LIMALIMA — La fiscalía peruana informó el martes que tiene abiertas 62 investigaciones contra 324 uniformados por la muerte de 50 civiles —hasta ahora se registraban 49— y los 716 lesionados que dejaron las manifestaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte al inicio de su mandato en diciembre de 2022.
Es la primera vez que la fiscalía otorga un panorama total de cifras sobre las investigaciones por la violencia que se agudizó sobre todo en los Andes del sur, de mayoría indígena y que agrupa a las regiones de Ayacucho, Puno, Apurímac, Arequipa y Cusco, donde se produjeron la mayoría de las muertes y más de la mitad de los heridos.
Los datos sistematizados por el Observatorio de Criminalidad de la institución indican también que 285 policías y 39 militares son investigados por diversos delitos que incluyen el homicidio calificado, la tortura agravada, las lesiones graves y el abuso de autoridad.
La mayoría de civiles muertos y heridos eran hombres, así como los manifestantes agraviados tenían principalmente entre 18 y 44 años.
La fiscalía sumó un muerto más a la totalidad de civiles fallecidos en las protestas: Manuel Quilla, de 36 años, detenido el 14 de marzo de 2023 en una comisaría de Lima durante una protesta donde recibió lesiones graves en la cabeza y murió a causa de esas heridas, según la necropsia realizada por la fiscalía.
Diversos informes de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional coincidieron en que las fuerzas de seguridad violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones.
Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas de octubre de 2023 contabilizó que el 60% de 108 civiles heridos con armas de fuego, que pudieron registrar, presentaban heridas en las partes superiores del cuerpo, como la cara, la mandíbula, el pecho y la espalda.
Ese informe de la ONU también mencionó que siete miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de las protestas, incluidos un policía y seis soldados. Asimismo indicó que 208 miembros de las fuerzas de seguridad quedaron heridos, de ese total había 52 por contusiones, cuatro por fracturas y siete por cortes, causados por las piedras o palos que lanzaron los manifestantes.
En 2023 la fiscalía denunció a la presidenta ante el Parlamento para que pueda ser enjuiciada al término de su mandato por homicidio calificado y lesiones graves por los hechos ocurridos durante las manifestaciones posteriores al inicio de su gobierno.
