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Análisis

Educación

Reforma a la Educación: las certezas y las dudas tras radicación de proyecto que busca salvar a universidades públicas del déficit financiero; ¿de dónde saldrá la plata?

Firma de reforma a la Ley 30 el 3 de septiembre

Firma de reforma a la Ley 30 el 3 de septiembre

Foto:Ministerio de Educación

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Aunque en principio se espera un apoyo mayoritario para la iniciativa, la falta de un aval fiscal siembra un manto de duda para uno de los proyectos más esperados para el sector.

Mateo Chacón OrduzSubdirector Vida
Luego de dos años de gestión, el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Educación, finalmente radicó ante el Congreso de la República la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que establecen la financiación de las universidades públicas en el país.

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Se trata de una de las principales propuestas de campaña en materia educativa del presidente Gustavo Petro y uno de los reclamos más fuertes de todo el sector educativo desde hace varios años, ya que con esto se podría salvar a las 64 instituciones de educación superior (IES) públicas del país (entre universidades e instituciones técnicas y tecnológicas) del déficit presupuestario que arrastran desde hace décadas.
Presentada con el nombre de ‘Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública’, la iniciativa fue radicada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, en compañía de un grupo de más de 70 congresistas que firmaron el proyecto, pertenecientes a distintos partidos políticos, tanto de Gobierno, como independientes y oposición.
Así lo explicó en el evento de radicación, realizado hoy en el Capitolio Nacional, el ministro Rojas: “Sabemos que nos queda mucho por recorrer, el propósito del Gobierno es avanzar no solamente en financiamiento, sino también en bienestar, en calidad, en pertinencia. Pero este acuerdo nacional que supera las ideologías, supera los estratos, supera los orígenes regionales, nos une como colombianos".
El proyecto, establece cambiar el modelo actual con el que se calculan los incrementos presupuestales anuales que destina la Nación a las IES públicas. Actualmente este cálculo se hace mediante el IPC, es decir, la inflación. La propuesta es que ahora se utilice el Índice de Costos de la Educación Superior, del Dane.
Esto debido a que en las últimas tres décadas, en promedio, los costos de las universidades han crecido entre 5 y 6 puntos porcentuales por encima de la inflación, lo que ha llevado a estas instituciones a arrastrar con un déficit presupuestal que, según cálculos del Sistema de Universidades Estatales (SUE, que reúne a todas las universidades públicas del país) hoy alcanza los 19 billones de pesos, es decir, el dinero que se podría recaudar con una reforma tributaria. Solamente en funcionamiento (vinculación docente y trabajadores) se estima una cifra de 3.5 billones de pesos.
Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal - SUE

Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal - SUE

Foto:Universidad de Córdoba

Al respecto, Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE, le dijo a EL TIEMPO: “Eso nos va a permitir a nosotros soportar básicamente cuatro variables que pesan hoy en el funcionamiento de las universidades: vinculación de profesores y trabajadores; el decreto 1279 que es el que determina los incrementos salariales de los docentes por producción científica; la ampliación de cobertura y el déficit de infraestructura”.
Sin embargo, este proyecto no logra sanear este déficit, sino que se espera garantizar que en adelante los incrementos correspondan a las necesidades del sector y la brecha no se haga más grande.
De cualquier forma, existe preocupación en el sector sobre las posibilidades de éxito de la iniciativa, empezando por el tema financiero. Así lo explicó Torres: “La mayor preocupación ahora es el tema de los recursos. El año pasado se presentó este mismo proyecto, sin el apoyo del Ministerio de Educación que esta vez sí abanderó la causa. Fue aprobado en la comisión sexta de Cámara, pero Hacienda certificó que no había recursos, y sin eso no hay proyecto de ley sobre temas financieros que sea aprobado. No podemos permitir que esto vuelva a suceder y esperamos que Educación y Hacienda estén trabajando en un aval fiscal”.
De momento, EL TIEMPO pudo establecer que la radicación se dio sin aval fiscal, pero según el ministro Rojas, se espera tenerlo listo y con el visto bueno de Hacienda antes de que inicie el primer debate.
Otro tema que preocupa es el ambiente político. Y es que ya quedó demostrado en la legislatura pasada, con el proyecto de ley estatutaria de educación, que las diferencias entre las bancadas puede terminar por hundir una iniciativa que en principio recibió apoyo unánime durante tres debates.
Al respecto, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, autora del proyecto y exrepresentante estudiantil que estuvo detrás de los paros de 2018 y 2019 (que demandaban precisamente la reforma a la Ley 30), le dijo a este diario: “Este proyecto puede pasar por unanimidad, si nosotros tenemos un buen trabajo en el Congreso. Este es un proyecto que, si bien tiene el apoyo del Gobierno, no es solo de ellos, ni solamente del Pacto Histórico. Yo soy autora y hago parte de la bancada independiente. Toda la bancada independiente de Senado y Cámara lo apoya, así como algunos congresistas de oposición de partidos como Cambio Radical”.
De cualquier forma, y a pesar de estos apoyos mayoritarios, la iniciativa ha tenido resistencia por parte de algunos sectores del mismo movimiento estudiantil, según le contó a EL TIEMPO el ministro Rojas (entrevista publicada en la edición del 2 de septiembre), ya que algunos sostienen en que más que una reforma financiera era necesaria una reforma integral a la educación superior.
Pese a ello, parece haber un consenso entre expertos y actores del sector en la necesidad de incrementar la base presupuestal de las instituciones oficiales, para evitar situaciones como las que presenta hoy la Universidad de Antioquia está vendiendo dos de sus predios y recortando su planta de docentes de cátedra a la mitad para poder conseguir recursos para asegurar su funcionamiento. O el caso de la Universidad Distrital que actualmente renta varios de sus espacios para asegurar recursos para cubrir sus gastos, o el deterioro de la infraestructura de la Universidad Nacional que ya ha registrado ampliamente este diario.

¿Dónde quedan las privadas?

Pese a que todo el sector reconoce la necesidad de rescatar financieramente a las universidades estatales, también hay voces que insisten en que se están abandonando a las privadas.
Una de esas voces es la de Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún): “Sin duda este proyecto es un paso en sentido correcto. Pero no podemos perder de vista a esa otra parte de la oferta académica que está desamparada, que son las universidades privadas. Si bien es cierto ahora con la modificación del artículo 86 y 87 de la Ley 30 avanzaremos para que las universidades públicas puedan seguir haciendo oferta consistente y de calidad, también es importante que miremos la otra parte del sector que corresponde a las dos terceras partes de las instituciones y que tienen un millón de estudiantes”.
Para el líder del gremio que agrupa a las principales universidades del país, es importante enviar un salvavidas a las privadas, que si bien por ley no pueden recibir recursos directos de la Nación, si pueden ser apoyadas con otro tipo de estímulos.
“La financiación de una universidad privada está basada en un 95 por ciento en su matrícula. Es evidente por las cifras que las matrículas disminuyeron por varias razones, muchas de las cuales están relacionadas con el bono poblacional, con la falta de recursos para acceder a la educación superior, ese es un elemento que hay que contemplar”, señaló.
Y agregó: “Los altos costos de la calidad generan presión para el sostenimiento de la oferta. A esto se suma que con políticas como la matrícula cero muchos jóvenes están migrando de las privadas a las públicas, y eso está bien, pero hay muchos más jóvenes que no encuentran los cupos en la pública, que necesitan seguir con sus estudios y ahí las privadas pueden ayudar y recibir esa población. Pero no se están creando estímulos ni ayudas para que quienes no ingresen al sector oficial sí puedan hacerlo el resto de oferta educativa”. 
MATEO CHACÓN ORDUZ
Subeditor Vida - Educación
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Mateo Chacón OrduzSubdirector Vida
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