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Análisis

Proceso de Paz

Cortocircuitos en la ‘paz total’ obligan al gobierno de Gustavo Petro a replantear su estrategia

Fiscalía capturó a alias Firu, jefe del frente 36 de las disidencias

Fiscalía capturó a alias Firu, jefe del frente 36 de las disidencias

Foto:Fuerzas Militares de Colombia

El congelamiento de la mesa con el Eln, los tropiezos con ‘Calarcá’ y la ofensiva de ‘Mordisco’ parecen haber motivado un vuelco en su política de paz, en su discurso y accionar frente a los armados.

Camilo A. CastilloPeriodista
En una misma semana, la política de ‘paz total’ del Gobierno tuvo dos de sus más grandes crisis desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder.

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Por un lado, el escándalo que suscitó el transporte de disidentes en carros oficiales evidenció la falta de protocolos precisos en ese proceso; y por el otro, el cruce de comunicados entre el Gobierno y el Eln demostró, nuevamente, que el descongelamiento de esa mesa no ocurrirá pronto.
La primera crisis de la semana ocurrió luego de que el Ejército Nacional detuvo en un retén a integrantes de lo que hoy el Gobierno denomina ‘Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes de las Farc’ –es decir, la facción de las disidencias que sigue en la mesa– en camionetas de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
El hecho tuvo enormes implicaciones debido a que en los vehículos viajaban jefes disidentes con órdenes de captura vigentes como Édgar de Jesús Orrego, alias ‘Firu’ y que tenían en su poder armas y una alta suma de dinero en efectivo. Además, según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también viajaba un menor edad que habría sido obligado a tomar las armas a los 12 años.
De las siete personas detenidas en el batallón Pedro Nel Ospina, tres quedaron en libertad –incluido Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, máximo cabecilla de esa organización armada– debido a que durante la Fiscalía de Francisco Barbosa se les otorgó, por solicitud del Gobierno, el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura por hacer parte del proceso de diálogo.
Aunque la delegación del Gobierno anunció el viernes que trabajan junto con la UNP y el Ministerio de Defensa para revisar los protocolos de los traslados de las personas que están en la negociación, este episodio es el reflejo de un proceso que ha dado tumbos desde la instalación de la mesa en octubre de 2023. 
Mesa con eln

Mesa con Eln

Foto:Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Desde entonces se han hecho cinco rondas de diálogo, se han firmado más de 10 acuerdos parciales y se han decretado dos ceses del fuego —el más reciente vigente hasta el 15 de octubre—. Sin embargo, en el medio se desató una escalada violenta por parte del Bloque Suroccidental que derivó en la confirmación de que la narrativa de la cohesión era solo eso, una narrativa y que cada bloque vela por sus propios intereses.
La división se hizo evidente en marzo de este año, tras la suspensión del cese del fuego en Nariño, Valle del Cauca y Cauca, decisión que tomó el Gobierno como consecuencia de una serie de ataques contra una comunidad indígena en este último departamento y del asesinato de la líder indígena Carmelita Yule Paví, además de varios hostigamientos a la Fuerza Pública.
Para varios analistas, uno de los errores en el abordaje de este proceso ha sido justamente que el Gobierno no ha logrado entender las dinámicas de esa organización. Además, que se ha centrado en apostar por ceses del fuego, que en diseñar una agenda y en poner límites.
“En general, con el ‘Estado Mayor Central’ se entró a negociar con un bajo conocimiento del grupo”, señaló Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), quien agregó: “Se hizo del cese al fuego la razón de ser de la negociación y otras acciones violentas contra civiles nunca se incluyeron en las conversaciones”.
“El problema es que ahora está negociando con un solo grupo, mientras que, por otro lado, se creó como una disidencia de la disidencia. Eso afecta gravemente la confianza en la política de paz. Se debería poner una pausa, reevaluar todo el contexto para saber con quién se está negociando y ver hasta qué punto se puede obtener un resultado positivo cuando, en el inicio del proceso, ya se presenta una división”, señaló Andrés Macías, analista en temas de paz.
Otty Patiño es alto comisionado para la Paz desde diciembre de 2023.

Otty Patiño es alto comisionado para la Paz desde diciembre de 2023.

Foto:Juan Diego Cano. Presidencia

Se agrava la crisis con el Eln

El Gobierno recién se estaba recuperando de ese golpe cuando el viernes, a tan solo ocho días de que el cese del fuego con el Eln pierda su vigencia, esa guerrilla emitió un duro pronunciamiento en el que puso en duda su continuidad en la negociación y en el que acusó a las Fuerzas Militares, sin mostrar pruebas, de haber violado la tregua.
La respuesta de la delegación que lidera Vera Grabe fue igual de contundente. 
En un comunicado le pidieron al Eln aclarar si está dispuesto a transitar por el camino por la paz o si, por el contrario, está utilizando la negociación para fortalecerse militarmente. Además, lanzan un duro cuestionamiento en contra del jefe de esa organización armada. “Lamentablemente, una y otra vez, ante esa voluntad manifiesta, las respuestas han sido las mentiras y la arrogante posición de la dirección del Eln y de su comandante, Antonio García”, agregan.
Esta crisis, que tiene como antecedente la suscitada por los diálogos regionales en Nariño y la decisión de ese grupo de romper el acuerdo sobre el final del secuestro, no es menor. Este proceso de negociación es la piedra angular de la política de paz del Gobierno y no parece que a corto plazo las delegaciones se vayan a sentar a buscar salidas y descongelar el proceso. De hecho, la posición de uno de los negociadores con mayor peso dentro de la delegación es clara.
“Pedí audiencia (con el presidente Petro) y voy a insistir porque no se puede, de alguna manera, seguir permitiendo que, mientras le exigen al Gobierno, mientras cuestionan buena parte de las cosas que el Gobierno hace, por ejemplo, siguen secuestrando, siguen asesinando y siguen extorsionando”, aseveró José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.
Para Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, este cambio en el discurso de la delegación de Gobierno está directamente relacionado con la presión que siente el Ejecutivo por evitar una escalada violenta.
“Hoy tenemos una mesa vigente, pero que no actúa, que es como tener una máquina que no funciona, y no funciona porque tiene una piedra enfrente, y esa piedra es, evidentemente, el Eln. El problema es que llegamos hasta este punto y el Gobierno claramente tiene que presionar de alguna forma y yo creo que lo que realmente les está diciendo es: ‘¿Realmente vamos a volver al estado de guerra en el que estábamos antes de la mesa?’. Eso es lo que se lee entre líneas”, dijo el analista.
Para los expertos son estas dificultades las que han hecho evidente la necesidad de un vuelco en la política de paz, uno que se esperaba con la salida de Danilo Rueda de la oficina del Comisionado de Paz.
Casi dos años después de su sanción, en noviembre de ese mismo año, no se conoce otro documento que le dé forma. No hay una hoja de ruta y, en definitiva, no es fácil percibir un plan claro. La paz en el gobierno Petro ha tenido dos comisionados de paz, dos enfoques distintos, cuatro ceses al fuego de los cuales sobreviven dos, uno de ellos muy parcial”, dice el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación ‘¿Plomo es lo que viene?’.
Para Valencia, la consecuencia que puede traer la falta de acuerdos en el corto plazo con cada uno de estos grupos sin confrontaciones armadas más allá del Cauca. “Por ejemplo, si se vence el cese y el Eln actúa y empieza a presionar con violencia, creo que es claro que el Gobierno, ya lo vimos en Cauca, de inmediato va a parar la mesa y va a tomar acciones también contra el Eln. Ojalá no tengamos que llegar a ver esa situación y la crisis se resuelva pronto”, dijo
En septiembre de 2022 hubo una reunión exploratoria entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá.

En septiembre de 2022 hubo una reunión exploratoria entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá.

Foto:Archivo particular

Bombardeos, en la agenda

Una de las decisiones más polémicas en la estrategia de seguridad con las que llegó este Gobierno fue la suspensión total de los bombardeos, que luego tuvo una mínima variación: solo se harían ante la certeza absoluta (y en la práctica, casi imposible) de que en el sitio del ataque aéreo no habría presencia de menores reclutados.
La renuncia del Estado a la ventaja aérea es considerada por los expertos como una de las razones del fortalecimiento de los grupos irregulares. Y esa realidad forzó a un giro clave también esta semana: volvieron los bombardeos, no contra concentraciones de irregulares pero sí para abrirles camino a las tropas. 
Tras el asesinato de un niño de 10 años en El Plateado, se ordenó ingresar a un área campamentaria de la ‘Carlos Patiño’, desde la cual se estaban manejando los drones con los que los criminales han atacado a la población y a las tropas en esa región y que estaba protegida por un campo minado. 
Se autorizó una operación de bombardeo –la primera vez en este Gobierno, y en la madrugada del miércoles 24 de julio, desde la base de la Fuerza Aérea de Cali partieron dos aviones Supertucano que con las coordenadas exactas (el campo minado) lanzaron una bomba inteligente de 250 libras o Mark-8.
Fuentes de la institución castrense confirmaron a este diario que se están valorando varias de estas acciones contra puntos de logística y seguridad de las disidencias y del ‘clan del Golfo’, los que no están en la ‘paz total’, para demostrar el poder del Estado, de hecho, este tipo de operaciones están aprobadas en el marco internacional frente a grupos categorizados como de primer nivel por el número de hombres, su armamento y la capacidad para afectar con sus acciones delictivas.
En otra línea, también por la tensa situación de orden público, se autorizó a la Fuerza Pública utilizar la llamada artillería pesada, específicamente morteros y obuses con capacidad de ubicar y afectar objetivos militares a 11.000 metros y 42.000 metros. 
En esa línea, la orden del Presidente es arremeter las operaciones contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el ‘clan del Golfo’, y fue pidió la neutralización –captura o muerte– de los jefes de estos dos grupos armados, una orden que no se esperaba al principio de este Gobierno, cuando la idea era sentar a todos los grupos en una mesa de negociación.
Artillería pesada de las Fuerzas Militares en arremetida en Cauca

Artillería pesada de las Fuerzas Militares en arremetida en Cauca

Foto:Fuerzas Militares de Colombia

Otra estrategia

Esta sucesión de crisis también ha llevado al Gobierno a plantear cambios en el modelo de negociación. Estos se han evidenciado en los dos más recientes procesos de paz emprendidos por el Ejecutivo: la mesa instalada con la ‘Segunda Marquetalia’ y los diálogos regionales iniciados con el frente Comuneros del Sur, disidencia del Eln.
A diferencia de lo que ha ocurrido en otros procesos que adelanta el Gobierno, en los que acordaron ceses del fuego al mismo tiempo que se instalaban las mesas de diálogo –hecho criticado por exnegociadores de paz–, Armando Novoa y el comisionado Patiño optaron por recurrir a lo que denominaron el desescalamiento y a exigir gestos de paz al grupo armado como condición para avanzar en acuerdos. Esta estrategia se plantea inicialmente en los departamentos en donde hay mayor presencia de la ‘Segunda Marquetalia’: Nariño, Putumayo y Caquetá.
Un ejemplo claro de esta nueva estrategia se plasmó hace una semana, en Pasto, allí la oficina de paz se embarcó en un nuevo proceso de reconciliación, uno que contempla un plan de transformación de tres ejes (desescalamiento de la violencia, transformación regional y transición del grupo armado) y que servirá como laboratorio para lo que el Gobierno denominó ‘DNI: Diálogo, negociación e implementación’.
Con este modelo pretenden que este grupo armado haga la dejación de armas en tiempo récord, algo en lo que ya hay avances debido a que, a diferencia del Eln o las disidencias, esta estructura sí habla de abandonar los fusiles.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
X: (@camiloandres894)
Camilo A. CastilloPeriodista
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