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La historia del Atrato, el tercer río del mundo catalogado como un sujeto de derechos

Los desechos, la falta de un sistema de acueducto y alcantarillado, la violencia y la minería ilegal, entre las causas de la contaminación.

Los desechos, la falta de un sistema de acueducto y alcantarillado, la violencia y la minería ilegal, entre las causas de la contaminación.

Foto:Manuel Benavides para EL TIEMPO

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Pese a que han pasado 8 años desde que la Corte dio el fallo, aún hay contaminación en el afluente.

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El río Atrato atraviesa gran parte del Chocó, desde su nacimiento en el cerro del Plateado, en el Carmen de Atrato, hasta su desembocadura en el golfo de Urabá. Para sus habitantes es fuente de vida, “hay un matrimonio insoluble entre los habitantes y el río”, explica Bernardino Mosquera, Guardián del río Atrato, mientras lo recorre en una canoa.

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“No podemos hacer ninguna actividad sin tener contacto con el río Atrato. Nos da alimentación, transporte, integración cultural, nos da todo”, recalca Bernardino. Por ello, la contaminación del afluente que aqueja al ecosistema y a las comunidades aledañas al río no es un problema menor.
Son varias las causas de la contaminación del rio más caudaloso de Colombia y  el tercero más navegable del país, una de ellas es que las comunidades aledañas al río no cuentan con un sistema de acueducto y alcantarillado, por lo que las aguas residuales terminan en el Atrato. Así mismo, está la falta de conciencia de las comunidades que lo ven como un depósito de sus desechos. Pero lo más preocupante es que, producto de la violencia que sufre el departamento, “el río se convirtió en cementerio, pues los cadáveres terminan en el río”, confesó entristecido Bernardino y añadió que hacia el año 2000 la minería ilegal de oro creció a gran escala y detonó aún más la contaminación del afluente con deforestación, sedimentos y erosión de la tierra.
Por ello, la misma comunidad, en cabeza de las organizaciones sociales FISCH, ASCOBA, COCOMACIA y COCOMOPOCA, decidió entablar una tutela para proteger el río. Desde el 2014 empezaron a pedirle al Gobierno su protección. Además, se evidenció, gracias a unos estudios epidemiológicos y toxicológicos que se hicieron, y que fueron ordenados por la Corte Constitucional, que los peces del río están contaminados con mercurio y, por ende, la mayor parte de la población del Chocó.
Según estudios de la organización Mercury Watch, este río recibe aproximadamente 60 toneladas anuales de mercurio producto de la minería ilegal de oro. El mercurio es una de las seis sustancias químicas más tóxicas y peligrosas para la salud, según la Organización Mundial de la Salud, ya que genera daños al sistema nervioso central (cerebro y médula espinal).
“El 80 por ciento de la población del Chocó se alimenta de peces. El río es nuestra despensa de alimentos y al estar contaminado, por supuesto que los peces que consumimos también. El cuerpo recibe ese mercurio y se inyecta como un veneno para la salud” alertó Alexánder Rodríguez, otro de los Guardianes del río Atrato.

El Atrato: un río con derechos

Bernardino Mosquera es uno de los guardianes del río Atrato.

Bernardino Mosquera es uno de los guardianes del río Atrato.

Foto:Manuel Benavides para EL TIEMPO

El río Atrato, así como su cuenca y afluentes, fue catalogado como un sujeto de derechos por la Corte Constitucional en la Sentencia T -622 del 2016, en un hecho sin precedentes en el país y constituyéndose en el tercer caso a nivel mundial, después del Wanganui, de Nueva Zelanda, y el Ganges, en la India. Fue esta sentencia la que también estableció que la comunidad debía elegir a los guardianes del río que velaran por sus derechos.
“La Corte se pronunció después de estudiar los hechos, declarando al Atrato como un río con derechos. Los derechos otorgados están en la decisión, uno es mantenimiento y otro es conservación, y en el mismo orden siguen restauración y protección”, declama en verso Alexander Rodríguez, Guardián del río, pues asegura que recitando en poesía apartes de la sentencia es más fácil concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar el río. “Las 164 páginas de la sentencia las hice verso y poesía, porque así es más práctico y pedagógico enseñarle a la gente”, reafirma.
En la sentencia se declara la existencia de una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, imputable a las entidades del Estado colombiano.
Al respecto, Alexander asegura que en estos 8 años ha habido algunos avances para proteger al río. “Logramos detener un poco el ejercicio de la minería en el cauce del Atrato. La sentencia hizo bulla para que el Gobierno entendiera y asumiera su rol como garante de los derechos de los ciudadanos y del río”, aclara. Sin embargo, para Alexander aún queda mucho camino por recorrer, pues tanto la minería como las otras causas de la contaminación continúan, situación que fue corroborada por este diario al recorrer el lugar. 

La Defensoría pide que se garantice el derecho a un ambiente sano

La Defensoría del Pueblo hace parte del del Comité de Seguimiento para verificar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional.

La Defensoría del Pueblo hace parte del Comité de Seguimiento para verificar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional.

Foto:Manuel Benavides para EL TIEMPO

De hecho, en una visita de seguimiento realizada recientemente por la Defensoría del Pueblo, ya que la entidad hace parte del Comité de Seguimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, la Defensoría alertó que, pese a que ya pasaron más de 7 años de lo ordenado en la sentencia, “evidenciamos la lamentable situación en la que se encuentra el río”. Por lo que la Defensoría hizo un llamado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a las entidades competentes para “garantizar el derecho a un ambiente sano a todas las comunidades que dependen de este río y asegurar la efectiva conservación y protección de este ecosistema estratégico”.
A su turno, Bernardino explica que la función de los guardianes es velar para que el Gobierno nacional y las entidades accionadas cumplan con lo establecido en el fallo de la Corte y que la Defensoría ha sido la entidad que los ha acompañado en todo este proceso. “Ellos se han sentado con nosotros y el Gobierno para hacer los planes de acción para resarcir el daño a las comunidades”, aclara Bernardino. Y añade que entre los avances están los planes de acción de la Orden quinta, sobre la descontaminación de la cuenca del río, con la que se han hecho varios estudios y la Orden Séptima, de seguridad alimentaria, la cual se está implementando con el Ministerio de Agricultura.
“El Gobierno nacional aprobó recientemente un proyecto por 156.000 millones para reforestar 7.000 hectáreas en tres municipios: Atrato, Medio Atrato y Río Quito para mitigar el impacto de áreas afectadas por la minería”, precisó Bernardino.
Mientras tanto, Alexander asegura que entre sus tareas seguirá estando la concientización de las comunidades sobre su cuidado, así como convertirse en la voz del río. “El río ya tiene quién hable por él y lo represente en cualquier escenario local, nacional e internacional”, aclara. Y recalca que el apoyo que han recibido de la Defensoría del Pueblo “ha sido fundamental para la defensa de los derechos”, ya que la entidad en ejercicio de su rol autónomo, ha adelantado acciones orientadas a velar por la vigencia y la efectividad de los derechos de las comunidades. Así mismo, en su calidad de integrante del Comité de Seguimiento -conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo-, ha realizado un trabajo coordinado de acompañamiento y seguimiento.

Salud, economía y vida social, afectadas por la contaminación de su principal río

La contaminación afecta el ambiente, la salud, la seguridad alimentaria y las dinámicas económicas y sociales.

La contaminación afecta el ambiente, la salud, la seguridad alimentaria y las dinámicas económicas y sociales.

Foto:Manuel Benavides para EL TIEMPO

Una de las grandes consecuencias de la contaminación del río Atrato, además de la ambiental, es cómo ha afectado la salud de las personas, su seguridad alimentaria, así como la dinámica social y económica de las comunidades aledañas al río. Ejemplo de ello es lo que ocurre en a comunidad La Soledad, conformada por 200 familias y más de 500 personas.
Fermín Mena Córdoba, representante de La Soledad, aseguró que “el agua del río no sirve ni para bañarse. Desde hace más de 12 años tenemos esta problemática, por lo que hacemos un llamado para tener un acueducto o tanques para almacenar el agua porque la del río no la podemos consumir por su contaminación”.
Históricamente, relata Fermín, esta comunidad fue pesquera, por lo que dependían de los peces del río Atrato tanto para el consumo propio y como una fuente de ingresos con la venta del pescado que hacían en Quibdó.
Paradójicamente, y no obstante estar a solo unos pasos del río, hoy no pueden hacer uso de esta agua. No pueden pescar, tampoco se pueden bañar ahí como antes lo hacían, porque les produce daños en la piel. Ni mucho menos pueden beber de esa agua o cocinar con ella porque se enferman. La comunidad prefiere recolectar el agua lluvia en contenedores para usarla para el aseo o para cocinar, y a veces deben viajar en lancha hasta la ciudad para comprar agua que sea potable y que puedan consumir de manera segura.
Luz Amparo Córdoba, residente de esta comunidad y madre de cinco hijos, recuerda con nostalgia cómo vivían antes. “Vivíamos felices, el río era claro y nos manteníamos de la pesca. Ahora, el agua está inmunda, no pescamos nada, me siento triste a mis 74 años por todo lo que estamos viviendo”. Luz Amparo asegura que ya no puede ver bien debido a las infecciones que ha tenido en sus ojos al tratar de lavarse la cara con el agua del río.
Esta situación se repite a lo largo del departamento porque el río baña a muchas comunidades que conviven y dependen de este afluente, afectando principalmente su seguridad alimentaria y su salud. “En la minería ilegal utilizan mercurio para separar las láminas de oro de la tierra. Ese mercurio está enfermando a la gente” alertó Rodríguez.
El río Atrato sigue agonizando, su contaminación continúa afectando gravemente a las comunidades en todos los aspectos. Debido a la falta de vías, en un departamento donde predomina el paisaje selvático,  el río también se convierte en su principal medio de transporte, tanto de personas como de alimentos. La deforestación que se ha generado en las zonas donde se practica la minería ilegal impacta negativamente el ambiente y al río, así como a todas las especies que lo habitan. Además, la contaminación también ha cambiado su forma de subsistir y de generar ingresos económicos.
Más Contenido*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO en alianza con la Defensoría del Pueblo.
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