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Análisis

Proceso de Paz

Los desafíos para el Gobierno en el proceso de negociación con la ‘Segunda Marquetalia’ que arranca este lunes en Caracas

En la tarde de este domingo, en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, los delegados designados por el presidente Gustavo Petro viajaron a Venezuela.

En la tarde de este domingo, en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, los delegados designados por el presidente Gustavo Petro viajaron a Venezuela.

Foto:Oficina del Alto Comisionado para la Paz

El primer ciclo se realizará hasta el 29 de junio. Delegación del Ejecutivo le dirá no al cese del fuego y retomarán algunos de los temas que discutieron en La Habana.

Camilo A. CastilloPeriodista
La apuesta del presidente Gustavo Petro de adelantar diálogos de paz con organizaciones armadas de manera simultánea tendrá este lunes un nuevo capítulo cuando la delegación del Gobierno –liderada por el exmagistrado del CNE Armando Novoa– se siente en Caracas (Venezuela) a negociar con la ‘Segunda Marquetalia’, grupo desertor del Acuerdo de Paz de 2016 y que es comandado por Luciano Marín, alias Iván Márquez.

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Este proceso de negociación –el tercero de este Gobierno luego de los iniciados con el Eln en noviembre del 2022, y con las disidencias del ‘Estado Mayor Central’ en octubre de 2023– dará inicio en medio de un debate jurídico en torno al camino que tomará el Ejecutivo para el sometimiento de los integrantes del grupo armado.
La ‘Segunda Marquetalia’ nació en 2019 cuando un grupo de excombatientes de las Farc liderados por ‘Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’ y el ‘Paisa’ abandonaron el proceso y volvieron a las armas, lo que causó su expulsión de la justicia transicional. La ‘papa caliente’ para el Gobierno radica justamente en la reincidencia de sus principales cabecillas. Como lo indica la base jurídica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es decir, la Ley 1957 de 2019, aquellos que firmaron los compromisos derivados de la negociación de La Habana y luego desertaron no podrán recibir ningún beneficio del acuerdo.
El Gobierno y la oficina del alto comisionado para la Paz son conscientes de ello, por eso en el seno de la delegación de Novoa ya se discuten posibles alternativas. Por ahora, una de las tesis bajo la cual sustenta el Gobierno el inicio de esta negociación –manifestada por el excomisionado Danilo Rueda antes de salir de su cargo– es que en el acuerdo no existe limitación para que los desertores ingresen a nuevos procesos y puedan tener cabida en otro esquema de justicia transicional.
No obstante, esta tesis va en contravía de las propias afirmaciones de esta administración. Hay que recordar que en febrero del 2023, en un concepto enviado por la Presidencia de la República que estaba firmado por el entonces secretario jurídico, Vladimir Fernández, a la Corte Constitucional –en el marco de una serie de demandas en contra de la Ley 2272 de ‘paz total’–, indicaron que los desertores (puntualmente los de la ‘Segunda Marquetalia’) solo podrían acogerse a un acuerdo mediante un proceso de sometimiento a la justicia.
La ONU y la Conferencia Episcopal serán los acompañantes permanentes de este proceso.

La ONU y la Conferencia Episcopal serán los acompañantes permanentes de este proceso.

Foto:Oficina del Alto Comisionado para la Paz

“El Gobierno y el Presidente sí tienen un amplio poder para iniciar procesos de conversación, no hay ninguna prohibición en esa materia y así lo dejó claro la Corte en su más reciente fallo sobre la ‘paz total’. El problema que hay es respecto a los desertores. Recordemos que hay una provisión en el artículo 66 transitorio del acto legislativo 01 del 2012 que dice que no se podrán otorgar instrumentos de justicia transicional a personas reincidentes”, le dijo a EL TIEMPO Diego Martínez, miembro del equipo jurídico en el proceso de negociación en La Habana.
Tampoco hay que perder de vista la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ‘paz total’ en la que se declaró inexequible que fuera “a juicio del Gobierno” que se definieran los términos del sometimiento a la justicia. Esa definición, advirtió la Corte, solo puede ser dada por el Congreso a través de una ley. El problema radica en que dicho proyecto se radicó en marzo del 2023, pero se hundió por falta de trámite y, a corto plazo no parece que para el Gobierno sea una prioridad radicar una ley de sometimiento. “Por el momento vamos con la postura de que el presidente de la República autorizó un diálogo político y las respuestas jurídicas a ese tema tendremos que elaborarlas a medida que vayan avanzando las conversaciones y esos diálogos de cara a que haya un proceso de paz cierto”, le dijo a este diario Armando Novoa.

Los temas que se podrían llegar a tocar durante el primer ciclo 

Otros temas que entrarán en discusión son el cese del fuego y la agenda. Sobre el primero, la posición del Gobierno es no ceder e insistir en el desescalamiento de la violencia en las regiones en donde hace presencia ese grupo. Sobre el segundo, EL TIEMPO conoció que la intención del Ejecutivo es plantear un temario que tenga como base los asuntos que se discutieron en La Habana, es decir, no arrancar de cero. Esto, según la tesis de los negociadores, para poder adelantar un proceso rápido y sobre el cual haya conclusiones antes de la salida de Petro de la Casa de Nariño.
Tras la firma del acuerdo formal para el inicio de las negociaciones surgió la duda acerca de si el Gobierno respaldaba la tesis de ‘Márquez’ sobre su regreso a las armas. El punto 8 de dicho acuerdo dice que la ‘Segunda Marquetalia’ manifestará en la mesa “sus razones” para el alzamiento armado y anticipan que la base de su argumento será los supuestos entrampamientos al acuerdo de paz de 2016.
Los comentarios alrededor del supuesto entrampamiento en la justicia transicional hacen parte del capítulo que involucró a Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich. Al exjefe de las Farc varios sectores lo consideraban inocente de los delitos vinculados al narcotráfico por los que Estados Unidos había emitido una orden de extradición–denuncia que el Departamento de Justicia de ese país confirmó en 2022–.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante el lanzamiento de 'Misión Cauca'.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante el lanzamiento de 'Misión Cauca'.

Foto:Juan Diego Cano. Presidencia

Esto generó una denuncia de la JEP contra exfuncionarios de la Fiscalía “por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento del material probatorio” en 2018 y una solicitud del excanciller Álvaro Leyva ante el Consejo de Seguridad de la ONU para la creación de una comisión encargada de investigar los obstáculos a la paz, pedido que fue aceptado por el organismo y que derivó en la llegada al país de Antonia Urrejola, experta internacional que concluyó que no hubo entrampamiento, pero sí un “uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana” en el acuerdo.
“Ellos tenían en su propuesta inicial para que ese tema se convirtiera en el punto número uno de la agenda; por supuesto, la delegación del Gobierno no tiene nada que discutir sobre el tema”, agregó Novoa.

Así quedó conformada la delegación del Gobierno

A Armando Novoa lo acompañarán Parmenio Cuéllar, exministro de Justicia; el coronel (r) Jaime Ariza, representante de Acore; María Camila Moreno, antropóloga que ha trabajado con comunidades étnicas en temas de derechos colectivos; Gloria Arias Nieto, miembro del movimiento Defendamos la Paz; y Gabriel Bustamante, subdirector general de la Unidad de Restitución de Tierras. 
Además, habrá un comité consultivo de alto nivel, en el que se destaca la presencia de Joaquín Gómez, exjefe guerrillero que hizo parte de los diálogos de La Habana. Del lado del grupo armado habrá 12 delegados, los cuales representan sus principales estructuras. El vocero principal será José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza. 

Así opera el grupo desertor del acuerdo

La ‘Segunda Marquetalia’ cuenta hoy con 1.646 integrantes en Colombia y Venezuela, según cifras de inteligencia militar, entre hombres en armas (1.048) y redes de apoyo (598), que se dedican principalmente a actividades ilícitas como el control de la minería ilegal, narcotráfico, la extorsión y al secuestro, en menor medida.
El grupo desertor se divide hoy en una estructura jerárquica que cuenta con una dirección nacional y una dirección intermedia. De la primera, que según un informe de 2021 de la Fundación Ideas para la Paz hace las veces del antiguo secretariado de las Farc, hacen parte ‘Iván Márquez’; Gener García, alias John 40, que, según un informe de InSight Crime, es enlace entre los proveedores de cocaína en Colombia con compradores en Venezuela; José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza; José Manuel Sierra, alias Zarco Aldinever, que sonó como reemplazo de Marín Arango cuando se pensó que este estaba muerto; y Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda. Estos dos últimos, también miembros de la delegación del grupo desertor.
El video de la Segunda Marquetalia se conoció el 12 de abril.

Esta organización, según autoridades, hace presencia en 13 departamentos de Colombia y en Venezuela.

Foto:Archivo particular

En la dirección intermedia, de acuerdo con informes de inteligencia militar, aparecen tres miembros más de la delegación de la ‘Segunda Marquetalia’: Allende Perilla Sandoval, alias Andrés Allende, jefe de la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’; Geovanny Andrés Rojas, alias Andrés Araña, máximo cabecilla de los ‘Comandos de la Frontera’; y William Danilo Malaver López, alias Gersón González, de la columna móvil Vladimir Steven. Junto con ellos aparecen los nombres de Jhon Jairo Bedoya, alias Rusbel; Diógenes Medina, alias Chalo; Nelson Enrique Díaz, alias Iván Alí; y Jhurleny Guerrero (la quinta integrante de ese grupo que firmó el acuerdo de Caracas), entre otros. En el informe también señalan que el foco de influencia de esta organización criminal está en Venezuela y que es a través de alianzas que han ganado terreno en Colombia, en donde, afirman, “su presencia continúa siendo débil y limitada”.
“Parece ser una disidencia menos violenta, parece que tiene menos presencia, que no quiere decir que no sean peligrosos, pero eso tiene que ver con las cabezas del grupo. Ahí hay muchos líderes históricos de las Farc, con viejos guerrilleros y con mayor formación política. Es una guerrilla que ha tratado de expandirse desde arriba, contrario a lo que ha hecho el Emc, que ha buscado fortalecerse desde la base”, señaló el analista en temas de paz y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Andrés Felipe Ortega.
El organigrama lo completan cerca de 15 estructuras y subestructuras que hacen presencia en por lo menos 13 departamentos de Colombia, en Venezuela y Ecuador.
CAMILO A. CASTILLO (@camiloandres894) - REDACCIÓN POLÍTICA
Camilo A. CastilloPeriodista
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