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Datos

Radiografía de la contratación en Presidencia: el 74 % ha sido directa o 'a dedo'

Carlos Ramón González (izq) es el actual director del Dapre.

Carlos Ramón González (izq) es el actual director del Dapre.

Foto:EL TIEMPO

Acuerdos directos suman $78 mil millones. Logística y contratos con indígenas, entre los más caros.

Rafael Quintero CerónEditor de Unidad de Datos
De los 759 contratos que el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ha hecho desde el 7 de agosto de 2022 hasta la mitad de este mes, un total de 559 se han hecho bajo la modalidad de contratación directa. 

Conforme a los criterios de

Así lo pudo constatar la Unidad de Datos de EL TIEMPO tras revisar en la plataforma Secop II los acuerdos hechos desde el inicio del Gobierno hasta el 13 de febrero por la Unidad de Contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entidad encargada de la administración y el funcionamiento de la Casa de Nariño.
Eso significa que de cada cuatro acuerdos que se han firmado, tres se han hecho bajo esta modalidad conocida coloquialmente como adjudicación ‘a dedo’.
Según esas cifras, el total de la contratación hecha por el Dapre suma 163.025 millones de pesos. De ese monto, hay 78.948 millones que corresponden a acuerdos bajo la modalidad ‘directa’ y ‘directa con ofertas’, que es cuando la entidad invita directamente a proveedores o contratistas a presentar propuestas para el trabajo requerido
En pocas palabras, casi la mitad del dinero gastado por Presidencia en contratos (48 %)  ha sido a través de acuerdos de este tipo.

¿Cómo se gastaron?

De esos 78 mil millones, el 53 %, es decir 42.243 millones de pesos, se han invertido  en logistica de eventos, transmisiones oficiales por RTVC, pasajes aéreos para funcionarios, encuestas de percepción y acuerdos hechos con cabildos indígenas para los que se han usado nuevas disposiciones aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Vea en este listado los 30 acuerdos por contratación directa que más recursos han utilizado. 

¿Cómo se justificaron?

De acuerdo con la ley colombiana, la contratación directa es “el procedimiento mediante el cual se celebran contratos sin que sea necesaria la obtención previa de varias ofertas”. Estos procesos deben ser usados en casos muy claramente determinados por la ley.
Estos casos son la urgencia manifiesta, los préstamos o créditos, los contratos interadministrativos (es decir entre entidades del Estado), los gastos reservados que haga el sector defensa, los de temas científicos o tecnológicos, las fiducias, el arrendamientos de inmuebles, la prestación de servicios profesionales, cuando no haya pluralidad de personas o empresas en el mercado o para prestación de servicios profesionales.
Y de los 559 contratos revisados, el 91% fueron justificados como ‘prestación de servicios profesionales’, mientras que los convenios interadministrativos representaron el 5 % de total y la falta de pluralidad de oferentes se usó en el 4 % del total de los casos.
Sin embargo, si se analizan los 30 contratos más costosos la tendencia cambia. Los convenios interadministrativos pasan a representar el 50 %; la falta de pluralidad de oferentes, el 40 % y la prestación de servicios profesionales apenas el 10 % de esos acuerdos económicos.
Además, los dos primeros casos representaron un total de 76 mil 271 millones de pesos, mientras que los otros sumaron 2.604 millones de pesos.

Indígenas y el PND

Avanza la concentración en la plaza de Bolívar de Bogotá

Avanza la concentración en la plaza de Bolívar de Bogotá

Foto:Milton Díaz / El Tiempo

Llama la atención que entre los 30 contratos más grandes hechos bajo la modalidad de contratación directa hay siete firmados con diferentes organizaciones y cabildos indígenas del país. Todos suman 2.800 millones pesos.
Estos contratos hacen parte de una de las novedades aprobadas en mayo de 2023 en el Plan Nacional de Desarrollo. Allí se modificaron las normas sobre contratación directa para incluir la posibilidad de hacer acuerdos de este tipo con asociaciones indígenas en temas que tengan que ver con “la ejecución de programas, planes y proyectos del Plan de Desarrollo relacionados con la satisfacción de necesidades y/o servicios públicos de los pueblos y comunidades indígenas”.

Entre los 30 contratos más jugosos  hay siete firmados con diferentes  organizaciones y cabildos indígenas del país.

El acuerdo de mayor valor fue firmado en septiembre del año pasado, con una duración de tres meses, con la Confederación Indigena Tayrona por 900 millones de pesos.
Su objeto es “apoyar a la Consejería Presidencial para la Juventud, en la formulación del capítulo indígena de la Política Pública Nacional de Juventud”.
En paralelo, esa misma organización recibió un contrato por otros 300 millones de pesos, también por tres meses, cuyo objeto era “prestar los servicios necesarios para apoyar el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) que permita promover el enfoque de género”.
El segundo contrato de mayor valor firmado por autoridades indígenas se hizo el 29 de junio de 2023 con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) por 400 millones de pesos con el objeto de “apoyar el fortalecimiento” de esa organización para “promover el enfoque de género.
Duró cuatro meses y en su informe de ejecución se señala la entrega de un plan de capacitación que fue dado a conocer a 60 lideresas en 10 zonas de país, a través de siete jornadas de capacitación.
Los otros cuatro contratos fueron suscritos cada uno por 300 millones y usted los puede consultar en esta tabla interactiva.

Los acuerdos con Plaza Mayor

Instalaciones de Plaza Mayor en Medellín

Instalaciones de Plaza Mayor en Medellín

Foto:Archivo EL TIEMPO

En lo corrido del actual gobierno, Plaza Mayor, empresa de Medellín especializada en logística, se ha convertido en el proveedor oficial para la organización de todos los eventos de la Presidencia y la Vicepresidencia. Prueba de ello es que desde agosto del 2022 ha firmado cinco contratos, todos por vía directa, que suman 13.220 millones de pesos.
Los contratos se hicieron bajo la modalidad de 'acuerdo interinstitucional', toda vez que el 87 % de la participación accionaria de esta firma es pública: (el distrito de Medellín tiene el 75 %, la gobernación de Antioquia el 4 % y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia el 5 %). Su actual representante legal y gerente es Víctor Hugo Zapata Madrigal, quien fue nombrado en el cargo en 2020 por el entonces alcalde Daniel Quintero.
Todos los acuerdos tienen como objeto “prestar los servicios de producción, organización y logística” de todos los eventos que requiera la Presidencia. El primero de ellos, por 3.897 millones de pesos, se adjudicó el 12 de septiembre de 2022 y terminó el 15 de junio de 2023.
El segundo, el más oneroso de los tres, fue por 6.809 millones de pesos, comenzó a ejecutarse el 16 de junio de 2023 y se prolongó hasta el 31 de octubre de ese año. A este acuerdo se le hizo una adición de 1.500 millones de pesos y se prolongó su vigencia hasta diciembre para mantener la prestación del servicio.
Luego de ese se suscribió un nuevo acuerdo por apenas 26 dias y un valor 2.513 millones de pesos. Comenzó el 6 de diciembre de 2023 y terminó el 31 de diciembre de ese mismo año, para luego firmar el que está vigente por valor de 3.645 millones de pesos y que irá hasta el 30 de abril de este año.
Pero además, Plaza Mayor suscribió en noviembre del año pasado un contrato aparte para “los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demás actividades requeridas por el Despacho de la Vicepresidenta de la República”, Francia Márquez. Ese acuerdo tiene un valor de 3.600 millones de pesos e irá hasta mayo de este año.

El contrato de protocolo

Entre los 30 contratos más costosos firmados de forma directa por la Presidencia solo hay uno en el que aparece una persona natural. Se trata del de Ingrid Carolina Plata Navias, quien es reconocida ante la opinión pública por ser una de las mejores amigas de la actual Primera Dama, Verónica Alcocer,  y esposa de Danilo Romero Gómez, empresario santandereano que financió parte de la campaña de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá.
El contrato de Plata Navias, cuyo valor es de 482 millones de pesos, tiene que ver con toda la gestión protocolaria de la Casa de Nariño. Textualmente señala que está encargada de “los servicios de apoyo a la gestión en la organización, coordinación, manejo y seguimiento de las actividades protocolarias e implementación de la logística” en la Casa de Nariño".
Este acuerdo por prestación de servicios comenzó el 17 de diciembre de 2022 y se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2024. Su pago se hace en mensualidades de un poco más de 10 millones de pesos.
El desembolso más reciente, del último mes de 2023, señala que Plata organizó “22 desayunos. 20 almuerzos, 40 reuniones varias, 20 cenas, tres visitas protocolarias y dos Consejos de ministros”.

Otros servicios en los contratos

Además de los acuerdos ya mencionados, entre los contratos más grandes firmados directamente hay varios para el funcionamiento y gestión de la Presidencia. Por ejemplo, están los dos suscritos con RTVC, por valor de 11.479 millones de pesos, para la difusión de mensajes y programas de la Presidencia.
Igualmente aparecen dos acuerdos para entregar pasajes aéreos a los funcionarios del Dapre, firmados con Satena por 6.361 millones de pesos.
También hay otro suscrito por la Presidencia con la empresa Soluciones Paisajísticas y Arquitectónicas SAS, cuyo valor es de 522 millones de pesos y tiene como finalidad "el mantenimiento, diseño y restauración de los jardines (incluyendo insumos y material vegetal) ubicados en las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia”. Tiene vigencia hasta noviembre de este año.
También se destacan los dos contratos con el Centro Nacional de Consultoría, que en total suman 1.135 millones de pesos, y cuyo objeto es prestar “servicios especializados para la realización de encuestas que permitan determinar la percepción, satisfacción y efectividad de la gestión y el desempeño de las estrategias, proyectos e iniciativas adelantadas por el Gobierno Nacional”.
El primero se firmó el 2 de febrero de 2023. El nuevo se asignó el 27 de diciembre y terminará el próximo 29 de febrero.
RAFAEL QUINTERO CERÓN
EditorUnidad de Datos EL TIEMPO
En redes: @TheFugazi
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