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La verdad sobre la deuda pública

Es evidente que la deuda sacrifica inversión justo en un momento donde se necesita reactivar la economía.

Ricardo Bonilla
La deuda pública es concebida como compromisos crediticios internos y externos. Esta idea obedece a un enfoque estrictamente financiero que deja por fuera otros compromisos –no crediticios– que también son deuda y que terminan limitando la inversión pública. Aquí la importancia de dimensionar, tanto la deuda crediticia como la deuda por déficit sectoriales.

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Hay que empezar por reconocer que la economía colombiana ha demostrado históricamente un crecimiento irregular, poca capacidad para generar nuevos ingresos y alta dependencia de la deuda para pagar las crisis. El ejemplo más reciente que conjuga lo anterior es la pandemia, donde la economía decreció -7,2 por ciento en 2020, pero al año siguiente creció 10,8 por ciento. Este salto se logró gracias al aumento de la deuda, que pasó de 48 a 61 por ciento del PIB, lo cual quiere decir que parte de la crisis del covid-19 costó cerca de 200 billones de pesos, es decir, diez reformas tributarias; pero, estos recursos no se destinaron a la inversión para generar más ingresos y su pago fue contratado en muy corto plazo (2024-2025).
Los gobiernos tienen un espacio de endeudamiento, llamado cupo, que es autorizado por el Congreso a través de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Antes de la pandemia el cupo estaba en US$ 56.000 millones y en 2020 se autorizó aumentarlo a US$ 70.000 millones. Sin embargo, la declaración de la emergencia económica autohabilitó al gobierno de turno para adquirir más deuda y contrató US$ 12.000 millones por fuera del cupo autorizado. En otras palabras, esta operación aumentó la deuda a US$ 82.000 millones, pero el cupo seguía siendo US$ 70.000 millones. El problema radica en que se deben apropiar recursos para pagar tanto la deuda del cupo como la que está por fuera de él, sabiendo que los pagos de esta última no liberan espacio de endeudamiento.
Otra situación es la deuda no crediticia, donde el mejor ejemplo es el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC). En 2020 los precios de gasolina y ACPM bajaron y se mantuvieron congelados, rompiendo la práctica de ajuste mensual. El Gobierno no se atrevió a volver a ajustar precios, incluso viendo cómo crecía el déficit del FEPC, que en 2021 fue 11 billones, en 2022 subió a 37 billones y en 2023 bajó a 20 billones gracias al aumento del precio de la gasolina.

Nótese que este déficit es una deuda –no crediticia– que se paga con el presupuesto de la Nación. Entre 2021 y 2024 se han pagado 69 billones de pesos y entre 2021 y 2022 se aprobaron dos reformas tributarias que recaudaron menos que eso, quiere decir que el FEPC se ha llevado el recaudo de las reformas y más.

Nótese que este déficit es una deuda –no crediticia– que se paga con el presupuesto de la Nación. Entre 2021 y 2024 se han pagado 69 billones de pesos y entre 2021 y 2022 se aprobaron dos reformas tributarias que recaudaron menos que eso, quiere decir que el FEPC se ha llevado el recaudo de las reformas y más. Algo parecido ocurre con la opción tarifaria de energía, aunque todavía es una deuda entre usuarios y comercializadoras, pero podría pasar a la Nación en algún momento.
Finalmente, se puede decir que subir la deuda no es problema si se generan inversiones e ingresos para pagarla (caso Japón), el problema se presenta cuando aumenta y se debe pagar con el mismo ingreso de siempre y muy rápido (caso Colombia). Esto genera asfixia fiscal y presiona bastante el presupuesto, especialmente los recursos de inversión. Por ejemplo, mientras en 2019 y 2020 se pagaron 51 y 45 billones de pesos por deuda, respectivamente, en 2023 se pagaron 75 billones y este año se pagarán 95 billones, casi el mismo presupuesto de inversión social (99 billones). Es evidente que la deuda sacrifica inversión justo en un momento donde se necesita reactivar la economía. En síntesis, la deuda adquirida por fuera del cupo y el déficit del FEPC también son parte de la deuda que se pagan del presupuesto público, el cual se financia con impuestos. Por lo tanto, al cupo habría que sumarle estos compromisos heredados. El objetivo es honrar toda la deuda y lograr recuperar el grado de inversión perdido en 2021, que es otra herencia.
RICARDO BONILLA
Ministro de Hacienda
(Lea todas las columnas de Ricardo Bonilla en EL TIEMPO aquí)
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