El uso de aplicaciones de transporte en Bogotá ha generado controversia, especialmente por los operativos policiales que, en algunos casos, han derivado en abusos y malos tratos hacia los conductores. Desde el Concejo de Bogotá, se ha solicitado una nueva estrategia que garantice el respeto a los derechos de los trabajadores del sector y que se escuche a los conductores antes de imponer sanciones.
En las redes sociales han circulado videos que muestran agresiones por parte de policías de tránsito en medio de operativos contra el transporte ilegal. Estos hechos han encendido el debate sobre cómo se llevan a cabo estos procedimientos. La principal queja de los conductores es que se les trata como delincuentes, sin darles la oportunidad de un debido proceso. "No es una guerra contra ellos, pero debe haber control", afirmó un concejal en el debate.
Las localidades más afectadas por estos operativos son Fontibón, Engativá, Suba y Chapinero, donde se han impuesto el mayor número de comparendos. El Concejo de Bogotá busca modificar la sanción D12 que se aplica en estos operativos, asegurando que se garantice un trato justo. "Queremos que quienes se ven involucrados en estos procedimientos sientan que tienen todas las garantías", agregó el concejal.
A pesar de las críticas, algunos analistas sostienen que los operativos son necesarios para controlar la ilegalidad y los riesgos que representa el transporte no regulado en las vías de la capital. Sin embargo, coinciden en que es urgente una regulación que equilibre el mercado y proteja tanto a los usuarios como a los conductores.
Las cifras son claras: más de 300.000 conductores han prestado al menos un servicio mediante plataformas, y más de 4.800.000 usuarios han utilizado este tipo de transporte en Bogotá. La necesidad de una regulación se hace cada vez más evidente, ya que las plataformas continúan ganando terreno y ofrecen una alternativa rentable para muchos trabajadores que buscan una salida económica ante la falta de oportunidades en otros sectores.