El día que Angie fue al hospital a practicarse su segunda ecografía no pudo ingresar con su pareja. Había empezado la pandemia del covid-19 y las medidas sanitarias para prevenir los contagios por esos días eran muy restrictivas, en especial para las mujeres y personas gestantes.

“Colóquese la bata y acomódese en ese papel, me dijo el médico. La camilla tenía un papel, entonces lo que hice fue que me senté y me acosté de lado, de la misma forma que lo había hecho en el otro lugar —donde se hizo la primera ecografía—. Cuando ese señor me regañó y me dijo: '¿Quién le dijo que se acostara y se volteara?, abra esas piernas que es de frente, ponga los pies en el burro'; entonces, pensé: 'Esa no es la manera de hablarle a una mujer que va con esa ilusión de ver por primera vez a su bebé… ese fue mi primer contacto con la violencia obstétrica”, señala Angie.

Abandonó el hospital y se fue a su casa bastante aturdida por las palabras del médico. “Me puse a pensar en lo que le pasó a mi mamá. Yo tenía mucho miedo, porque no quería que un momento tan importante lo fuera a tener que vivir así”, se decía Angie, mientras al mismo tiempo se cuestionaba con una serie de preguntas. “¿Qué hago?, ¿cómo escapo de esto?, ¿a quién acudo?, ¿quién me puede ayudar?”.

En los últimos tres años en Colombia, especialmente con la llegada de la pandemia, las mujeres han empezado a compartir sus experiencias a través de las redes sociales y de organizaciones sociales sin ánimo de lucro, que velan por el parto respetado en el país.

Huitaca, Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, es uno de estos lugares. En su informe ‘Se robaron mi parto’, entregan una radiografía construida con el testimonio de 106 mujeres de todo el país que, entre 1986 y el 2018, cuentan haber recibido tratos irrespetuosos y violentos durante su proceso de gestación, parto y postparto.

Esta situación llevó a que Angie empezara a investigar por su cuenta si existían formas menos “traumáticas” para parir. “Encontré información sobre una iniciativa que han empezado a llamar aquí en Colombia ‘parto humanizado’. Luego vi que en otros países es ley, incluso aquí ya lo es —en 2022 se aprobó la Ley 2244 —, pero parece que casi no se pone en práctica”, señala.

Si bien en Colombia no existe un concepto jurídico o una definición desde la ginecobstetricia que explique qué podría ser visto como violencia obstétrica, algunos países en América Latina como Venezuela (2007), Bolivia (2012), Panamá (2013), Costa Rica (2018), Ecuador (2018) y Chile (2021) han expedido leyes que consideran a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género.

Se apoyan en el concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala a este tipo de violencia como “todas aquellas situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación de tratamiento durante el embarazo y la etapa previa y durante el parto o el postparto, en centros de salud públicos y privados (...) que se caracterizan por un trato deshumanizador o discriminatorio que causan un daño físico, psicológico o moral a la mujer”.

Angie investigó durante todo su embarazo sobre qué podría ser catalogado violencia obstétrica y cómo podría acceder a un parto humanizado. Su miedo no cesaba, se sentía sola y confundida y una cosa llevó a la otra. De los testimonios descarnados de otras mujeres, pasó a las historias positivas y supo de la existencia de las doulas, hombres y mujeres dedicados al acompañamiento de personas con capacidad de gestar, durante la gestación, el parto, el posparto y la lactancia.

Un día, después de indagar tanto y con poco más de cuatro meses de embarazo, conoció a la doula y partera Marcela Ocampo a través de un grupo en Facebook llamado Parto Humanizado Medellín, una red de apoyo donde las familias, las doulas y el personal de la salud buscan brindar información sobre parto humanizado y respetado.

Marcela se formó en partería en Alemania y más tarde en doulismo con la organización internacional Doula Caribe, un movimiento que surgió en 1993 en Puerto Rico y que llegó a Colombia en 2011. También hizo parte del Grupo Nacer de la Universidad de Antioquía, dirigido por el ginecobstetra Bernardo Agudelo, una organización que aboga por el parto respetado desde la academia y el sistema de salud.

Estos antecedentes llamaron la atención de Angie y la llevaron a tomar la decisión que fuera Marcela Ocampo quien la acompañara durante su embarazo.

“Con mi esposo lo hablamos y aunque eso tenía un costo, miramos la forma de hacer el esfuerzo porque yo quería acompañamiento -cuenta Angie-. Que, si me tengo que quejar, yo no tenga que llamar a ningún doctor ni nada de eso, porque la gente me ha dicho que si me duele mucho no llame a los doctores porque a ellos les da rabia. Ellos no van si uno se está quejando”.

Marcela preparó a Angie para tener un parto vaginal en el hospital. Le enseñó a confiar en su cuerpo y le ayudó a construir su plan de parto. “En ese documento señalé a qué procesos esperaba someterme y a cuáles no. Por ejemplo, no quería que me hicieran una episiotomía —un corte del periné— si no era necesario, un rasurado vaginal, o una maniobra de Kristeller —una presión que se ejerce sobre el abdomen de la mujer, con el supuesto fin de ayudar a la salida del bebé (técnica que la OMS dejó de recomendar en 2018) y que está prohibida en países como Reino Unido, porque se podría generar un desgarro”.

Pero los planes cambiaron. Durante los últimos controles prenatales, le advirtieron que podría llegar a sufrir una preeclampsia —un aumento en la presión arterial durante la segunda mitad de la gestación—, diagnóstico que se cumplió. El 6 de septiembre de 2021, sobre las 5 de la tarde, Angie tuvo que dirigirse al hospital con urgencia. Tenía la presión muy alta y ya le habían advertido que, ante una complicación como esta, era necesario que le indujeran el parto.

“Voy a hablar del caso que como doula y acompañante de un parto, más frustración y dolor emocional me ha causado”, expresa Marcela al iniciar su relato. Es como si fuera a narrar un cuento de horror. A su lado, Angie también hace apuntes sobre la dura experiencia.

Día uno. Cinco y media de la tarde. Angie ingresó de urgencia al hospital. Su presión estaba más alta que de costumbre a raíz de su preeclampsia, así que el personal médico debía adelantar su labor de parto. Pero antes, “ella tenía que tomarse doce dosis de Misoprostol para que su cuello uterino madurara y el bebé pudiera salir más rápido. Eso era parte del protocolo”, comparte Marcela.

“El médico que me atendió durante las primeras horas era un amor de persona, un señor con vocación. Yo estaba feliz”, recuerda Angie y, explica que este obstetra, cada media hora realizaba una ronda por los cubículos donde estaban las mujeres a punto de parir.

“A las que no habíamos evolucionado nos daba ánimo y si nos veía muy mal nos decía: 'usted me dirá si definitivamente tenemos que hacer una cesárea’”. Todo marchaba así, hasta que hubo cambio de turno.

Día dos. Cuatro de la mañana. Llegó una nueva obstetra. Le seguían suministrando misoprostol cada tres horas, pero su cuello uterino no maduraba, no se ablandaba, no se dilataba. Llegaron las cuatro de la tarde. De nuevo, cambio de turno. Al médico entrante le explicaron que Angie era “candidata para cesárea, porque no había evolucionado”.

“Apenas se fue la doctora, él se me acercó y me dijo: ‘no, usted es capaz. Usted tiene que ser capaz, y yo le voy a ayudar’”. El obstetra abandonó la sala por un momento y regresó con un par de instrumentos quirúrgicos. Tomó uno de ellos y le rompió las membranas. “Eso fue traumático, eso fue horrible, ese chuzo todo largo, yo apenas me retorcía en la camilla”, recuerda Angie, regresando al momento de dolor por el que atravesó.

La ruptura de membranas se define como el rompimiento de cada una de las capas del saco amniótico que resguardan el líquido que rodea al bebé, mientras se encuentra dentro del útero y este proceso puede producirse de manera natural o inducida, como le pasó a Angie.

Dos horas después de que le practicara este procedimiento, Angie le preguntó por su cesárea. “Me dijo que no, que quién me había dicho que me iban hacer cesárea. Que yo era capaz de tener un parto normal (...) y qué tranquila, porque todavía faltaba ponerme la oxitocina, la epidural y muchas cosas más”.

Diez de la noche. “Hubo un momento en el que yo tenía mucho dolor. Yo llamé al doctor y él no quiso ir. Él estaba con unos audífonos y leyendo un libro”. Pidió de nuevo que le hicieran la cesárea, ya había tomado las doce dosis de misoprostol recetadas y su cuerpo no había respondido al medicamento. “Y me decía: ‘No, no, eso dicen todas cuando están en ese nivel de dolor. Todas piden cesárea’”.

Angie estaba incomunicada. Le habían restringido el uso del celular, entonces no tenía cómo hablar con su esposo ni con su doula y necesitaba contarle a alguien la situación por la que estaba pasando.

Una enfermera vio su angustia y le prestó su teléfono. Llamó a su pareja y le pidió que enviara a Marcela, a quien le tocó argumentar para que la dejaran ingresar que, aunque Angie fueran de régimen subsidiado, ella había pagado un plan complementario en salud y que, amparada en la Resolución 3280 de 2018, ella tenía derecho a un acompañante.

“Fue muy frustrante porque cuando llegué ella me dijo: ‘Si tú no venías, yo mejor me tiraba por la ventana’. Cómo sería el estrés. Ella todo el tiempo se imaginaba que se quería tirar por ahí, que ella no tenía opción… Afortunadamente llegué, me dejaron entrar y la pude acompañar absolutamente toda la noche, hasta que entramos a cesárea”, cuenta Marcela.

Día tres. Una de la mañana. Angie recuerda que el médico dejó de hacer ronda a las mujeres en la sala. Solo la enfermera jefa se le acercó y le dijo: “Yo le voy a ser sincera. Con la arrogancia en la que está el doctor, él no le va a hacer una cesárea a esta hora, yo lo conozco. Faltan dos horas para el cambio de turno. Aguántese lo que más pueda, yo sé que es muy fácil decirlo desde esta posición, pero por favor aguántese (...) y yo le voy a retirar todo, para que descanse”. La orina de Angie había cambiado de color y parecía estar orinando con sangre.

“No sé si usted se ha dado cuenta, pero lleva varias horas orinando sangre, usted no está evacuando normal; mire la sonda como está, está llena de sangre –le decía la enfermera-. Y fue por ese lado que yo me metí, que había que quitarle todas las cosas, porque estaba a punto de una falla renal y se está poniendo hipotensa”, continúa Angie con el relato sobre lo que ocurría.

“Ese señor se fue y supe después que cuando se rompen membranas, ellos deben poner un antibiótico, porque el bebé queda sin líquido y mi hija estaba sin él. Se pudo haber muerto. Me decían que los latidos de mi bebé estaban bajando. 70, 60, 40 y se perdían y la enfermera me movía la barriga”. Llevaba dos días sin comer, ni beber agua. Cambio de turno.

“La siguiente doctora me trató muy bien y dejó que Marcela ingresara. Se disculpó por todo lo que había pasado y me practicó una cesárea de emergencia. Me puso música en el quirófano y me decía que todo iba a estar bien. Eso era lo que yo quería, nada más, que me trataran con respeto. Luego me pasaron a mi niña y pude hacer contacto piel con piel”, recuerda Angie.

A raíz de las complicaciones que tuvo previas a su parto y la desatención de uno de los ginecobstetras, después de que nació su hija, la hospitalizaron durante tres. Estaba muy débil.

Han pasado dos años desde que Angie parió a su bebé y ella siente que aún no se ha recuperado físicamente de esta experiencia. “Voy a pedir una cita médica porque siento que el doctor me lastimó internamente con ese chuzo. No he podido tener relaciones sexuales satisfactorias con mi esposo, porque siento un dolor horrible internamente. Como si estuviera lastimada, cortada”, explica con preocupación.

Su experiencia la narra desde Manizales, Caldas, una de las ciudades que dice contar con uno de los centros médicos en Colombia que abogan por el parto respetado. Su experiencia la vivió con el especialista en obstetricia y ginecología Leonardo Naranjo, con quien EL TIEMPO intentó comunicarse en varias ocasiones, previas a la publicación de esta investigación, pero no hubo respuesta.

Un mes después de su parto, Angie envió un PQRS a través de la página web del Hospital Universitario de Caldas y fue contactada un par de semanas después por una enfermera, quien se disculpó en nombre del personal médico y no tomó ningún tipo de medida contra Naranjo. El médico continúa atendiendo partos en este centro de salud.

“En la historia clínica no hay mayor registro de que él me atendió y menos por lo que pasé. Así que, si me pidieran que lo probara, no tengo cómo hacerlo. Mi único testigo es Marcela y en su momento mi abogado me dijo que, si llegaba a dar su nombre, sería yo quien terminaría siendo demandada. Por eso hasta ahora lo puedo decir. Ya no tengo miedo. Si por mí fuera, lo diría en todas partes, para que todos lo sepan”, denuncia Angie, con el temor de enfrentar un proceso legal en su deseo de justicia.

También dice que, a pesar de que no pudo escapar de estos malos tratos ni a la violencia obstétrica, seguirá luchando por el parto respetado, porque es una deuda que tiene el sistema de salud con las mujeres.

Una batalla que mujeres como Marcela Ocampo han venido dando durante los últimos diez años, a través de su preparación como doula y partera, con el propósito de acompañar y abogar por el parto respetado y humanizado en Colombia.

Una iniciativa que ya ha venido surtiendo efecto en la legislación de algunos países de América Latina, al igual que el reconocimiento de la violencia obstétrica, como es el caso de Nicaragua (2010), México (2016), Uruguay (2008, 2018​​​​), Argentina (2017) y ​​Colombia (2022).