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Por qué hay revuelo por intervención del Gobierno en el presupuesto del 2024 / Análisis

Entre los proyectos damnificados con los ajustes al Presupuesto del 2024 está el metro de Bogotá.

Entre los proyectos damnificados con los ajustes al Presupuesto del 2024 está el metro de Bogotá.

Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En contra de lo que le dijeron los técnicos, la Casa de Nariño le metió mano al presupuesto de 2024.

Ricardo ávila
Lo normal es que sea un trámite que pasa desapercibido para la inmensa mayoría de los colombianos. Cuando llegan los últimos días de cada año, el Presidente de la República expide un extenso decreto mediante el cual identifica los ingresos y define los gastos detallados del sector público para el calendario que comienza el 1.º de enero, a partir de lo que dice el Presupuesto General de la Nación aprobado previamente por el Congreso.

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Son pocos quienes se leen un texto lleno de renglones con muchos números, que especifica las partidas establecidas para el universo de entidades y programas estatales. A pesar de lo monótona que pueda parecer, la norma es fundamental a la hora de hacer mover la maquinaria gubernamental, pues le da orden y respaldo a cada pago realizado. Dicho de otra manera, lo que no esté identificado allí, no se puede girar.
Si se hacen las cosas como lo ordena el artículo 67 del Decreto 111 de 1996, más conocido como el estatuto orgánico del presupuesto, el espacio para sorpresas es nulo. Pero con el Decreto 2295 de 2023 pasó algo inédito: la versión que terminaba con el conocido “publíquese y cúmplase” no coincidía con la que había preparado originalmente el Ministerio de Hacienda para remitirle a la Casa de Nariño.
El motivo fue una orden dada por esta última, que derivó en la eliminación de 108 rubros que no quedaron discriminados, por un valor cercano a los 13 billones de pesos y que acabaron en una partida global. Así terminaron siendo afectados 65 proyectos del Instituto Nacional de Vías, 24 de la Agencia Nacional de Infraestructura, 11 del Ministerio de Educación y una serie de asignaciones en cabeza de Hacienda relacionadas con transporte masivo y sistemas férreos, tal como lo publicó el diario Portafolio, de esta Casa Editorial.
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¿Qué pasa con la suma que quedó en el aire y equivale a algo más de una séptima parte de los recursos pertenecientes a la inversión pública en 2024? La respuesta no está clara todavía, pero sí parece que una gran cantidad de obras de infraestructura –donde está el grueso de los recursos en veremos– que van desde las autopistas de cuarta generación hasta la construcción del metro de Bogotá habrían quedado en el aire.
Y aquí surgen coincidencias que quizás no sean casuales. Los lugares más afectados por la decisión de Presidencia son liderados por gobernantes locales distantes del Pacto Histórico, como es el caso de Antioquia, Medellín y la capital de la República. La inquietud sobre si hay una especie de revancha política está en el ambiente.
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Voces en contra

Jorge Iván González está en la dirección del Departamento Nacional de Planeación desde agosto de 2022.

Jorge Iván González está en la dirección del Departamento Nacional de Planeación desde agosto de 2022.

Foto:Néstor Gómez / EL TIEMPO

Que el asunto ocasionó fuertes discusiones en el interior del Gobierno es evidente. En los últimos días se han presentado varias renuncias de técnicos, comenzando por Jorge Iván González, quien le habría expresado al propio Gustavo Petro su desacuerdo con lo hecho. Desde antes la relación entre los dos era incómoda, pero esta fue la gota que acabó desbordando el vaso.
Aparte del director de Planeación Nacional también se fue el subdirector de la entidad y la coordinadora del grupo de asuntos jurídicos de la Dirección de Presupuesto en el Ministerio de Hacienda, entre otras personas. Entre los argumentos expuestos por los que salieron estuvo la posibilidad de que la Nación se vea expuesta a litigios por incumplir compromisos adquiridos con entes regionales y operadores privados.
No menos grave es la posibilidad de que una demanda tumbe el decreto expedido en diciembre, con lo cual se caería el instrumento que permite que se hagan los pagos estatales, comenzando por los giros de nómina y otros rubros de funcionamiento. Hay opiniones divergentes, pero si la madeja se enreda más, habría incluso que volver al Congreso para destrabar las cosas, un proceso que puede tardar semanas.
(Además: Siguen las alertas sobre el Presupuesto General del 2024)
Al respecto, el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, afirma que “entre todo lo sucedido hasta ahora, este es el mayor atropello que ha cometido el Gobierno”. Agrega que lo hecho “desconoce la ley y acaba con la obligación de honrar no solo lo que se aprobó en el Capitolio, sino los contratos suscritos por la Nación, lo cual es una especie de default o incumplimiento de varias deudas”.
Por su parte, el exministro Juan Camilo Restrepo sostiene que “esto nace de la creencia de Petro de que él puede ser un reyezuelo en materia presupuestal, para darles garrote a unos y beneficios a otros”. Afirma que aquí se está socavando un pilar fundamental de la democracia y la división de poderes: “El gasto lo decide el Congreso y su ejecución le corresponde al Ejecutivo”.
Soluciones que acaben con los peligros actuales existen. “No veo otra salida que sacar un decreto de yerros que replique lo que se decidió originalmente en el ámbito parlamentario”, sostiene Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Algo de ese estilo se puede usar sin traumatismos. El pasado 5 de febrero fue expedida una norma, referente a la apropiación específica del programa de calidad y fomento de la educación superior, que había quedado mal.
La pregunta es si en los demás casos en veremos hay voluntad de dar marcha atrás.
Quienes saben del asunto sostienen que funcionarios de Planeación, Hacienda y Presidencia se han reunido todos los días en la Casa de Nariño para buscar una salida.
En el entretanto, Ricardo Bonilla hizo el viernes una serie de planteamientos. Según el encargado de las finanzas públicas, “no hay ninguna opacidad en el presupuesto”. Resaltó que hay una discusión sobre partidas globales “y qué tanto se están ejecutando los proyectos”.
Para este proyecto entre Mulaló y Loboguerrero, el concesionario hizo dos consultas previas con comunidades negras de las dos zonas.

Para este proyecto entre Mulaló y Loboguerrero, el concesionario hizo dos consultas previas con comunidades negras de las dos zonas.

Foto:Cortesía Covimar

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Puso como ejemplo concreto el caso de la vía que uniría a Mulaló con Loboguerrero en el Valle, cuya construcción está detenida. “La plata se va para una fiducia y la necesitamos en otro lado”, dijo el minhacienda.
Añadió igualmente que tuvo lugar “un ejercicio de priorización que pidió el Presidente para que miremos el estado en que está cada una de esas obras (que ahora no tienen asignación específica), porque necesitamos recursos para otras obras y hoy está cerrado el espacio”.
Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz.

Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz.

Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

Aceptó que viene una renegociación de las vigencias futuras, que son la fuente de pago de las grandes iniciativas de infraestructura. “El proceso es que vamos a examinar el grado de avance” de cada proyecto y a partir de ahí revisar las cifras que se girarían, según el funcionario.
Tras el pronunciamiento, Juan Camilo Restrepo sostuvo que “no solo reconoce que en el presupuesto de 2024 ahora hay partidas globales, lo que está prohibido, sino que surge un factor más de incertidumbre e inseguridad jurídica que se introduce a todo lo que tiene que ver con la infraestructura”.
Por su parte, el representante de los directamente afectados también se pronunció. “Perentoria e inaplazable la expedición del decreto de desagregación del presupuesto de la ANI-Invías para garantizar la buena marcha de obras estratégicas para la conectividad del país”, escribió Juan Martín Caicedo, la cabeza de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en su cuenta de X.

Bolsillo roto

Más allá de las especulaciones sobre vendettas políticas, varios analistas han señalado que las finanzas gubernamentales pasan por un mal momento, como lo dejó en claro la reciente presentación del Plan Financiero de 2024, a cargo del Ministerio de Hacienda. Para comenzar, en 2023 no se cumplieron las proyecciones de ingresos en 12,8 billones de pesos, sobre todo porque la Dian se quedó corta en los recaudos ante el desplome de las importaciones y los aranceles que estas pagan.
Aun así, la situación acabó siendo manejable debido a la menor devaluación y la baja tasa de ejecución de los programas gubernamentales. Como consecuencia, el déficit fiscal fue ligeramente menor que el establecido como objetivo inicial.
(También: Metro de Bogotá y 20 vías 4G, entre las obras con recursos en vilo del Presupuesto 2024)
Para este año, la realidad pinta ser mucho más difícil. El motivo principal es que a las arcas estatales llegarían 32 billones de pesos menos de lo calculado originalmente, ante lo cual habría que hacer recortes de gasto por 16,7 billones de pesos para quedar en el límite de lo que permite la regla fiscal. De todas maneras, el déficit será muy superior al previo, lo cual causa ansiedad en los mercados de deuda.
Mientras ve reducido su margen de maniobra, la Casa de Nariño ha expresado su insatisfacción al no ver reflejadas las que considera sus prioridades. La reciente visita del alto gobierno a los departamentos del litoral Pacífico vino acompañada de una serie de promesas que, por ahora, no hay cómo concretar, como el acueducto de Quibdó.

Más allá de las especulaciones sobre ‘vendettas’ políticas, varios analistas han señalado que las finanzas gubernamentales pasan por un mal momento, como quedó claro en el  Plan Financiero de 2024.

Ante la insatisfacción expresada por Gustavo Petro, en el sentido de que las regiones más cercanas al Pacto Histórico recibirían una tajada presupuestal comparativamente inferior a las de aquellas donde la opinión no lo acompaña mayoritariamente, han surgido los cuestionamientos. Ello explica la intención de “raspar la olla” o de reasignar lo que ya estaba definido, con el fin de que se cumpla la voluntad presidencial.
Nada de esto habría ocurrido si en el momento oportuno las diferentes carteras hubieran hecho bien su tarea. La construcción del presupuesto de la vigencia siguiente comienza con meses de antelación e incluye las prioridades establecidas por cada ministerio, ajustadas a los recursos disponibles.
Aunque nunca es suficiente, cuando la labor se hace con juicio y el Presidente de la República se preocupa por examinar a tiempo y con detalle a dónde se va a ir un presupuesto billonario, el resultado es positivo. Pero en caso de que, como ahora, se venga a descubrir con muchas semanas de retraso que el jefe del Estado se encuentra molesto con lo que hizo su propio equipo –y que él mismo refrendó al sancionar la ley que fue aprobada por el Congreso– aparecen problemas de marca mayor.
De un lado, está la creciente frustración de un mandatario que cada vez es más ácido con sus funcionarios, quienes viven bajo una inmensa presión. La tensión existente deriva en roces internos que fragmentan una administración que ya venía balcanizada por cuenta de las rivalidades personales y un estilo de liderazgo distante de los asuntos del día a día.
Del otro, surge el peligro de cometer todavía más errores con el fin de darle gusto al jefe. Obedecer sin chistar puede ser entendido como lo correcto, pero la verdadera lealtad –tanto con el superior como con el país– es saber decir que no cuando se está a punto de cometer equivocaciones protuberantes.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Foto:Presidencia

Más grave todavía es eso de pensar que hacer las cosas de acuerdo con los procedimientos legales establecidos y honrar los compromisos adquiridos equivale a una especie de traición a la causa del progresismo. Pretender que los técnicos acaben siendo remplazados por activistas inspirados en la ideología es abrir una caja de Pandora de la cual podrían salir muchos demonios.
La razón es que no solo el respeto a las normas presupuestales está en juego, sino también la propia salud de la economía. En caso de que se afiance la impresión de que aquellos que están en los más altos cargos están incumpliendo su responsabilidad fiduciaria de obrar por el bien común y mantener la casa en orden, los platos rotos serán pagados por todos los colombianos.
Y eso se vuelve todavía más crucial a la luz del reporte que dará el Dane la semana que viene con respecto al crecimiento económico del año pasado, el cual apunta a ser cercano al uno por ciento. En medio de semejante desaceleración, lo que procede es hacer las cosas bien y construir confianza, para que la inversión productiva se convierta en el motor de la reactivación.
Lamentablemente, nada de eso será posible en medio de un desbarajuste presupuestal como el de ahora. De seguir por el mismo camino, a Gustavo Petro le quedará todavía más difícil cumplir con sus promesas de campaña, así siga insistiendo en que la culpa de lo que le pasa a su gobierno es de los demás.
RICARDO ÁVILA
Especial para EL TIEMPO
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