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Investigación

Delitos

Fiscalía habla de 'organización criminal' en caso de la UNGRD: señala a ministro Bonilla, a Carlos Ramón González y a jefe de la Función Pública

Estos son algunos de los funcionarios salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Estos son algunos de los funcionarios salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Foto:Archivo particular

En Bogotá fueron imputados Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, quienes no aceptaron los cargos.

El destape de las pruebas de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo en la esperada audiencia contra Olmedo López y Sneider Pinilla, protagonistas del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), agravó aún más el escándalo de corrupción que sacude el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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La Fiscalía no solo les da credibilidad a los graves señalamientos de López y Pinilla contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exjefe del Dapre y actual cabeza de la Dirección de Inteligencia Carlos Ramón González y la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz -a quienes señaló de hacer parte de un 'aparato criminal' tendiente a desviar dineros del Estado- sino que involucró en el entramado criminal a César Manrique, el actual director de la Función Pública y otro hombre de la entera confianza del presidente Gustavo Petro
El embajador Camilo Romero, también de la entraña del primer mandatario, empezó también a recibir las esquirlas del escándalo por el papel jugado en el entramado delictivo, según la Fiscalía, por Pedro Rodríguez Melo, quien era asesor de Olmedo López y es reconocido como una ficha política de Romero desde que este fue gobernador de Nariño.
Manrique fue señalado por la fiscal de apoyo del caso, Andrea Muñoz, como el supuesto cerebro de un plan para desviar 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que terminaron en manos de la UNGRD y sobre los cuales Manrique supuestamente pretendía quedarse con un 7 %: siete mil millones de pesos. Todo esto en detrimento de la plata para la reforma agraria, paradójicamente una de las banderas del presidente Gustavo Petro.
Luis Carlos Barreto, Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Luis Carlos Barreto, Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Foto:Archivo particular

Sé que por defender el botín se acusarán inocentes (...) Que ningún culpable escape y que se haga a fondo la investigación en todos los casos, caiga quien caiga.

Desde París, a donde asiste a la inauguración de los Juegos Olímpicos, el presidente Petro empezó a desmarcarse de la cerrada defensa que venía haciendo de sus funcionarios, especialmente el ministro Bonilla, salpicados por el escándalo. A través de su cuenta de X, aseguró que no va "a defender a nadie en este proceso de la UNGRD": "Sé que por defender el botín se acusarán inocentes (...) Que ningún culpable escape y que se haga a fondo la investigación en todos los casos, caiga quien caiga".
Y agregó: "Pero sin quitarle gravedad a los hechos de la UNGRD, pasados y presentes, diré que no son ni la uña del caso de Odebrecht, donde casi todo está en la impunidad".
Estos son los ejes de la imputación de cargos realizada por la Fiscalía, frente a la cual tanto Olmedo López como Pinilla y como el empresario Luis Eduardo López Rosero se negaron a aceptar responsabilidad. Esto, por razones procesales, pues los tres están buscando beneficios por colaboración con la justicia.
Luis Carlos Barreto y César Augusto Manrique.

Luis Carlos Barreto y César Augusto Manrique.

Foto:Archivo particular.

'Una organización criminal'

Según la Fiscal, "desde por lo menos mayo del 2023 a marzo del 2024", López, Pinilla, Pedro Andrés Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto Gantiva y César Augusto Manrique Soacha, el director de la Función Pública, fueron claves para "conformar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en la contratación privada y expedita de la UNGRD". La Fiscalía señaló que la red aprovechó las declaraciones de calamidad pública locales y las declaraciones de estado de emergencia dictadas por el Gobierno Nacional para cometer al menos cinco delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
"Fue una organización criminal que tuvo como propósito direccionar la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros", aseguró. A Olmedo López le dijo que "tuvo las siguientes funciones dentro de la organización: dirigió con Sneyder Pinilla la operación tendiente a conseguir dineros y contratación ilícita de la Unidad con destino a congresistas; lideró la operación tendiente a dirigir contratos de la Unidad para que fueran adjudicados a determinados congresistas, otros funcionarios públicos y particulares señalados por estos. Usted delegó en Sneyder Pinilla y Pedro Rodríguez Melo (asesor de la UNGRD), entre otros, la consecución de contratistas a quienes se les adjudicaría las órdenes de proveeduría y contratos a cambios de las coimas en beneficio propio y de terceros”.
Fiscal delegada María Cristina Patiño y Hernándo Barreto, coordinador de fiscales.

Hernando Barreto, coordinador de fiscales delegados ante la Corte; Fiscal delegada María Cristina Patiño y

Foto:Audiencia

Y agregó: "Usted coordinó la entrega de 3 mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz Nova; y la entrega de mil millones de pesos directamente al representante Andrés David Calle Aguas, quien para entonces era el presidente de la Cámara, conforme a las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para la época se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre".
Aunque el nombre de Carlos Ramón González -uno de los grandes poderes en la Alianza Verde- había sonado en el escándalo, la Fiscalía lo ubica dando las órdenes para el supuesto soborno millonario de Name y Calle -que ellos niegan-, a través de otra ficha clave de los verdes, la exconsejera Ortiz, cuya situación jurídica, según varias fuentes, está seriamente comprometida.
La Fiscalía también da por sentado que el ministro de Hacienda intervino en la repartija de contratos: "Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro; y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente congresistas de las comisiones terceras de Senado y Cámara". Bonilla venía siendo, hasta ayer, defendido a capa y espada por el presidente Petro, quien aseguró la semana pasada que era un funcionario "pobre" y dijo además que los acercamientos entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas hacían parte del intercambio normal de la política colombiana desde siempre.
Ricardo Bonilla, ministro de hacienda y el exenlace de esta cartera con el Congreso, Maria Alejandra Benavides.

Ricardo Bonilla, ministro de hacienda y el exenlace de esta cartera con el Congreso, Maria Alejandra Benavides.

Foto:Archivo particular.

La Fiscal del caso insistió en sus señalamientos a Bonilla al referirse al papel de Sneyder Pinilla en la red de corrupción: “Usted, señor Sneyder, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de hacienda Ricardo Bonilla, contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes, Julio Elías Chagüi, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla”.

La plata de la Agencia Nacional de Tierras

La exposición de la Fiscalía deja en jaque a César Manrique, el polémico director de la Función Pública que acompaña a Gustavo Petro desde su alcaldía de Bogotá. La Fiscalía sostiene que a través de Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de UNGRD, Manrique desvió 100 mil millones de pesos que debían ir a la Agencia Nacional de Tierras y terminaron como botín de corruptos. La ANT es clave en el desarrollo de la reforma agraria, uno de los temas capitales en la agenda del presidente Petro.
La Fiscal dice que Manrique Soacha “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiples órdenes de proveedurías y contratos direccionados a los empresarios a los que se les adjudicarían contratos a cambio del pago de coimas”. Y asegura que de por medio estuvo una comisión del siete por ciento sobre esa cifra.
“Olmedo López gestionó con Luis Carlos Barreto y su jefe político, César Augusto Manrique, director del Departamento de la Función Pública, el traslado de 100.000 millones de pesos que la UNGRD tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en contraprestación, Olmedo López permitiría que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas”, dijo la fiscal.
Luis Carlos Barreto y Olmedo López.

Luis Carlos Barreto y Olmedo López.

Foto:UNGRD.

Gerardo Vega, exdirector de la ANT, le dijo a EL TIEMPO que "la plata de la reforma agraria no se fue para la UNGRD", sino que eran parte de un convenio que nunca se ejecutó" (ver notas anexas). Vega confirmó que López y "un funcionario de Casa de Nariño" sí estuvieron en su oficina pidiendo la devolución de la millonaria partida, pero que la ANT les dijo que en realidad nunca la había recibido. En el mismo sentido se pronunció el director actual de la Unidad, Felipe Hartman.
Lo cierto es que plata que debía ir a campesinos afectados por los desastres naturales, especialmente en la zona de La Mojana, no terminó en sus manos.

¿Cómo operaba la red?

En la diligencia, que seguirá en la segunda semana de agosto, la Fiscalía explicó cómo operaba el esquema, el cual tenía en la mira contratos por más de 228 mil 844 millones de pesos. El capítulo revelado ayer tiene indicios sólidos de coimas por 5.276 millones de pesos: los 3 mil millones supuestamente entregados a Name, los mil del señalamiento a Andrés Calle, lo que recibieron Pinilla y López y otros mil millones que fueron supuestamente a Pedro Andrés Rodríguez Melo.
Reveló la fiscal que previamente al inicio del proceso contractual, López y sus secuaces contactaban a los contratistas de la organización y les informaban de los bienes y suministros que se iban a requerir para que realizaran las cotizaciones con los que responderían a las invitaciones que les harían, “registrando sobrecostos para cumplir con la coima”.
Estos son los seis congresistas implicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Estos son los seis congresistas implicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Foto:Archivo particular.

“Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Andrés Rodríguez y Luis Carlos Barreto (de la UNGRD), así como funcionarios de otras entidades estatales como César Augusto Manrique, y otros servidores públicos y contratistas de la Unidad y particulares, como Luis Eduardo López Rocero, representante legal de la empresa Luket SAS, y que por interpuesta persona dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas, acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades en contratación privada y expedita de la UNGRD”, explicó la fiscal.
Según la Fiscalía, los recursos del pago de coimas los gestionó López Rosero, quien a su vez se quedó con el mayor valor en este entramado: 7.821 millones producto del contrato de los carrotanques. “Usted señor Luis Eduardo López Rosero entregó, por pago de coimas pactadas, por la adjudicación de esa orden de proveeduría 192, un total de 6.342 millones que fueron distribuidos así: 1.000 millones para el señor Pedro Rodríguez y 5.342 millones a Sneyder Pinilla por la coima pactada por la adjudicación de esa orden de proveeduría 192 (...) Usted señor se benefició en provecho propio de 7.821 millones producto del contrato ilícito”, expresó la fiscal Muñoz durante la audiencia.
Ahora, la Fiscalía se concentrará en pedir una medida de aseguramiento intramural en contra de los tres procesados, audiencia que se realizará el 7 de agosto en Bogotá. Los vinculados han pedido públicamente que si bien no se oponen a ir a prisión, quieren que por seguridad sea una guarnición militar.
Ana María Cuesta, Carlos López, Jhon Torres y Jesús Blanquicet - Redacción Justicia
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