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Análisis

Latinoamérica

Informe especial: en 2023 al menos 362 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en América Latina, ¿qué hay detrás?

Personas que pertenecen a la población LGBT+ participan de la Marcha del Orgullo en Ecuador.

Personas que pertenecen a la población LGBT+ participan de la Marcha del Orgullo en Ecuador.

Foto:EFE

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El año pasado, según la red de organizaciones Sin Violencia -que integran 10 países-, hubo un aumento de casi del 5 % respecto al 2022. En el mundo, 62 países aún criminalizan a esta población.

William Moreno HernándezPeriodista Internacional
La noche del pasado domingo 5 de mayo, Andrea Amarante, Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Sofía Castro fueron víctimas de un crimen de odio. Las cuatro mujeres, que eran lesbianas, dormían en una habitación que compartían en una pensión de Barrancas, un barrio ubicado al suroeste de Buenos Aires, Argentina cuando uno de sus vecinos, Justo Fernando Barrientos, abrió la puerta y les arrojó un explosivo dejando el lugar envuelto en llamas y acabando con la vida de tres de ellas: Andrea, Pamela y Roxana. Sofía sobrevivió y actualmente se encuentra en recuperación.

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“Las mataron por lesbianas. Fue triple lesbicidio. Fue una masacre”, gritan desde entonces los colectivos de mujeres que llevan semanas protestando por el caso que la justicia argentina investiga como un “homicidio doblemente agravado” por alevosía y peligro común.
Sin embargo, las organizaciones sociales que acompañan el caso denuncian que en este no se consideró el factor de la violencia de género ni se tuvo en cuenta el agravante contemplado en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal de ese país, que se refiere al delito de crimen de odio.
Triple lesbicidio en Argentina.

Triple lesbicidio en Argentina.

Foto:Archivo particular

En Argentina, una ley en 2012 introdujo reformas para criminalizar de modo agravado los homicidios de este tipo. Específicamente, en el inciso en cuestión se incluyeron los crímenes de odio contra poblaciones victimizadas por su identidad de género y su orientación sexual, es decir: lesbianas, gais, bisexuales, personas trans e intersexuales.
El caso en cuestión cumple con todas esas características según la Defensoría LGBT de Argentina que atiende los casos de violación de derechos de esa población. Por eso, en palabras de su titular, María Rachid: “Al no incluir el agravante por odio se invisibiliza el odio hacia las lesbianas”.

Al no incluir el agravante por odio se invisibiliza el odio hacia las lesbianas.

Andrea, novia de Sofía, y Pamela, pareja de Roxana, eran cuatro mujeres que convivían en la habitación donde mataron a tres de ellas y costeaban sus gastos con empleos informales o vendiendo cosméticos. Sin embargo, en este tipo de pensiones, conocidas localmente como hoteles familiares, se deben compartir los baños y las cocinas con otros inquilinos.
Y si bien el juzgado que tomó el caso, a cargo del juez Edmundo Rabionne, argumenta que no hay elementos que prueben el odio en contra de las mujeres, a finales de mayo se dieron a conocer testimonios de vecinos que aseguran que Barrientos, el agresor, solía insultarlas por su orientación sexual y que incluso amenazó de muerte a dos de ellas.
De hecho, testigos de la agresión con el explosivo aseguran que, cuando las víctimas lograron salir de la habitación en medio de las llamas, el hombre las golpeó y las empujó hacia el fuego.

No es una excepción: el panorama de las personas LGBTIQ+ en América Latina

El triple lesbicidio conmocionó también a activistas y organizaciones LGBTIQ+ de América Latina, en especial porque ven en Argentina uno de los países de la región más vanguardistas en derechos para esta población.
El país del sur, por ejemplo, fue el primer latinoamericano en aprobar el matrimonio igualitario en 2010. También es común que figure en los listados de los países más “amigables” con las personas LGBTIQ+.
En un ranking mundial de 2023, el reporte LGBT+ Danger Index -publicado por la compañía Asher & Lyric, que clasificó cuáles son los mejores y peores países para viajar si eres una persona LBGTIQ+-, Argentina apareció en la posición 30 de 203 países. Fue el cuarto país latinoamericano mejor calificado después de Cuba (29), Uruguay (19) y Chile (18). Colombia ocupó el puesto 36.
Población LGBTIQ+ participa en una manifestación, en la ciudad de Oaxaca (México).

Población LGBTIQ+ participa en una manifestación, en la ciudad de Oaxaca (México).

Foto:EFE

Por eso, el caso está lejos de ser una excepción en América Latina y las organizaciones que defienden los derechos de la población LGBTIQ+ coinciden en que estos no pueden verse como hechos aislados. Si bien reconocen que en la región en el último año hubo avances importantes en materia de legislación, las acciones de los gobiernos de América Latina para prevenir los asesinatos de personas LGBTIQ+ siguen siendo insuficientes. Las cifras, que advierten un elevado subregistro, dan cuenta de ello.
Sin Violencia LGBTIQ+ es una red de organizaciones latinoamericana que monitorea homicidios contra disidencias sexuales y de género en 10 países de la región e integra la Red de Litigantes de las Américas que se dedica a hacer litigio legal a favor de esta población.
Según conoció EL TIEMPO, en 2023 fueron asesinadas por lo menos 362 personas LGBTIQ+ en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana, países donde la red Sin Violencia tiene presencia.
“Más allá del ligero aumento en el número total de casos a nivel regional (casi el 5 por ciento con respecto al número de casos registrados en 2022, cuando se documentaron 345), se registraron aumentos significativos en Guatemala (en donde el número de casos registrados aumentó en un 38,9 por ciento en comparación con el año anterior), Perú (en donde el aumento fue del 63,6 por ciento) y Ecuador (que registró el mayor aumento de toda la región, equivalente a un 145 por ciento). De hecho, 2023 ha sido el año más violento en estos tres países desde que inició la documentación de casos de Sin Violencia”, señalan desde la red.
En otros países hubo reducciones significativas. Fue el caso de México (-23,5 %) y República Dominicana (-88,2 %). Sin embargo, la red latinoamericana advierte que “no hay información suficiente para concluir si esto se debió a una reducción real de la violencia letal contra las personas LGBTIQ+ en esos países, mayor invisibilización de esta violencia en las fuentes disponibles en cada país y/o mayores barreras para la identificación y documentación de los casos”.

Colombia: uno de los países donde bandas criminales atacan a la población LGBTIQ+ para generar poder local

En el caso de Colombia, la ONG Colombia Diversa, que integra la red, documentó el asesinato de 159 personas LGBTIQ+ en 2023, un aumento del 7,3 por ciento en comparación con el número de casos registrados el año anterior (148).
La mayor parte de los crímenes ocurrieron en los departamentos de Valle del Cauca (30), Antioquia (20) y, específicamente, en la ciudad de Bogotá (10).
También se destaca que la mayor parte de las víctimas eran hombres gais (61) y mujeres trans (40), seguidas de hombres bisexuales (17), lesbianas (13) y hombres trans (11).
Un dato revelador de estas cifras es que solo en 63 de los 362 casos se tiene información sobre los presuntos victimarios de los crímenes. Entre estos, sobresalen 24 casos en los que los responsables serían integrantes de grupos armados o de crimen organizado.
Al respecto, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, señala que “la discriminación se usa por parte de las bandas criminales para generar poder local”.
Sánchez agrega que este último dato es importante porque “el tema de la violencia contra las personas LGBTIQ+ generalmente se analiza de manera aislada, como que afecta solo a un grupo de la población, y realmente también puede responder a patrones criminales mucho más generales que se están dando en la región”.

Avances y retrocesos en materia legal para la comunidad LGBTIQ+

Sobre los avances, las fuentes destacan la protección legal con la que cuentan las personas LGBTIQ+. En Ecuador, por ejemplo, en enero se reconoció legalmente la identidad de género al igual que en el estado de Yucatán, en México, donde se aprobó en marzo una reforma para reconocer la identidad de género y el cambio del componente de sexo en los documentos de identidad. En el caso de Colombia se destaca la decisión de la Corte Constitucional que reconoció el derecho a la licencia en época de parto para hombres trans y personas no binarias.
No son pocas las muestras de serios retrocesos en la materia. La justicia de Brasil legalizó el matrimonio igualitario en 2013, pero movimientos de derecha, encabezados por el bolsonarismo, que tiene mayoría en el Congreso, busca aprobar una ley para prohibirlo. En Argentina, entre tanto, el gobierno de Javier Milei cerró de forma definitiva hace unos días un ministerio que ya había reducido a una Subsecretaría en cuanto llegó al poder en diciembre: el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades.
En Colombia, el Congreso hace unas semanas dejó hundir, por segunda vez consecutiva, un proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” contra personas LGBTIQ+, mientras que en Perú, el gobierno de Dina Boluarte emitió en mayo un decreto que patologiza las identidades trans y no binarias, es decir las calificaba como enfermedades mentales.
“Esta medida lo que tiene detrás es toda una política de exterminio de las personas trans. Buscan clasificarnos como enfermas para no darnos ciudadanía en este país. No darnos cambio de nombre, ni derecho al trabajo o a la identidad”, dice Leyla Huerta, presidenta de la organización de mujeres trans Féminas Perú.
Luego de la incidencia constante de organizaciones, que durante semanas protestaron en contra de la medida, el Ministerio de Salud peruano decidió retirar esa clasificación.
Huerta cree que esa medida, en todo caso, se enmarca en un movimiento “antiderechos”, no solo en la región, sino en el mundo entero que “promueve la narrativa de que (las personas trans) no somos personas sujetas de derechos”.
Protesta en Perú por decreto que patologiza a la población trans.

Protesta en Perú por decreto que patologiza a la población trans.

Foto:AFP

La radiografía de la criminalización LGBTIQ+ en el mundo 

Según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus sigla en inglés), 62 Estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo (60 por disposiciones legales explícitas y dos de facto).
La mayoría son de África y Asia, pero en América y el Caribe la lista de países donde la homosexualidad podría incluso suponer la pena de muerte incluye a Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.
Los efectos de esas restricciones no distinguen entre locales y extranjeros. Catar es uno de los países con legislaciones más severas contra las personas LGBTIQ+. Este año se conoció el caso de Manuel Guerrero, un hombre mexicano-británico detenido en febrero en ese país por ser homosexual y vivir con VIH.
La policía catarí lo detuvo en Doha después de acudir a una cita acordada a través de una aplicación de citas en donde las autoridades crearon un perfil falso para capturarlo al momento del encuentro.
Manuel estuvo casi un mes en la cárcel, donde denunció que tuvo que firmar papeles cuyo contenido desconocía, y le hicieron estar más de un día sin consumir agua. Además, careció la mayor parte del tiempo de acceso a su tratamiento antirretroviral contra el VIH.
Manuel Guerrero, mexicano detenido en Catar por ser gay.

Manuel Guerrero, mexicano detenido en Catar por ser gay.

Foto:Archivo Particular

Para este reportaje, Enrique Guerrero, hermano de Manuel, le contó a este diario que el proceso legal no ha concluido, pues a inicios de junio la justicia catarí declaró en primera instancia a Manuel culpable de posesión y consumo de drogas, un delito que su familia asegura que no cometió y que, en realidad, las autoridades de Catar -donde ser homosexual se considera ilegal- fabricaron para inculparlo.
Por lo pronto, Enrique confirmó que Manuel y su equipo legal apelarán esa decisión, mientras esperan los esfuerzos del gobierno mexicano para que pueda regresar a su país.
Pese a la escasez de datos oficiales disponibles, ILGA publicó a finales de 2023 un informe en el que recopiló detenciones y procesamientos judiciales por actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, así como por motivos de expresiones de género diversas. Esa organización encontró que en los seis primeros meses del año pasado estas leyes se aplicaron en al menos 32 Estados miembros de Naciones Unidas.

El creciente discurso de odio contra la diversidad sexual y de género, ya sea por parte de figuras políticas, líderes religiosos y comunitarios, y muchas veces en complicidad de los medios de comunicación, se traduce en políticas o campañas organizadas cuya duración, alcance y violencia es difícil de anticipar.

Sin embargo, las cifras reales pueden ser mucho más elevadas dado que los registros oficiales son a menudo inaccesibles o inexistentes. Además, es posible que muchos casos nunca se hayan registrado o que se haya informado sobre ellos de forma poco clara y sesgada.Pero, los que sí están documentados muestran la naturaleza impredecible tanto de las detenciones como de los procesamientos judiciales.
“Países ampliamente considerados como ‘seguros’ o ‘tranquilos’ han experimentado cambios repentinos con relativamente poca antelación. El creciente discurso de odio contra la diversidad sexual y de género, ya sea por parte de figuras políticas, líderes religiosos y comunitarios, y muchas veces en complicidad de los medios de comunicación, se traduce en políticas o campañas organizadas cuya duración, alcance y violencia es difícil de anticipar”, afirma Kellyn Botha, consultora de investigación de ILGA y autora principal del informe titulado ‘Nuestras identidades bajo arresto’ en conversación con este diario.
Decenas de personas en una marcha LGBTIQ+ en Namibia, donde este año un alto tribunal anuló las leyes de la época colonial del país africano que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo.

Decenas de personas en una marcha LGBTIQ+ en Namibia, donde este año un alto tribunal anuló las leyes de la época colonial del país africano que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo.

Foto:AFP

Sin embargo, desde ILGA aclaran que el hecho de que un país no figure en los listados de aquellos que cuentan con estas leyes, no es suficiente para que sea considerado un lugar seguro para las personas LGBTIQ+. “A menudo, nuestras comunidades son objeto de ataques incluso sin que existan disposiciones explícitas de criminalización en los libros”, anota por su parte Gurchaten Sandhu, director de programas en esa organización.
Pero, lo que más preocupa, es que detrás de los textos legales, hay miles de personas que se ven seriamente afectadas por legislaciones que criminalizan su orientación o identidad sexual. Si bien en junio, mes del Orgullo LGBTIQ+, se suele hablar al respecto, el propósito de las organizaciones y activistas es hacerlo todos los días del año, sin descanso, pues las amenazas para las disidencias sexuales y de género no cesan.
William Moreno HernándezPeriodista Internacional

DETRÁS DE LA NOTICIA

Para la elaboración de este reportaje sobre la violencia contra personas LGBTIQ+ en América Latina y en el mundo, publicado a propósito del mes del Orgullo LGBTIQ+, se consultaron dos informes. Por un lado, uno de Sin Violencia LGBTI, un grupo de organizaciones civiles dedicadas a velar por los derechos de esa población en América Latina y el Caribe, para conocer el panorama regional de asesinatos y violencias. EL TIEMPO tuvo acceso a las cifras antes de la publicación del informe de manera oficial, estimada para inicios de agosto de 2024. Y por otro, uno de la organización ILGA para indagar en el panorama de derechos y legislaciones restrictivas en el mundo. También, se entrevistó a representantes de esas organizaciones y de casos que ejemplifican el panorama que se busca exponer.

Bogotá, Colombia.

REFERENCIAS

'Nuestras identidades bajo arresto: Un panorama global de la aplicación de normas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo y las expresiones de género diversas' - Informe de ILGA Mundo. Noviembre de 2023.

https://ilga.org/wp-content/uploads/2023/12/Nuestras_Identidades_Bajo_Arresto_2023.pdf

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