Es posible lograr cero emisiones netas en 2050, pero no es fácil

Con una dosis de optimismo y sin definir claramente cómo, el Gobierno Nacional se comprometió ante la comunidad internacional en reducir en 51 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero frente a la línea base en 2030 y en lograr cero emisiones netas en 2050. El compromiso fue formalizado en la NDC 2020 (sigla en inglés para contribuciones nacionales determinadas) y fue respaldado por documentos Conpes y desarrollos legales. Las preguntas que quedaron en el aire, y que todavía no han sido resueltas del todo, son ¿cómo hacerlo? ¿Cuánto nos va a costar? ¿De quién depende?, entre otras. El proceso de definición de la hoja de ruta que responde estas preguntas desde la perspectiva oficial está abierto; el Ministerio de Minas y Energía que lo lidera ha pospuesto un año su entrega, que se ha anunciado para febrero de 2024.

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Como insumo para los procesos de decisión, desde el primer semestre de 2022, el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) realizó, con apoyo de Enel Colombia, el ‘Estudio para la hoja de ruta para la transición energética Colombia 2050’. En el trabajo participamos Tomás González, Ricardo Delgado, Camilo Herrera, Ángela Cadena, Gabriela Mejía y, de quien leen estas palabras, Darío Hidalgo. La metodología incluyó diálogos con actores relevantes del sector público y el privado (cuatro talleres entre marzo y septiembre de 2022) y una modelación detallada del sector energético para varios escenarios de políticas públicas y de disponibilidad de tecnologías. La proyección supone que seguimos creciendo de forma moderada en población y economía, es decir que el consumo energético crece. El modelo utilizado (Times, desarrollado por la Agencia Internacional de Energía, IEA, y adaptado a Colombia por el CREE) incluye todas las fuentes de energía, sus procesos de transformación y todos los sectores que la consumen. Su objetivo es identificar la canasta energética que minimice el costo de atención de la demanda sujeto a las restricciones ambientales (emisiones GEI) y de entrada en el tiempo de alternativas tecnológicas para la generación, el transporte, la industria, el comercio, la minería y la agricultura. Como fuentes de información se destacan el Balance Energético Colombiano (Beco), Plan de Expansión 2030, demanda energética por sectores de la Upme; factores de emisión de Ideam y de IPCC, datos de participación sectorial del Banco Mundial para 200 países, bases de datos de factores de consumo y emisiones por tecnología, detalles técnicos de generación de XM, entre muchos otros.

El resultado es prometedor pero al mismo tiempo muy exigente. Es posible lograr las metas anunciadas, pero el esfuerzo es gigante en cuanto a inversión, regulación y coordinación. Como toda tarea difícil, es más sencillo anunciar que hacer. Sin entrar en detalle de los procesos de evaluación, los supuestos para los distintos escenarios y los resultados cuantitativos (que se pueden ver en el informe), cabe resaltar algunos de los resultados principales sacados directamente del estudio.

Las 10 cosas que requiere la carbono neutralidad en 2050 a mínimo costo son:

1. Multiplicar por cinco veces nuestra capacidad de producir energía de bajas emisiones.

2. Asegurar la disponibilidad del gas natural para la transición (a 2040 va a requerirse el doble del gas que consumimos hoy).

3. Asegurar la adopción oportuna y a gran escala de tecnologías eficientes y bajas en carbono en todos los sectores, especialmente en el transporte.

4. Asegurar el pleno financiamiento de las nuevas inversiones de oferta y demanda.

5. Construir relaciones de confianza entre comunidades, Gobierno y empresas para sacar adelante los proyectos con oportunidad.

6. Ponerle un precio al carbono consistente con las metas de mitigación y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles.

7. Asegurar la cobertura plena y asequible de energía, así como su uso eficiente.

8. Asegurar la transición productiva de los grupos vulnerables que pierden con la transición energética y que supone la generación de nuevos empleos.

9. Acompasar la transición energética y la transición fiscal dado el enorme papel de los fósiles en la financiación de la inversión pública.

10. Incrementar el conocimiento, las capacidades de investigación e innovación nacionales y el contenido local de bienes y servicios.

El costo incremental de afrontar la transición energética —que corresponde a la diferencia en el costo de atender la demanda de energía con y sin restricción de emisiones— se estimó entre 0,6 por ciento del PIB en el 2030 hasta 1,3 por ciento del PIB en el 2050, para un escenario donde se avanzan las políticas ya anunciadas (en otros escenarios hay variaciones). Es una cifra significativa pero comparable a las estimadas por el IPCC. El costo marginal de abatimiento en el escenario base de políticas anunciadas es de 23,3 dólares por tonelada de CO2 reducida. Este valor está en un rango bajo: según un reporte del Banco Mundial en 2022 el costo social del carbono se estima en un rango entre -13,36 y 2,387 dólares por tonelada de CO2 reducida.

El desarrollo de estas diez cosas requiere de un diálogo amplio, realista e incluyente sobre metas, acciones y distribución de los costos de la carbono neutralidad. Es, como les dicen en Chile a las tareas difíciles, un reto no menor. A continuación, una pequeña ampliación de algunos puntos (1, 2, 3 y 6):

· Aumentar la generación de fuentes renovables (‘hidro’, viento, sol, geotérmica) por cinco veces en 27 años es transformacional, no incremental; va mucho más allá de esfuerzos puntuales en la infraestructura. Tiene que estar acompañada de aumento de capacidades instaladas en la transmisión, la distribución y la operación del sistema, incluyendo la participación de la demanda (conservación).

· La transición de mínimo costo requiere gas natural como puente entre los combustibles de alta densidad de carbono a energéticos limpios. Hasta 2040 se requiere más gas natural, y con ello exploración para que no sean necesarias importaciones (como ha sido anunciado las reservas probadas existentes nos llevan solo hasta 2030). El gas natural no solo es esencial para garantizar confiabilidad del suministro eléctrico, también es necesario en la industria, el transporte y los hogares, especialmente aquellos que siguen cocinando con leña.

· En el lado de la tecnología, además de expansión rápida de generación eólica y solar, se requiere incorporar hidrógeno, baterías, captura de carbono (CCS), geotermia e incluso considerar energía nuclear. Esto requiere adaptar los marcos regulatorios.

· Desde la demanda, lo más importante es la electrificación del transporte, seguida de edificaciones y de la industria (razones por las cuales es también necesario aumentar la generación). El estudio sugiere considerar una fecha límite para la venta y registro de vehículos de combustión interna (fósiles) entre 2035 y 2040. Esto es consistente con un anuncio reciente del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que sugirió que a partir de 2040 solo se matriculen carros eléctricos.

· En transporte no solo es importante cambiar la energía de propulsión, para lo que se hace indispensable realizar las inversiones que permitan la adecuación de la red para atender esta nueva demanda; también es muy importante avanzar en acciones para por lo menos mantener la distribución de viajes urbanos (mayoritariamente a pie, en transporte público y de forma creciente en bicicleta) y diversificar el transporte de carga (actualmente concentrado en camión para carga distinta al carbón de La Guajira y del sur del Cesar).

· Para mantener y mejorar la distribución de viajes de personas en las ciudades se requiere trabajar en desarrollo compacto y mixto, calidad en el transporte público y seguridad personal y vial para peatones y ciclistas. El salto tecnológico de flotas, especialmente de transporte público, taxis y camiones pequeños, puede hacerse con apoyo financiero desde el Gobierno Nacional (como quedó definido en el Plan Nacional de Desarrollo).

· La eliminación de subsidios a combustibles fósiles no solo tiene mucho sentido fiscal (nos cuesta 30 billones al año), sino que es la señal correcta si queremos reducir su consumo. Ya hay voces contrarias a la destorcida gradual que ha implementado el Gobierno para los precios de la gasolina, faltando aún iniciar el proceso con el diésel. El Gobierno ha tomado una decisión difícil pero necesaria y que requiere continuidad.

El informe del CREE tiene un desarrollo exhaustivo con base en análisis cuantitativos sólidos. Es un insumo invaluable para el proceso que adelanta el Gobierno para definir la hoja de ruta de la transición energética justa. La definición de las políticas públicas con base en estudios como este evita que incurramos en costos mayores a los necesarios para lograr las metas, y que las metas efectivamente se cumplan. Se trata de una discusión basada en datos y análisis rigurosos, más que en buenos deseos e ideologías.

DARÍO HIDALGO