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Partidos Políticos

Exministra Cecilia López lanza advertencia sobre decreto que abre puerta a expropiación

Jhenifer Mojica - Cecilia López

Jhenifer Mojica - Cecilia López

Foto:César Melgarejo - Néstor Gómez. EL TIEMPO

Asegura que proyecto de decreto que prepara al Gobierno no es mecanismo apropiado. 

Mateo García AgudeloPeriodista
La exministra de Agricultura Cecilia López aseguró este domingo, en una columna publicada en EL TIEMPO, que la reforma agraria en Colombia no da espera pero hizo un llamado para que prime la concertación.

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"Ninguno de los comprometidos con esta responsabilidad podía suponer que era una tarea fácil y sin conflictos. Tal vez sea el momento de recordar que la premisa de que iba a ser una reforma agraria concertada era la que le daba el oxígeno necesario para avanzar en este propósito tan retador", aseguró la exfuncionaria, quien estuvo en el gobierno del presidente Gustavo Petro hasta finales de abril. 
Precisamente, destacó el acuerdo que se firmó entre el Gobierno Nacional y Fedegan para comprarles a los ganaderos 3 millones de hectáreas de tierra para entregarles a los campesinos.
"A partir de este acuerdo se generó un clima de confianza que incentivó significativamente la oferta de tierras por parte de este y de otros sectores vinculados a la producción del campo", aseguró López. 
Presidente Gusatvo Petro en El Salado.

Presidente Gusatvo Petro en El Salado.

Foto:Presidencia de la República

Sin embargo, cuestiona que el gobierno del presidente Gustavo Petro no entendió lo complejo de este proceso que hace parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc y busca solucionar los problemas de tierras, origen del conflicto en el país. 
"El Presidente perdió la paciencia y sus funcionarios se enfrentaron al siguiente dilema: o se volvían muy eficientes y superaban rápidamente los obstáculos y las debilidades de los instrumentos vigentes o se movían de una reforma agraria concertada a una radical", aseveró la exministra.
Y explicó que ante el dilema planteado, la primera salida fue la expropiación exprés, con la que se buscaba que en 21 días se declarara la transferencia de un predio a la Agencia Nacional de Tierras. Esto gracias a que se busca reglamentar vía decreto el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que aprobó este año el Congreso.
López asegura es un procedimiento riesgoso, ya que no habría juez que mediara la decisión, limitando así las garantías de los propietarios. 
De hecho, fueron varias voces las que salieron a rechazar el proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura que abre la puerta de la expropiación exprés, entre ellas José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y es cercano al Gobierno por el acuerdo para la compra de tierras y por su rol como negociador de paz con el Eln. 
“Según diversos análisis, desde el punto de vista jurídico genera serios cuestionamientos y riesgos que, más que contribuir a un adecuado ejercicio en la adquisición de tierras en la reforma rural integral, ponen en entredicho el respeto a derechos fundamentales”, aseguró Lafaurie.
El presidente Petro y José Félix Lafaurie en la firma del acuerdo

El presidente Petro y José Félix Lafaurie en la firma del acuerdo

Foto:Presidencia

Y López señala, además, que el decreto que prepara la cartera que ella dirigió es inconveniente. 
"Dada esta negativa surgió ahora la posibilidad de aplicar la extinción del dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad con un argumento loable, producir alimentos para enfrentar el hambre. Si bien esa figura legal está contemplada para algunos casos, la nueva reglamentación contenida en un proyecto de decreto crea nuevas causales para su aplicación, lo cual corresponde a una decisión del Congreso y no del Ministerio de Agricultura", argumentó. 
Y añadió: "Un análisis jurídico de esta reglamentación advierte que “la extinción es una figura que anula los derechos de propiedad por cuanto, su uso debe estar limitado solo a los casos más graves y claros de la violación de la función social y ecológica”. Otra preocupación se refiere a la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras que tiene funciones administrativas asuma funciones judiciales. ¿En este caso dicha Agencia actuaría como juez y parte?".
MATEO GARCÍA
REDACCIÓN POLÍTICA
Mateo García AgudeloPeriodista
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