Cárceles en Colombia: cómo es la vida de los venezolanos detenidos y condenados en el país

Ella recuerda con detalles los 334 días que demoró recluida en la cárcel el ‘Mamón’ de Valledupar. Su paso por ese centro penitenciario se remonta a octubre de 2019, cuando se encontraba en una calle de la capital del César ejerciendo como trabajadora sexual.

Charlot Chirinos, oriunda de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, para esa fecha ya tenía 4 años residiendo en Colombia. “Había estado en La Guajira, Pereira, Casanare, Cartagena y Barranquilla, pero decidí irme a Valledupar para continuar trabajando”.

(Vea en realidad virtual cómo viven los presos en una estación de Policía)

Para poder estar en la zona que escogió para ofrecer sus servicios debía —junto con otras mujeres— pagarle “una vacuna” a un hombre que todas las noches pasaba por el dinero. “Las que no tenían la plata eran agredidas física y sexualmente, e incluso, muchas de ellas quedaban inconscientes de las golpizas que este hombre les daba”.

Cuenta que en la noche del 4 de octubre de 2019 el hombre llegó a cobrarle la cuota y al no tener el dinero este le propinó una puñalada en la pierna y le arrebató su celular. “Mis compañeras al ver la situación le caen al hombre, incluyéndome, y comenzamos a golpearlo. El hombre quedó mal herido y murió desangrado en la zona. A lo que llegan las autoridades, yo era la única que quedaba en ese sitió, me capturan y me llevan detenida”.

De acuerdo con la rama judicial, las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento se llevan a cabo el 5 de octubre. Se ordenó que fuera recluida en un centro penitenciario por el delito de homicidio agravado.

Chirino, quien es una mujer trans de 30 años, asegura que pasó dos meses en una estación de Policía junto con otros hombres. “En ese sitio, a pesar de todo, intentaron respetar mi condición. Yo estaba en Colombia en condición irregular. El trato fue aceptable, pero todo cambió cuando me pasaron a la cárcel”.

Relata que el día de su traslado esperaba la visita de su mamá quien tenía cuatro años sin verla. “No pude hablar con ella, ni abrazarla, simplemente no me dejaron”.

Al llegar al centro penitenciario fue ubicada en el “patio especial” (el quinto) el cual está reservado para las personas de la comunidad LGBTI, sin embargo, al llegar a ese patio se percató que ese sitió habían personas de la tercera edad, pacientes psiquiátricos, violadores y a personas que no acepta en otros patios por su mala conducta.

“Ser migrante y trans en una cárcel de Colombia es como vivir un doble infierno. La discriminación era doble, por parte de los mismos internos y de los funcionarios en razón de mi nacionalidad y de mi condición sexual. Me pusieron muchas barreras para acceder a los servicios de salud, alimentación e incluso viví discriminación del abogado de oficio que me asignaron”, explica la mujer.

Señala que durante las audiencias preparatorias de juicio el abogado se refería a ella con su nombre masculino. “Yo solicité que me fuera asignado un abogado que reconociera mi condición sexual y que conociera de enfoque diferencial, pues si él me seguía representando el proceso se centraría en el hecho y se omitiría el contexto en el que se dio”.

Fue así como se le asignó a una abogada, pero asegura que la defensa “se olvidó” de su caso y ella misma comenzó a oficiar al juzgado que tenía su caso para que se le concediera la libertad por vencimiento de términos, la cual fue concedida 11 meses después de haber ingresado a esa cárcel.

También cuenta que estando en ese centro penitenciario no pudo recibir la visita de su mamá, toda vez que ella había entrado al país de manera ilegal. “Estuve todos esos meses sin el apoyo de un familiar, sin recibir una visita. Mi mamá nunca pudo entrar por no tener el sello en el pasaporte que indicará que entró legal”.

El caso de Charlot en la actualidad, según la Rama Judicial, se encuentra en juicio oral, pero este ha sido aplazado en varias oportunidades.

“Si para un colombiano ya este sistema judicial es complicado y se dificulta para un venezolano, no me quiero imaginar cómo será para un extranjero que no habla español y que no tiene recursos. La justicia y los abogados terminan olvidándonos”, dijo la mujer.

La anterior historia abre el abanico para revisar cuál es la situación de la población migrante venezolana en los centros penitenciarios del país.

De acuerdo con cifras del Inpec, a corte de mayo, la población extranjera en los centros penitenciarios en Colombia ronda los 4.897, de los cuales 4.463 eran venezolanos.

Las estadísticas, en cuanto a las personas del país vecino, reportan que de manera intramural, en condición de condenados hay 2.057 hombres y 136 son mujeres. En materia de sindicados, 853 son hombres y 141 son mujeres.

Al dar el reporte de las domiciliarias, tenemos que 780 hombres y 169 mujeres están en detención, y 194 hombres y 60 mujeres están en prisión.

Con vigilancia electrónica, tenemos que condenados hay 46 hombres y 3 tres mujeres; mientras que sindicados 42 son hombres y 9 mujeres.

En cuanto a los centros penitenciarios en los que hay más venezolanos, se encuentra el complejo carcelario de Cúcuta que alberga 592 venezolanos, seguido de la cárcel de Riohacha con 384. El centro penitenciario El Barne, en Boyacá con 314 venezolanos; la cárcel Modelo de Bogotá, con 304; La Picota de Bogotá registra 294 venezolanos, mientras que la cárcel de Bellavista, en Bello, Antioquía, tiene en sus instalaciones a 259 ciudadanos del vecino país.

La cárcel de Bucaramanga tiene 148 y en la cárcel de Valledupar los venezolanos recluidos llegan a 124, mientras que la cárcel Pedregal de Antioquia alberga 122 venezolanos, el Buen Pastor de Bogotá (solo de mujeres) tiene una población de 115 internas venezolanas, en el establecimiento de Jamundí, en Valle del Cauca, registra una población relevante de ciudadanos del vecino país con 109.

El centro penitenciario carcelario de Cartagena, San Sebastián La Ternera, la población venezolana llega a 104, una cifra similar a la que se tiene en la cárcel de Villahermosa, en Cali. En la cárcel La Modelo de Barranquilla, la población de venezolanos que hace parte sus registros se ubica en 76, y la cárcel de Girón, Santander, tiene 73 venezolanos.

En la cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Valledupar, ‘la Tramacúa’, una de las de mayor seguridad en Colombia, la población venezolana llega a 44.

Aunque las estadísticas del Inpec no desglosa por nacionalidad la modalidad delictiva de la población extranjera, se tiene que 1658 personas están detenidas por hurto; 1243 por tráfico de estupefaciente, 709 por homicidio, y resto por delitos como tráfico de armas, extorsión, secuestro, terrorismo, acto sexual violento, entre otros.

José Manuel Vera, alias Satanás, quien se encuentra en la cárcel ‘la Tramacúa’, es uno de los ciudadanos venezolanos capturados con grado de peligrosidad.

Alias Satanás sería el responsable de liderar el tráfico local de sustancias psicoactivas y además de graves delitos como la extorsión y el homicidio. Su negocio criminal se movía principalmente en zonas de bares, discotecas, sitios de lenocinio y el comercio.

Este hombre, de 30 años, fue capturado a finales del año pasado en Ecuador y estaba siendo buscado por el delito de secuestro, asesinato y robo, todos llevados a cabo en Colombia.

También está Tommy Joel Zerpa Brito, conocido como ‘Tommy Masacre’, de 27 años, quien fue condenado a 37 años y 6 meses por homicidio agravado.

Este hombre es señalado de pertenecer a la banda “los Costeños”, que opera en la ciudad de Barranquilla y varios municipios del Atlántico. En la actualidad se encuentra recluido en la cárcel y penitenciaria con alta y media seguridad de La Dorada, Caldas.

JESÚS BLANQUICET
​Redacción Justicia