, un paquete de diez unidades de toallas higiénicas tiene un valor de 6.230 pesos. En el mercado no existen muchos paquetes que cuenten con 20 unidades, por lo que en promedio dos paquetes de diez unidades estarían costando 12.460 pesos, lo que representa un 2,60 por ciento del presupuesto que se le destina a una persona privada de la libertad para alimentación, salud, tratamiento, sentencias y contrataciones.

Entre 50 a 100 mujeres comparten una ducha

Mantener la higiene durante el periodo menstrual es uno de los desafíos más complicados para la población privada de la libertad ya que les proporcionan agua potable solo en un horario específico y dentro de un espacio compartido.

Así lo corroboró Jenny Pérez, cofundadora de Mujeres Libres: “En mi patio nos quitaban el agua tipo cuatro de la mañana y llegaba entre las dos o seis de la tarde, en ocasiones no llegaba y esto hacía que empezáramos a sufrir infecciones porque como no teníamos el suministro, no podíamos tener una buena higiene”.

Y es que las mujeres que se encuentran en estos centros penitenciarios están obligadas a realizar su aseo personal a la vista de las demás. Por ende, si necesitan gestionar su menstruación y asear su zona íntima, están limitadas al horario establecido por la administración de la penitenciaría, causando serias afectaciones en su salud y estado de ánimo. La forma en la que funciona el suministro del agua dentro de los establecimientos depende del director del establecimiento en la zona, quien debe hacer un trabajo articulado con el ente territorial para que puedan garantizar el agua en los establecimientos.

Jenny Pérez lo explica de esta forma: “Para mí era muy incómodo, porque muchas veces uno no podía tener su privacidad porque nos teníamos que bañar delante de 50 o 100 mujeres en un patio, porque como nos quitaban el agua, había una alberca y allá era donde uno tenía que ir a bañarse. El saber que te llegaba la menstruación era tenerte que levantar a las tres de la mañana para alcanzar a bañarte en una ducha, o sea, no poder dormir. Además, si te bañas con esa agua, que es muy fría, los cólicos aumentan y esto hace que uno esté en un estado de ánimo muy bajo”.

La salud, un privilegio en las cárceles

La atención médica al interior de las cárceles se hace mediante una IPS especializada contratada a través de fondos institucionales con la que se facilita la solicitud de citas médicas y el acceso a servicios de salud, cubriendo tanto aspectos preventivos como tratamientos específicos.

No obstante, según los testimonios de personas que han estado presas, como Claudia Cardona, no siempre se cumple con efectividad: “Yo sí vi mis derechos vulnerados en cuanto a salud menstrual, ya que tenía hemorragias fuertes y cólicos. De vez en cuando me hacían una citología, pero nunca tuve acceso a los resultados y los dolores solo los trataban con ibuprofeno. Cuando salí de la cárcel fui a la ginecóloga y me salieron los exámenes mal. Ella me regañó por no haberme atendido antes, pero yo no le iba a decir que había estado en la cárcel. Fue tan malo esto que la solución fue que me hicieran histerectomía. Hoy tengo solo un ovario y síntomas de menopausia temprana”.

En eso coincide Jenny Pérez, quien relata que para que ella tuviese la posibilidad de recibir el servicio de salud durante su estancia en la cárcel El Buen Pastor “tenía que estar muy grave, quedar en cama para ser llevada a Sanidad”. Además, en el caso de tener una cita programada, “muchas veces de 20 agendadas, solo se atendían diez o cinco”.

Ella sostiene que ante la presencia de agudos episodios de cólicos, su única y más eficiente solución para poder mitigar el dolor consistía en intercambiar en el patio un cigarrillo por una tableta de ibuprofeno con sus compañeras

Martha Mahecha, directora de Atención y Tratamiento del Inpec, reconoce que “se han presentado algunas dificultades con el suministro de medicamentos”. Y asegura que la entidad se encuentra obrando para poder abordar de manera efectiva estas necesidades por medio de mesas de trabajo con planes de cumplimiento para realizar las contrataciones correspondientes.

No obstante, parecen tener una participación omnisciente en el tema. “La parte de salud que no se maneja desde el Inpec, sino que se hace un proceso de seguimiento, tiene un agente especializado en prestación de servicios de salud. Por lo tanto, se busca que se haga la parte de prevención con relación al tema de higiene menstrual, pero una vez se reglamente la ley, eso quedaría contemplado de una manera mucho más eficiente”

Asimismo, el Inpec lleva a cabo un acompañamiento para la población privada de la libertad abarcando, conforme asegura Martha Mahecha, diversas necesidades como el cumplimiento de la entrega de resultados de exámenes y petición de citas médicas.

Vulneración a la comunidad trans

Una de las poblaciones más vulneradas son las personas trans que menstrúan, que se complica por la fuerte discriminación que existe dentro de los establecimientos penitenciarios.

Así lo recordó Claudia Cardona: “Una vez, un compañero, hombre trans, se le acercó a una dragoneante y le preguntó si le podía regalar unas toallas que habían llegado de una donación. Ella respondió que porque era un hombre, un niño, según nos contó, no necesitaba”.

Y agrega que los hombres trans privados de la libertad “son totalmente invisibilizados y su experiencia menstrual y complicaciones experimentadas frente al mismo no son conocidas, comprendidas o expuestas en la sociedad”.

Desde el Inpec aseguran que a esta población se les entrega los suplementos requeridos para gestionar el ciclo menstrual por medio de solicitud o de forma trimestral en el caso que “se les tenga identificados”, asegura Martha Mahecha, quien agregó que “los establecimientos penitenciarios tienen autonomía y un deber de dar soluciones a las problemáticas inmediatas que se presentan al interior de los establecimientos”. Y agrega que “si no se han escalado los casos hasta acá, no se ha hecho intervención”.