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Reforma agraria: ¿concertada o la fuerza? | Análisis de Cecilia López

La exministra estará al frente del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico.

La exministra estará al frente del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico.

Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La exministra dice que la reforma agraria es impostergable, pero debe hacerse mediante concertación.

Cecilia López Montaño
Uno de los mayores méritos del presidente Gustavo Petro fue crear el ambiente positivo para hacer una reforma agraria, es decir, para que el país aceptara por fin los costos de la concentración de la tierra en Colombia. Después del fracaso de varios presidentes del establecimiento, como diría el actual presidente, por fin se entendió que al distribuir la tierra y volverla productiva se lograrían grandes trasformaciones en el país.

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Primero, la reforma agraria sí es un instrumento para alcanzar la paz, porque como se estableció en el Acuerdo de La Habana, sin resolver el tema de la tierra es imposible acabar con las causas de la violencia. En segundo lugar, la transición energética depende de convertir el campo en una potencia agroindustrial sostenible, esa es la manera más fácil de sustituir la economía extractivista y contaminante. Y tan importante como las anteriores, la justicia social, porque la brecha rural y urbana es una de nuestras grandes vergüenzas.
Gracias a ese ambiente positivo se logró un hecho histórico: involucrar en este proceso a la sociedad, incluso a esa parte de esta que se ha beneficiado de las brechas sociales y económicas que nos caracterizan. Pero ninguno de los comprometidos con esta responsabilidad podía suponer que era una tarea fácil y sin conflictos. Tal vez sea el momento de recordar que la premisa de que iba a ser una reforma agraria concertada era la que le daba el oxígeno necesario para avanzar en este propósito tan retador.
(Puede interesarle: Gobierno entregará 780 hectáreas de tierra a 272 familias en los Montes de María)
A finales de enero, la ANT le compró al Fondo de Víctimas el predio Lucitania, que es un terreno productivo con cultivo de palma de aceite. Este tiene una extensión de 447 hectáreas.

A finales de enero, la ANT le compró al Fondo de Víctimas el predio Lucitania, que es un terreno productivo con cultivo de palma de aceite. Este tiene una extensión de 447 hectáreas.

Foto:ANT

Obviamente, la sola propiedad de la tierra ha sido fuente de un gran poder político y económico y por ello su conservación, incluso sin explotación, ha permitido la permanencia de grandes extensiones en regiones como el Caribe y el Magdalena Medio, entre otras. El valor subestimado de los predios y nulos incentivos para volverlos productivos llevaron a consolidar los latifundios, muchos de ellos dedicados a la ganadería extensiva o a producción agrícola de bajo rendimiento.
La propuesta inicial del Gobierno era llevar el valor de la tierra rural a sus niveles reales, mediante la aceleración del Catastro Multipropósito en las zonas priorizadas, con el fin de que los impuestos prediales obligaran a los propietarios a tomar decisiones con criterios económicos. Las opciones eran mejorar el sistema productivo con apoyo del Gobierno para hacerlo más rentable o vender sus predios en el mercado de tierras, donde el Estado sería un actor determinante.
Esta fue la base del acuerdo con Fedegán cuyo propósito es “posibilitar la compraventa directa de tres (3) millones de hectáreas de tierra por parte del Gobierno Nacional a personas pertenecientes al sector ganadero que voluntariamente deseen venderlas”. A partir de este acuerdo se generó un clima de confianza que incentivó significativamente la oferta de tierras por parte de este y de otros sectores vinculados a la producción del campo.

Ajustar la meta

Para los conocedores de la actividad agropecuaria y de sus instituciones era obvio que comprar tierras, distribuirlas y acompañarlas con proyectos productivos tomaría su tiempo. Este reconocimiento llevó a considerar la necesidad de ajustar la meta de los tres millones de hectáreas a un millón y medio durante el gobierno actual, lo cual ya sería un gran avance.
Un tema que no se ha planteado es que para lograr este reto se necesitaba un aparato estatal eficiente, despolitizado, que hiciera uso de los instrumentos disponibles para responder a una demanda que no había existido antes. Ninguna entidad del sector agropecuario se había visto enfrentada a las tareas que ahora tendría que asumir. Era evidente que errores como comprar tierra de origen ilegal o improductiva podían matar la reforma. Por eso siempre se dijo que esta reforma agraria concertada era una tarea de filigrana.
(Además: La alerta por el decreto del Minagricultura que revive el fantasma de la expropiación)
Cecilia López, nueva ministra de agricultura para el gobierno de Gustavo Petro.

Cecilia López, nueva ministra de agricultura para el gobierno de Gustavo Petro.

Foto:Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Pero esta complejidad no la entendió el Gobierno, el Presidente perdió la paciencia y sus funcionarios se enfrentaron al siguiente dilema: o se volvían muy eficientes y superaban rápidamente los obstáculos y las debilidades de los instrumentos vigentes o se movían de una reforma agraria concertada a una radical. Desde hace meses aparecieron señales de que la primera no fue la opción elegida. Se empezó a afirmar que era imposible actuar hoy con normas viejas, refiriéndose, entre otras, a la Ley 160 de 1994 y al Decreto ley 902 de 2017 que reglamentó el primer punto del Acuerdo de Paz. Bajo el argumento de supuestas normas obsoletas se ha estado ocultando la ineficiencia de los funcionarios, es decir, su incapacidad de avanzar cumpliendo las leyes vigentes.
Ante el dilema planteado, la primera salida fue la expropiación exprés, con la que se buscaba que en 21 días se declarara la transferencia de un predio a la Agencia Nacional de Tierras, sin que mediara la decisión de un juez, procedimiento muy riesgoso, porque limitaba las garantías de los propietarios. Hubo un gran rechazo, aun dentro del mismo Gobierno, y obviamente el Congreso se negó a debatirlo.
Dada esta negativa surgió ahora la posibilidad de aplicar la extinción del dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad con un argumento loable, producir alimentos para enfrentar el hambre. Si bien esa figura legal está contemplada para algunos casos, la nueva reglamentación contenida en un proyecto de decreto crea nuevas causales para su aplicación, lo cual corresponde a una decisión del Congreso y no del Ministerio de Agricultura.
Un análisis jurídico de esta reglamentación advierte que “la extinción es una figura que anula los derechos de propiedad por cuanto, su uso debe estar limitado solo a los casos más graves y claros de la violación de la función social y ecológica”. Otra preocupación se refiere a la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras que tiene funciones administrativas asuma funciones judiciales. ¿En este caso dicha Agencia actuaría como juez y parte?

No generar ruido 

Frente a todas estas dudas sin respuestas claras, que para muchos representan temores e incertidumbres, es necesario advertir que lo que no puede pasar hoy es generar un inmenso ruido que mate el gran éxito del presidente Petro. Este ha sido ubicar la reforma agraria como impostergable en la agenda nacional. Pero adicionalmente, una reforma agraria radical, a la fuerza, como se está planteando ahora, debe analizarse en el contexto actual del mundo rural. Así el gobierno hable de ‘paz total’, de reconciliación y de cese del fuego con el Eln, la verdad es que el campo colombiano está en guerra, los fantasmas del pasado reciente siguen vivos, como por ejemplo el asesinato de líderes sociales, el paramilitarismo y otras fuentes de violencia.
La polémica que ya empezó necesita una visión equilibrada entre quienes podrían estar defendiendo el statu quo y el gobierno que plantea su visión de cambio. A estas alturas pensar que se pueden defender los argumentos que permitieron que Colombia no haya hecho la reforma agraria es absurdo. Así mismo, pretender que el Gobierno pase de una reforma agraria concertada a una radical equivaldría a prender la llama que acabaría con la posibilidad de distribuir la tierra, de incentivar el campo, de movernos hacia una economía sostenible y de hacer posible la transición energética.
(Siga leyendo: Lo que trae el decreto del Minagricultura que espera agilizar procesos agrarios)
Agricultura del Cesar

Agricultura del Cesar

Foto:Secretraría de Agricultura del Cesar

Está en juego nada menos que uno de los profundos cambios que prometió el Presidente para llegar a la primera magistratura. La posibilidad de frustrar nuevamente la reforma agraria en Colombia por decisiones equivocadas, aceleradas y sin medir los costos está latente y representaría un error histórico. No solo perdería el 23 por ciento de los colombianos que viven en el campo, sino todo el país. Un país con una economía desacelerada no puede darse el lujo de frustrar la reactivación de un sector clave por la incertidumbre que se está generando sobre su futuro.
Como no se trata de echarla leña al fuego, sino de analizar objetivamente otras alternativas para hacer realidad la reforma agraria, vale la pena preguntarse: ¿en qué quedó la propuesta que se le entregó al Presidente en marzo, en la que se identificaron seis millones de hectáreas en la región Caribe y el Magdalena Medio, dentro de las cuales había un potencial de compra cercano a la meta del millón y medio? Se trataba de una negociación con los propietarios para que además de venderle al Estado una parte de su predio pudieran recibir incentivos para explotar más eficientemente la tierra que conservaban. Esta era una reforma agraria concertada que no generaba temores como los actuales que se derivan de una reforma a la fuerza que sería la llama que Colombia no necesita.
Desafortunadamente, el diálogo, elemento esencial de la democracia, ha sido sustituido en todos los ámbitos por una profunda polarización, parecería que tender puentes entre sectores opositores no se considera parte esencial de la paz. Estas reflexiones producto de una larga experiencia en estos temas solo buscan reiterar la profunda importancia de no acabar con la posibilidad de que Colombia resuelva una de las causas de su inequidad, de su violencia y de su baja productividad.
Señor Presidente, tiene en sus manos la posibilidad de hacer una reforma que consolide la paz y le cierre la puerta a la violencia, algo que otros presidentes no pudieron hacer. Tiene además la posibilidad de recuperar el ambiente positivo para lograrlo, no permita que se desdibuje su propuesta original de campaña.
CECILIA LÓPEZ MONTAÑO
Para EL TIEMPO
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