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Editorial

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Ecos de un escándalo

Lo dicho por la Fiscalía acerca de la UNGRD profundiza las dudas sobre responsabilidades en el alto gobierno. También deja lecciones.

Editorial
La audiencia de imputación de cargos a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Olmedo López y Sneyder Pinilla, que tuvo lugar la semana pasada, dejó una mezcla de desazón y avance en firme de la investigación, además de un fuerte remezón en las altas esferas del Gobierno con la renuncia del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Por último, algunas lecciones ya afloran.

Conforme a los criterios de

Desazón, desde luego, por el entramado criminal que la fiscal a cargo describió y que permitió que contratos por un monto que se acerca a los 228.000 millones de pesos –de dinero destinado a la atención de desastres, para socorrer a los más vulnerables, nada menos– fueran asignados a dedo según criterios de milimetría política. Hace parte también de este caso la presunta compra de voluntades en el Congreso para garantizar la aprobación de iniciativas claves del Ejecutivo. Aquí son nueve los parlamentarios mencionados en una compulsa de copias y cuya suerte queda en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Pero, al tiempo que indigna y duele que esto haya podido ocurrir, hay que destacar la labor de la Fiscalía General de la Nación, que, con apoyo de otras instituciones como la Dijín, ha logrado importantes avances en la reconstrucción de la red y en la identificación de sus integrantes y beneficiarios. Es esta la primera prueba de fuego para la fiscal general, Luz Adriana Camargo, elegida por la Corte Suprema a partir de una terna presentada por el presidente Gustavo Petro. Este último ha dado a entender su confianza en la labor de la justicia afirmando que quien sea hallado culpable debe responder penal y políticamente. Es lo que corresponde en un momento en el que país se pregunta hasta dónde llegó este caso de corrupción.

Es urgente encontrar los mecanismos para ejercer control en tiempo real de los contratos que hace esta entidad

A propósito, y en relación con el remezón, que implicó la salida de González, está claro que este episodio no es de envergadura menor. Todo lo contrario, esta dimisión deja claro que ha tocado las esferas más altas y que bien haría el Presidente en que su autocrítica se extienda a una revisión de los criterios a la hora de escoger a sus colaboradores más cercanos. Además del saliente director de la DNI hay otros nombres de funcionarios de similar rango mencionados en la imputación, lo que da luces, reiteramos, sobre la gravedad del hecho y, al tiempo, compromete aún más a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al aparato judicial en el pronto esclarecimiento de los hechos. Lo anterior por no mencionar la obvia preocupación que semejante suceso genera entre la ciudadanía, en la que no falta el desconcierto ante la promesa de cambio con la que el actual gobierno fue elegido.
Por último, y como ya se ha insistido desde estos renglones, es necesario encontrar el mecanismo para ejercer un férreo control sobre el régimen especial de contratación que cobija a la UNGRD, en el que grandes cuantías pueden ser asignadas de manera expedita, con menos requisitos, situación que hace agua la boca de los corruptos. Existen ya mecanismos que se apoyan, incluso, en la inteligencia artificial para monitorear en tiempo real movimientos sospechosos. Es hora de actuar, y hay que hacerlo antes de que estemos ante una metástasis incontrolable.
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