Joven apuñalado cerca de su colegio en San Cristóbal

Un grave incidente ha sacudido a la comunidad educativa de San Cristóbal, tras el apuñalamiento de un estudiante del Colegio Tomás Rueda Vargas en las cercanías de la institución. Según la madre del menor agredido, su hijo fue atacado a la salida del colegio y tuvo que ser trasladado de urgencia en un taxi después de que la ambulancia tardara en llegar. La madre denuncia que esperó 17 minutos dentro del plantel sin recibir la atención adecuada para su hijo, lo que ha generado una ola de preocupación y consternación entre los padres de familia. 

La Secretaría de Educación, por su parte, ha respondido a las acusaciones asegurando que se activaron todos los protocolos de emergencia necesarios. Según un comunicado oficial, se hizo la llamada al número 123 para solicitar el servicio de ambulancia y se contactó a la policía del cuadrante, así como al acudiente del adolescente. Además, se informó que un miembro de la Defensa Civil presente en el colegio prestó primeros auxilios al estudiante antes de su traslado al hospital. La Secretaría asegura que el coordinador docente del plantel activó de inmediato los protocolos establecidos para la atención integral del menor. 

El incidente ha puesto en evidencia una serie de preocupaciones adicionales sobre la seguridad en los entornos escolares. Según cifras de los últimos años, los casos de abuso y violencia en el ámbito educativo han mostrado un alarmante incremento: 1.964 casos en 2022, 2.590 en 2023 y 1.306 en 2024. La situación actual resalta la necesidad urgente de medidas más efectivas para proteger a los estudiantes y garantizar una respuesta adecuada ante emergencias. 

La familia del joven agredido ha solicitado a las autoridades un aumento en la vigilancia en las áreas cercanas a los colegios y un refuerzo en la capacitación del personal educativo para manejar situaciones de emergencia. Según la madre del estudiante, en lugar de ofrecer ayuda inmediata, algunos funcionarios prefirieron grabar la situación. Este hecho ha generado una mayor presión sobre las autoridades para que revisen y fortalezcan los protocolos de atención en casos de emergencia. 

Las autoridades educativas y de salud deben trabajar en conjunto para garantizar que incidentes como este no se repitan y que los estudiantes reciban la protección y el apoyo que necesitan en momentos críticos. Mientras tanto, la comunidad sigue esperando respuestas más claras y acciones concretas que aseguren la seguridad y bienestar de todos los alumnos en la región. 

La inseguridad en Bogotá no discrimina ni los lugares sagrados. En la tarde de ayer, un grupo de tres hombres ingresó a una iglesia ubicada en el barrio Pasadena, en la localidad de Suba, y robó una consola de sonido y otros objetos de valor. Este hecho ocurrió después de que los delincuentes asistieran a la misa y, aprovechando un descuido, desconectaron los equipos y huyeron sin ser interceptados. 

El párroco de la iglesia explicó que los ladrones habrían planeado el robo con antelación, ya que minutos antes del hurto participaron en la celebración religiosa. Según las imágenes de las cámaras de seguridad del templo, uno de los hombres incluso se arrodilló ante la imagen de la Virgen antes de llevar a cabo el delito. 

El uso de aplicaciones de transporte en Bogotá ha generado controversia, especialmente por los operativos policiales que, en algunos casos, han derivado en abusos y malos tratos hacia los conductores. Desde el Concejo de Bogotá, se ha solicitado una nueva estrategia que garantice el respeto a los derechos de los trabajadores del sector y que se escuche a los conductores antes de imponer sanciones.  

En las redes sociales han circulado videos que muestran agresiones por parte de policías de tránsito en medio de operativos contra el transporte ilegal. Estos hechos han encendido el debate sobre cómo se llevan a cabo estos procedimientos. La principal queja de los conductores es que se les trata como delincuentes, sin darles la oportunidad de un debido proceso. "No es una guerra contra ellos, pero debe haber control", afirmó un concejal en el debate. 

Las localidades más afectadas por estos operativos son Fontibón, Engativá, Suba y Chapinero, donde se han impuesto el mayor número de comparendos. El Concejo de Bogotá busca modificar la sanción D12 que se aplica en estos operativos, asegurando que se garantice un trato justo. "Queremos que quienes se ven involucrados en estos procedimientos sientan que tienen todas las garantías", agregó el concejal. 

A pesar de las críticas, algunos analistas sostienen que los operativos son necesarios para controlar la ilegalidad y los riesgos que representa el transporte no regulado en las vías de la capital. Sin embargo, coinciden en que es urgente una regulación que equilibre el mercado y proteja tanto a los usuarios como a los conductores.  

Las cifras son claras: más de 300.000 conductores han prestado al menos un servicio mediante plataformas, y más de 4.800.000 usuarios han utilizado este tipo de transporte en Bogotá. La necesidad de una regulación se hace cada vez más evidente, ya que las plataformas continúan ganando terreno y ofrecen una alternativa rentable para muchos trabajadores que buscan una salida económica ante la falta de oportunidades en otros sectores. 

En el barrio Versalles, localidad de Fontibón, se han reportado dos casos preocupantes de suplantación de identidad por parte de delincuentes que se hacen pasar por funcionarias del Sisbén. Estas criminales se disfrazan de enfermeras para ganarse la confianza de sus víctimas, a quienes les suministran sustancias que las dejan desorientadas y posteriormente roban sus hogares. 

Las víctimas más recientes de este modus operandi son dos mujeres de la tercera edad, residentes en el mencionado barrio. Las delincuentes, tras ingresar a las viviendas bajo el pretexto de realizar evaluaciones del Sisbén, revisaron todo el inmueble y sustrajeron objetos de valor. Una de las víctimas relató que, tras ser engañada, empezó a presentar síntomas como pérdida de memoria, lo que sugiere que fue drogada durante el robo. 

El temor se ha extendido en la comunidad, ya que estas supuestas enfermeras aprovechan la vulnerabilidad de personas mayores, un sector que confía en los servicios del Sisbén. Las autoridades recomiendan a los residentes estar alerta y no abrir sus puertas a personas sospechosas, aunque se presenten como funcionarias de instituciones reconocidas. 

La Policía ha recibido varias denuncias similares y se encuentra trabajando para dar con el paradero de estas delincuentes, quienes al parecer han realizado múltiples robos bajo la misma modalidad en diferentes sectores de Fontibón. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que reporte cualquier actividad sospechosa y evite dejar entrar a desconocidos en sus hogares. 

Se espera que con la difusión de estos casos se logre capturar a las responsables y prevenir futuros delitos en la localidad. Mientras tanto, las autoridades locales intensifican las investigaciones para poner fin a esta peligrosa estrategia delictiva.