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Defensoría del Pueblo, de la mano con las comunidades contra la crisis climática

En el Guaviare hay distintas apuestas por la conservación de la Amazonía, desde reservas de conservación hasta influenciadores de la región.

Jairo Sedano (de sombrero) pasó de ser ganadero del Guaviare a protector del bosque amazónico. En su reserva Diamante de las Aguas (@diamantedelasaguas) cambió las vacas por el canto de los pájaros.

Foto:Mariano Vimos para EL TIEMPO

Más allá de las alertas e informes, esta entidad trabaja con la gente de las regiones.

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paradójicamente, y pese a que Colombia no está entre las naciones que más emisiones de CO2 producen en el mundo, sí es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.

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Debido a su ubicación geográfica estratégica y a su biodiversidad, las altas temperaturas del planeta, que registró su año más cálido en 2023 con 14,9 grados centígrados, significan un riesgo considerable para los ecosistemas nacionales, así como para sus comunidades. A esto se suma la poca capacidad de respuesta que hay ante dichos sucesos. 
Más grave aún es que, por efecto de los problemas ambientales, todos los derechos de los ciudadanos terminan vulnerados: a la vida, a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda digna, a gozar de un ambiente sano, al espacio público, a la prevención de desastres y a la libre locomoción. También se afectan la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable.
En ese sentido, como institución garante de la protección de los derechos de los colombianos, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado distintas acciones y estrategias que le apuntan, entre otras metas, a proteger zonas cuya preservación garantizará la continuación de la vida en el territorio nacional, pero también en el planeta entero. “Lo que hacemos en materia de protección de ecosistemas va a contribuir a que el país se adapte a los efectos del cambio climático”, indicó Juliana Hurtado Rassi, delegada de los Derechos Colectivos y del Ambiente.

Lo que hacemos en materia de protección de ecosistemas va a contribuir a que el país se adapte a los efectos del cambio climático.

Entre esos escenarios están los páramos y los ríos del país, pero también corales, manglares y el Amazonas, como una región determinante en la prestación de servicios ecosistémicos relevantes para el mundo.
La elaboración de informes y documentos de advertencia –entre los que están el del desabastecimiento de agua potable en Santa Marta y el de recomendaciones orientadas a garantizar los derechos de la población de la región Caribe, frente al aumento excesivo de las tarifas del servicio público de energía eléctrica–, el seguimiento de sentencias y la intervención judicial de la entidad para custodiar el ambiente ante los jueces del país hacen parte de las acciones de la Defensoría para hacerle frente a una crisis climática que apenas empieza.
Sin embargo, el papel de la entidad ha trascendido estas labores, para trabajar de la mano de las comunidades y enfocarse también en la pedagogía. “No hablamos solo del incendio, por ejemplo, sino de qué va a pasar después, de cómo restaurar y cómo educar para que estos eventos no se repitan”, afirmó Hurtado.

Las aguas negras de Providencia y Santa Catalina

El pasado mes de abril, la Defensoría del Pueblo dirigió un documento a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Ministerio de Ambiente y Vivienda, a la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina, para que “solucionen de manera
definitiva el vertimiento de aguas negras domésticas al ambiente”.
La entidad, que le ha venido haciendo seguimiento a la reconstrucción de Santa Catalina y Providencia, advierte que en las 765 intervenciones realizadas en el programa de rehabilitación y/o reparación se dejaron 400 sistemas sépticos antiguos con deficiencias, lo que ha traído afectaciones a la población, que debe sufrir malos olores, además de la proliferación de vectores y contaminación ambiental, que no solo representan un problema para la salud de la gente, sino también para la preservación del ecosistema.

Piden comité urgente para reducir riesgos en La Mojana

La Defensoría del Pueblo le ha hecho seguimiento a la crisis humanitaria provocada por las inundaciones en la región de La Mojana, en el Caribe colombiano, que se agudizó en mayo con la ruptura –nuevamente– del dique Cara de Gato, y que ya deja más de 32.000 personas afectadas, el 40 por ciento de ellas menores de 18 años. La falta de medicamentos y de medicina especializada ha sido la queja más reiterativa de una población que vive en vilo respecto a lo que pueda suceder con su territorio.
Esto en un contexto en el que, de acuerdo a las predicciones climáticas, las lluvias no van a cesar y en cambio sí van a recrudecer la situación. El número de peticiones, quejas y reclamos ante la Defensoría hechos por esta población ha ido en aumento.
Según los datos de la entidad, al 10 de mayo de 2024 había una afectación del 20 por ciento de las comunidades, pero si no se toman acciones inmediatas, esto podría ascender al 25 por ciento. Por esta razón, para ese mes, la Defensoría solicitó la creación del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo en La Mojana.

50.000 árboles sembrados en el bosque  amazónico del Guaviare con la población

@pipeq_uida y Valeria la Guardiana son padre e hija y hacen pedagogía sobre la importancia de conservar la Amazonía.

@pipeq_uida y @valerialaguardiana son padre e hija y hacen pedagogía sobre la importancia de conservar la Amazonía.

Foto:Mariano Vimos para EL TIEMPO

En la puerta de entrada del Amazonas colombiano hay más de 600.000 vacas y solo 168.000 habitantes. “Es decir, 4 o 5 vacas por persona”, explica PipeQ-ida, en redes como @pipeq_ida, un youtuber guaviarense de 29 años, esposo y padre de dos hijos; amenazado por su liderazgo ambiental en la región.
Pipe además sentencia: “Hoy las vacas deforestan el Guaviare, pero usted no ve a ninguna de ellas echando machete”. Lo dice y luego hace un llamado urgente a que se generen alternativas a la ganadería.

Hoy las vacas deforestan el Guaviare, pero usted no ve a ninguna de ellas echando machete.

Desde sus redes, este padre de familia educa sobre los problemas que trae acabar con el bosque amazónico, al tiempo que le muestra a su hija de 10 años, Valeria, cómo desde la comunicación sí se pueden generar cambios.
“Yo desde muy pequeña veía a mi papá y también quise hacer videos, pero también aprender de esta tierra y cuidarla”, dice Valeria.
Y es así como la Escuela Guardianes del Chiribiquete, que lideran padre e hija, ya ha llegado a más de 600 niños de la región, desde 2019, en escuelas rurales hasta las que ellos van para hablar del medioambiente y la importancia de hacer siembras en nacederos de agua.
Pipe ha sobrevivido a dos atentados y a un llamado de atención hecho por uno de lo grupos armados del lugar. Hay, y ha habido, varios por ser una zona cocalera codiciada por los actores al margen de la ley. Su permanencia en el territorio, además de su coraje, se debe a apoyos como los de Edisson Martínez, defensor del Pueblo del
Guaviare, que nunca dudó de la importancia del youtuber en el departamento, por lo que se ha dado la pela para que su permanencia sea lo más segura posible.
Martínez, también guaviarense, habla del cuidado del ambiente con pasión. Nombra la siembra de más de 50.000 árboles, en articulación con otras entidades y con la comunidad; menciona que la suya es la primera regional con carbono neutro y que pasaron de 10 atenciones en años anteriores a más de 600 en 2023, gracias al
equipo de abogados ambientales que lidera. 
“En el ejercicio ambiental trabajamos desde la integralidad. Acompañamos y coadyuvamos en temas jurídicos, técnicos y profesionales; visibilizando a los líderes y yendo a instituciones educativas para hacer pedagogía, actuando en el territorio de la mano de la gente”, asegura el defensor.
Y así como arroja datos institucionales que lo enorgullecen, también nombra a la gente con nombre, apellido e historia. A don Jairo Sedano, por ejemplo, un exganadero que cambió las vacas, el whisky, los tiros al aire y los corridos norteños por la restauración, el sonido del agua y el canto de los pájaros.
En el Diamante de las Aguas, en redes como @diamantedelasaguas, don Jairo también hace pedagogía y cuenta cómo, luego de mandar cantidades de carne a Bogotá, ahora lleva 15 años siendo Aula Viva. “Allá donde estaban los cerdos ahora tengo un mariposario con el nombre de mi hija Valentina, pero no ha sido un proceso fácil”, dice.
Don Jairo, que ahora recibe a estudiantes de colegios y de universidades, en el mismo espacio donde armaba fiestas y tomatas con los ganaderos, asegura que si el campesino no cuida es porque no ha entendido. 
“Así como en Bogotá no han entendido que lo que pase acá tiene que ver con el agua que ahora les está haciendo falta allá”, afirma. Y remata diciendo que le
gustaría mucho un espacio en el Concejo de la capital del país para hablar de
esta situación.

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú lanzaron una alerta histórica por la deforestación en el bioma amazónico

En un hecho sin precedentes, la Defensoría del Pueblo de Colombia lideró el proceso para lanzar la ‘Alerta temprana por la deforestación en el bioma amazónico’, junto con las defensorías del Pueblo de Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Estos países hacen parte de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, un organismo que reúne a más de 100 representantes de defensorías del Pueblo para promover la cooperación y el intercambio de experiencias en la protección de derechos humanos. 
El documento, divulgado el pasado 17 de abril, señala los graves riesgos de vulneración de los derechos al medioambiente sano y el equilibrio ecológico, asociados a la creciente deforestación en la región amazónica.
Entre las diferentes amenazas generadas por este fenómeno están las de la minería ilegal, la expansión agrícola y ganadera –común para los cinco países–, la apropiación de tierras, la infraestructura vial, la construcción de proyectos de represas hidroeléctricas y la presencia de actores armados en Colombia, entre otros aspectos.
La problemática del Amazonas “es un ejemplo más de que la naturaleza no conoce fronteras políticas y por eso la conservación y protección del ambiente y los ecosistemas debe pensarse de manera global”, indicó la Defensoría del Pueblo de Colombia, al tiempo que recalcó que esta alerta es histórica porreunir en una misma causa ambiental a distintas entidades a lanzar un SOS a los Estados, organismos multilaterales y la sociedad civil en general en torno a la protección de un ecosistema del que depende la efectiva garantía de los derechos de toda la humanidad.

El Atrato es el tercer río del mundo catalogado como un sujeto de derechos

Alexánder Rodríguez, guardián del río Atrato.

Alexánder Rodríguez, guardián del río Atrato.

Foto:Manuel Benavides para EL TIEMPO

Alexánder Rodríguez se para frente al río Atrato y no puede evitar entonarle unas
coplas. “En el río, haciendo memoria, lavaban junta toda su ropa, mientras se contaban sus historias. Ya en el río no se bañan, son aguas perjudiciales, les sale brote en la piel y afecta sus genitales”, relata en verso sobre la realidad del río.
Él es uno de los guardianes del río Atrato, el principal afluente del departamento del Chocó, el cual fue catalogado como un sujeto de derechos por la Corte Constitucional (en la Sentencia T -622 del 2016), en un hecho sin precedentes en el país y constituyéndose en el tercer caso a nivel mundial, después del Wanganui, de
Nueva Zelandda, y el Ganges, en la India.
Alexánder es oriundo de la comunidad de Campoalegre-río Tanguí, ubicada a orillas del río Atrato, y fue elegido como guardián comunitario del río Atrato, así como
de sus cuencas y afluentes, para defender el río como un sujeto de derechos.
“La Corte se pronunció después de estudiar los hechos, declarando al Atrato como un río con derechos. Los derechos otorgados están en la decisión, uno es mantenimiento y otro es conservación, y en el mismo orden siguen restauración y protección”, declama en verso Alexánder.

La Corte se pronunció después de estudiar los hechos, declarando al Atrato como un río con derechos. Los derechos otorgados están en la decisión, uno es mantenimiento y otro es conservación, y en el mismo orden siguen restauración y protección.

Asegura que recitando en poesía apartes de la sentencia es más fácil concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar el río. “Las 164 páginas de la sentencia las hice verso y poesía, porque así es más práctico y pedagógico enseñarle a la gente”, reafirma.
Alexánder asegura que ha habido algunos avances para proteger al río.
“Logramos detener un poco el ejercicio de la minería en el cauce del Atrato. La sentencia hizo bulla para que el Gobierno entendiera y asumiera su rol como garante de los derechos de los ciudadanos y del río”, aclara.
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, pues la contaminación del afluente continúa.

La Defensoría hace un llamado 

De hecho, en una visita de seguimiento realizada recientemente por la Defensoría del Pueblo, la entidad alertó que pese a que ya pasaron 8 años de lo ordenado en la sentencia, “evidenciamos la lamentable situación en la que se encuentra el río”. Por lo que la Defensoría hizo un llamado al Ministerio de Ambiente y a las entidades competentes para “garantizar el derecho a un ambiente sano a todas las comunidades que dependen de este río y asegurar la efectiva conservación y protección de este ecosistema estratégico”.

Garantizar el derecho a un ambiente sano a todas las comunidades que dependen de este río y asegurar la efectiva conservación y protección de este ecosistema estratégico.

Y el problema de contaminación del río Atrato no es solo consecuencia de la minería ilegal de oro que se viene realizando a las orillas del río y a gran escala desde el año 2000. También obedece a la deforestación y a la falta de conciencia de las comunidades aledañas al río que lo ven como un depósito de sus desechos. 
Incluso, declama nuevamente Alexander, el río también ha sido testigo de la violencia que los azota: “No es solo la minería que arriba contamina, son también los cuerpos humanos que a ese río han arrojado”.
Por ello, entre sus tareas seguirá estando la concientización de las comunidades sobre su cuidado, así como convertirse en la voz del río. “El río ya tiene quien hable por él y lo represente en cualquier escenario local, nacional e internacional”, aclara.
Alexánder recalca que el apoyo que han recibido de la Defensoría del Pueblo “ha sido fundamental para la defensa de los derechos”, ya que la entidad hace parte del comité de seguimiento a la sentencia para exigir al Gobierno el cumplimiento de lo establecido por la Corte.
“Han estado en los momentos importantes acompañándonos en cada actividad y construyendo los planes de acción”, asegura el líder ambiental.

Salud, economía y vida social, afectadas por la contaminación de su principal río

La comunidad La Soledad, conformada por 200 familias, está ubicada a orillas del río Atrato y es una de las afectadas con la contaminación.

La comunidad La Soledad, conformada por 200 familias, está ubicada a orillas del río Atrato y es una de las afectadas con la contaminación.

Foto:Manuel Benavides para EL TIEMPO

Una de las grandes consecuencias de la contaminación del río Atrato, además de la ambiental, es cómo ha afectado la salud de las personas y la dinámica social y económica de las comunidades aledañas al río.
Por ejemplo, la comunidad La Soledad, conformada por 200 familias y más de 500 personas, es una de ellas. Fermín Mena Córdoba, representante de La Soledad, aseguró que “el agua del río no sirve ni para bañarse. Desde hace más de 12 años tenemos esta problemática, por lo que hacemos un llamado para tener un acueducto o tanques para almacenar el agua porque la del río no la podemos consumir por su contaminación”.
Históricamente, relata Fermín, esta comunidad fue pesquera, por lo que dependían de los peces del río Atrato tanto para el consumo propio y como una fuente de ingresos con la venta del pescado que hacían en Quibdó.
Paradójicamente, y no obstante estar a solo unos pasos del río, hoy no pueden hacer uso de esta agua. No pueden pescar, tampoco se pueden bañar ahí como antes lo hacían, porque les produce daños en la piel. Ni mucho menos pueden beber de esa
agua o cocinar con ella porque se enferman.
La comunidad prefiere recolectar el agua lluvia en contenedores para usarla para el aseo o para cocinar, y a veces deben viajar en lancha hasta la ciudad para comprar agua que sea potable y que puedan consumir de manera segura.
Esta situación se repite a lo largo del departamento porque el río baña a muchas comunidades que conviven y dependen de este afluente, afectando su seguridad alimentaria. 
“En la minería ilegal utilizan mercurio para separar las láminas de oro de la tierra. Para dar el fallo de la sentencia se hizo una investigación y se evidenció que hay mercurio en el río y los peces, afectando la salud de las personas”, explicó Alexánder Rodríguez, uno de los guardianes del río, y puntualizó: “El 80 por ciento de la población del Chocó se alimenta de peces. El río es nuestra despensa de alimentos y al estar contaminado, por supuesto que los peces que consumimos también. El cuerpo recibe ese mercurio y se inyecta como un veneno para la salud”, alertó Rodríguez.
MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de la Defensoría del Pueblo.
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