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Noticia

JEP Colombia

‘La paz se cerrará jurídicamente cuando los máximos responsables rindan cuentas’

Carlos Castresana, experto en Derechos Humanos.

Carlos Castresana, experto en Derechos Humanos.

Foto:Nestor Gomez

Carlos Castresana, experto en derechos humanos y derecho penal internacional, habló sobre los desafíos y oportunidades que tiene la JEP.

María Isabel Ortiz FonnegraPeriodista Judicial

El abogado Carlos Castresana, experto internacional en derechos humanos y derecho penal internacional y quien ha sido candidato a fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), estuvo en Colombia como consultor para analizar los avances que ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

(Lea: JEP cita la primera audiencia de cara al juicio contra el coronel (r) Publio Mejía por ‘falsos positivos’)

En entrevista con EL TIEMPO, Castresana aseguró que la JEP es un tribunal de cierre y que va bien, pero hace falta más celeridad. También dijo que si el proceso colombiano sale bien, sería el primer ejemplo mundial de un sistema tan completo que además se ocupa de resolver la situación jurídica de personas que no son máximos responsables.

Usted ha hecho seguimiento al proceso de la JEP desde que se creó, ¿cómo califica el avance que ha tenido el tribunal?

La JEP empezó bien, la selección de los magistrados fue muy acertada, la diversidad les hacía muy representativos de la sociedad colombiana. Ahora en 2024 me estoy enterando de los obstáculos que han encontrado para no dar más resultados, que es lo que produce inquietud y críticas, pero hay cosas que hay que entender: primero, el procedimiento de la JEP es extremadamente complejo; segundo, consecuencia de la propia tarea que se desempeña, comparecieron muchas más personas de las que se esperaba, muchas que no habían sido inculpados en la jurisdicción ordinaria; y el propio ejercicio de reconocimiento de la responsabilidad y de averiguación de la verdad trae nuevos inculpados y centenares o miles de nuevos testigos o víctimas que hay que identificar, el volumen de trabajo se ha incrementado mucho más de lo que comprendían las previsiones iniciales, entonces yo creo que ahora el desafío es buscar cómo descongestionar la JEP, pero no tirando los casos por la borda, sino resolviéndolos de una manera al mismo tiempo acelerada y garantista.

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JEP

Unas víctimas en la JEP

Foto:Cortesía

En la JEP está arrancando el proceso para resolver la situación de personas que no son máximos responsables, ¿cómo ve eso?

En la experiencia del derecho comparado, lo más conocido es que han ido por delante los juicios de los máximos responsables antes que las medidas que se tenían que adoptar con los partícipes no determinantes, aquí parece que los tiempos han hecho que vaya adelante la renuncia a la persecución penal para los segundos y eso no se va a entender en la opinión pública. Por citar un ejemplo, es mucho más fácil explicarles a las víctimas que un soldado que mató a su hijo no va a ser hecho responsable penalmente, aunque va a tener una responsabilidad de otra naturaleza, porque hay un máximo responsable que es quien dio la orden y ese sí va a responder penalmente. Si los juicios contra los máximos responsables no serán primero que la renuncia al enjuiciamiento, al menos deberían ser simultáneos porque de otra manera no se va a entender y va a producir un rechazo posiblemente contraproducente.

En Colombia ha habido algunas críticas sobre si la JEP puede verse como un tribunal de cierre del conflicto, ¿usted qué cree?

La JEP es el tribunal de cierre del conflicto, no hace falta crear ningún otro tribunal, hará falta aumentar los efectivos, redefinir las estrategias, establecer prioridades operativas... pero no creo que quepa ninguna duda para que consideremos que la JEP no va a ser el tribunal de cierre. Es decir, la paz se cierra políticamente el día que se firma el acuerdo, pero se cierra jurídicamente el día que la JEP dicte la última sentencia contra el último máximo responsable; luego puedes seguir otro número de años con los que son partícipes no determinantes o con los que estén pendientes de la amnistía, o con otras mil tareas relacionadas con las víctimas, pero lo fundamental es que la paz se firma desde el punto de vista jurídico el día que el último de los máximos responsables ha rendido cuentas.
Al centro, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan y el presidente de la JEP, Roberto Vidal

Al centro, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan y el presidente de la JEP, Roberto Vidal

Foto:Cortesía

El modelo de justicia transicional de la JEP plantea una sanción a los máximos responsables y una salida no penal para los demás, ¿eso tiene antecedentes en el mundo?

En el derecho penal internacional aproximadamente hasta el año 2000 la única responsabilidad era la penal retributiva, eso empieza a cambiar y se empieza a aceptar que en la transición hay otros intereses importantes como la reconciliación, la restauración de la convivencia democrática, la reintegración a la vida civil de los excombatientes, y entonces se empieza a arbitrar junto a la justicia penal retributiva, la justicia restaurativa. Ahí es donde el diseño de la JEP es pionero en establecer una responsabilidad penal para los máximos responsables y una responsabilidad no penal para los demás partícipes no determinantes, ¿eso quiere decir que quedan impunes o que la falta de exigencia de responsabilidad penal es equivalente a la amnistía? No porque se les va a exigir otra cosa que se llama régimen de condicionalidad: estas personas van a tener que reconocer su responsabilidad, contar la verdad de todos los hechos criminales, incluso aunque ellos no hayan sido partícipes, van a tener que reparar y van a tener que ofrecer garantías de no repetición.

¿Hay lineamientos internacionales sobre reparación?

La jurisprudencia internacional dice que está bien que reconozcan sus responsabilidades, que aporten verdad y se comprometan a no volver a delinquir, pero tienen que hacer reparaciones y no está exactamente previsto cómo deben ser las reparaciones, si materiales, si simbólicas… Además, eso cuesta dinero porque si vas a sacar a una persona que está, por ejemplo, en Bogotá y lo vas a llevar a otra área a hacer trabajo social, pues alguien tendrá que dar de comer a su familia y él tendrá que alojarse en algún sitio, y le tendrás que dar los materiales para hacer esos trabajos… todo eso requiere una logística y una infraestructura en la que no se ha pensado. Habrá que contar con el presupuesto del Estado, con el sector privado, con la cooperación internacional, hay que poner los medios para que eso sea una realidad…

¿Y sobre las garantías de no repetición?

Por ejemplo, frente a militares que están en servicio activo no hay nada previsto. Si un hombre que estaba integrado en una unidad militar cuando cometió un delito sigue estando integrado en la misma, no parece razonable que con su palabra tengamos suficiente para pensar que no va a reincidir en la misma conducta. Ahora bien, tampoco está dicho en ninguna parte si basta con pasarlas a servicios administrativos, con quitarle el mando de tropa, si tienen que ser separados del cuerpo o pueden conservar su derecho a una pensión de retiro... todo eso está por resolverse, ese es un escenario novedoso y que para Colombia es un gran desafío y una gran oportunidad.
Carlos Castresana, experto en Derechos Humanos.

Carlos Castresana, experto en Derechos Humanos.

Foto:Nestor Gomez.

¿En qué sentido?

Un gran desafío porque lo tiene que hacer muy bien porque luego va a venir la Fiscalía de la CPI y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir si lo han hecho bien, mal, si pasan el listón o si no lo pasan. Es una gran oportunidad porque los demás casos relevantes en la experiencia internacional de los países que han transido garantizan la impunidad total a los partícipes no determinantes, bien expresamente, concediéndoles la amnistía, o implícitamente, olvidándose de ellos.

¿Cuáles son esos ejemplos?

Pongo como ejemplo el Tribunal de Núremberg, cuando se constituye el tribunal procesan a 4.850 líderes nazis, tres meses más tarde, cuando tienen que formular la acusación, se quedan solo 611, ¿qué pasó con los otros 4.239 líderes nazis? no pasa nada, no les aplicaron ningún régimen de condicionalidad, nada… Por Colombia tiene un gran desafío de convertirse en un referente de que a esos partícipes no determinantes no los han echado a la calle sin nada, sino que les han puesto condiciones de verdad, no repetición y reparación, y algunas reparaciones simbólicas tienen mucho más valor que la cárcel: volviendo al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, 20 años más tarde, en 1970, cuando el canciller Willy Brandt, en representación de la República Federal de Alemania, visita Polonia, va a un memorial, deposita unas flores ante las víctimas del Holocausto y luego se arrodilla, esa fue Alemania pidiendo perdón por el Holocausto, solo ese gesto del canciller de Alemania arrodillándose ante el monumento de las víctimas tiene más valor reparador que 100 autopistas que puedas hacer.
El general (r) Mauricio Santoyo no aceptó responsabilidad.

Una audiencia en la JEP.

Foto:JEP: Nicole Acuña

¿Cuáles son los límites para que los observadores internacionales no nos digan que esto nos quedó mal hecho?

Primero, diría que deslindar muy bien la responsabilidad penal de los máximos responsables, de la responsabilidad no penal de todos los demás. Frente a los máximos responsables debe haber un enjuiciamiento que sea auténtico y que verdaderamente sean llamado a rendir cuentas de sus acciones y que Colombia conozca quiénes son los culpables de los crímenes del conflicto. No es que hay que traer a los terceros, el acuerdo de paz no dice que hay que traerlos, eso no quiere decir que la JEP no tenga que mencionarlos en sus resoluciones porque ni las Farc ni la Fuerza Pública actuaron en una burbuja desconectados del resto del mundo, pero creo que no tenemos que empezar a traer a personas que no están en el mandato solo para que aporten más verdad, porque más o menos lo que pasó en el conflicto ya se sabe, ahora lo que hay que hacer es decidir quiénes son los responsables.

Una de las críticas a la JEP ha sido que ha abierto la puerta a terceros paramilitares, ¿dice usted que ellos no deberían estar en la JEP?

Traer a esos terceros también es traer a todos los que ellos mencionan, más los centenares de víctimas que han causado, y para aportar una verdad que no tiene ningún contenido como prueba de cargo, por ejemplo, no creo que con el testimonio del señor ‘Macaco’ alguien pueda construir una acusación contra alguien que no haya sido imputado con anterioridad porque estos señores lo que tuvieran que decir lo podrían haber dicho hace 20 años, han estado multiprocesados. Creo que lo que está en Justicia y Paz se tiene que quedar ahí, no compliquemos las cosas porque las competencias de cada jurisdicción están bien determinadas y no creo que sea beneficioso que la JEP, que ya está sobrecargada, reciba a nuevos comparecientes y toda la burocracia que acompaña eso.

Usted ha seguido de cerca, como consultor, procesos en Ucrania, Sri Lanka, Sudán del Sur, y otros, ¿cómo se ve desde afuera lo que está pasando en Colombia?

El modelo colombiano diseñado en el acuerdo de paz y desarrollado en la legislación, y que tiene además rango constitucional, es el más completo y avanzado, es el que ha aprendido las lecciones de las experiencias incompletas de otros países y en el papel es perfecto, ahora el desafío es llevarlo a la práctica y convertirlo en un modelo que otros puedan replicar porque ha funcionado. No hay que olvidar que la adaptación del Derecho Penal Internacional a los procesos transicionales está encaminada a que la sociedad colombiana deje el conflicto atrás después de conocer la verdad, después de asignar la responsabilidades penales y las no penales, y con garantías de no repetición para que aquello que ocurrió antes no vuelva a ocurrir nunca más, y eso significa que lo que antes no tenía cauces de solución y se resolvía con violencia y corrupción, ahora se resuelva con los instrumentos del estado de Derecho, ese es el cambio que en realidad la JEP tiene que hacer posible.
Bogotá. 29 de abril de 2024. En la Jurisdicción Especial para la Paz se llevó a cabo una rueda de prensa en cabeza del magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP y el magistrado Camilo Suárez, presidente de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, donde entregaron avances en el juicioso contra el antiguo secretariado de las Farc-EP, por haber cometido crímenes de guerra de toma de rehenes y de lesa humanidad, de graves privaciones de la libertad tortura y otros actos inhumanos. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP . 

Foto:Sergio Acero Yate/ El Tiempo

No es un reto pequeño, ¿hay algo que le preocupe de lo que ha visto?

Creo que el trabajo que se ha hecho es de muy buena calidad, falta quizá mayor celeridad porque hay una cierta urgencia para que la sociedad pueda recibir productos reconciliadores y aplicarlos, entonces me gustaría que fuera más deprisa, pero lo que se ha hecho se ha hecho bien; yo quisiera ver ahora una estrategia que dirija lo más rápido pero garantista hacia el logro de los objetivos del acuerdo de paz y de la JEP,que desde luego es el dichoso cierre del conflicto.

¿Cree que Colombia ya salió del riesgo de la Corte Penal Internacional?

Yo creo que cabe la posibilidad, por lo menos teóricamente, de que la Fiscalía de la CPI reabra su examen preliminar, pero es improbable sinceramente porque la Fiscalía de la Corte tiene ahora otras prioridades y porque además no creo que si había elementos para cerrarlo hace dos años, haya ahora elementos que justifiquen reabrirlo. La Corte es un referente que hay que tomar en cuenta para cumplir con sus estándares, te vuelvan a abrir o no. 
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