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Un desafío humanitario

Ningún país podrá resolver solo y por su cuenta las olas de migración irregular.

Editorial
“Ya sabemos que esto no va a parar”. Las lacónicas palabras de Giuseppe Loprete, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, ante el aterrador aumento de la cantidad de personas que atraviesan la frontera sin controles migratorios entre Colombia y Panamá son una señal de alarma, un pedido de ayuda que no puede quedar en el vacío. Este es un drama humanitario.

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En comparación con la del mismo periodo del año pasado, la cifra ha crecido 300 %, según datos oficiales panameños. Esto implica que este año ya son más de 300.000 los seres humanos que han llegado caminando a ese país de paso por tierras de Colombia, alrededor de 60.000 más que en todo el 2022. Es claro que estamos ante un fenómeno gigante y sin precedentes. Aquí sirve saber que entre 2019 y 2020 Panamá dio cuenta del paso de 109.233 personas, en su mayoría cubanos y haitianos.
Tal y como están las cosas en este momento, a diario atraviesan el borde entre 2.500 y 4.000 caminantes, entre venezolanos, colombianos, haitianos, ecuatorianos. Estas cuatro nacionalidades son las que predominan, pero hay también numerosos africanos y chinos, algo que deja claro que este asunto tiene alcance global. Y todos desesperados en su búsqueda de un mejor futuro. Como se ha relatado incontables veces, las condiciones absolutamente tortuosas y adversas de este trayecto dejan claro que estas personas están dispuestas a pasar por encima de las leyes migratorias de cada país para entrar en un camino de incertidumbre, que incluye el riesgo de perder la vida.
Lo cierto es que tal flujo de personas encarna múltiples desafíos, también riesgos. El que sean tantos seres –y entre ellos, más de la mitad mujeres y niños– impone la obligación ética de no mirar para otro lado y de prestarles atención para, por lo menos, garantizar la protección de sus derechos más fundamentales. Esto es innegociable. En especial porque es imprescindible tener presente que de las necesidades de estos migrantes se nutren poderosas organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, las de los mal llamados coyotes. Con la franquicia del ‘clan del Golfo’, cobran entre 100 y 150 dólares a cada persona dispuesta a recorrer el agreste trayecto. Algo similar ocurre en la frontera con Ecuador, donde son las disidencias de las Farc las que explotan este cruel negocio. Se ha documentado que otras organizaciones ofrecen el servicio de acompañar, prestando dudosa seguridad, a los migrantes desde el sur del país hasta la zona del Darién. Lo cierto es que allí solo opera una ley de la selva que multiplica las denuncias de crímenes como las violaciones sexuales.

Es necesario la coordinación entre los gobiernos para implementar políticas integrales que atraviesen todo el continente y que articulen las estrategias de control, seguridad y atención humanitaria

Un reto crucial es no perder la coordinación entre todos los países involucrados en la obligación de responder a esta emergencia humanitaria: los emisores, los que sirven de tránsito y los receptores. De los roces que surjan entre los gobiernos a la hora de repartir responsabilidades, los únicos grandes beneficiados serán siempre los ilegales. La tentación que ronda a los países de cesar la cooperación, buscar culpables y descartar la posibilidad de integrar el enfoque de problema humanitario con el de seguridad nacional no debería romper el diálogo que se necesita para abordar un problema común. Algo así solo garantiza que el drama se agrave. Cerrar fronteras, como lo está evaluando el Gobierno de Panamá para la zona del Darién, es una medida que, aunque legítima, podría traer tranquilidad temporal, pero no es una fórmula efectiva en el largo plazo, sobre todo si no es producto de una estrategia coordinada con Colombia y otros países involucrados en este desafío.
Para enfrentarlo hay que empezar por asumir que la desaparición de este tipo de flujos a través de nuestro continente no se vislumbra como algo cercano y que seguirán siendo un fenómeno repetido, como lo han sido en la historia, con mayor o menor intensidad, según el momento económico o social de los países.
En esa medida, lo que hay que hacer es implementar políticas integrales que atraviesen todo el continente y que articulen las estrategias de control, seguridad y atención humanitaria, tarea en la que los gobiernos receptores, Estados Unidos, para ser claros, tienen que ser protagonistas, manteniendo y fortaleciendo la cooperación en todos los frentes, incluido el de las ayudas sociales a las naciones de las cuales parten los migrantes. Esa misma práctica es necesaria para mejorar la coordinación del Gobierno Nacional con las autoridades locales que viven en carne propia el problema por haberse convertido en sitios de paso.
El reto es claro, cooperación entre países para aliviar el sufrimiento y evitar a toda costa los esfuerzos aislados. Tenemos ante nuestros ojos un desafío que ningún país por su cuenta podrá sortear.
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