Cuatro palabras ayudan a resumir la forma como funciona el presupuesto público en Colombia. Tienen una lógica clara y son parte central de la forma como se planea y ejercen las actividades de nuestro sector público. Se usan para hacer seguimiento a la gestión en el total del presupuesto, sus componentes de deuda, funcionamiento e inversión.
En el caso de la deuda pública esta se programa con mucha antelación y hay siempre un cumplimiento de la obligación, en ese sentido, no existe mayor mérito el llegar al 100% en la ejecución.
Para los gastos de funcionamiento ocurre algo similar pero en menor proporción, allí no están solo los salarios sino otros temas como los servicios públicos y arriendos.
Lo interesante y es el punto de esta columna, es la gestión presupuestal del gobierno nacional mirando sólo el presupuesto de inversión.
Iniciemos con la apropiación, que es el monto máximo que tienen las entidades para trabajar en un año dado, pero no se puede usar si el Ministerio de Hacienda no les otorga la disponibilidad de caja.
Luego, contra una parte de esa apropiación con disponibilidad de caja, vienen los contratos y los llamados compromisos, por parte de las entidades frente a los particulares, organizaciones no gubernamentales, empresas e incluso otras entidades públicas.
Una vez se ha formalizado el contrato se está en la fase de compromisos y dependiendo del tipo de acuerdo, el supervisor del mismo acepta que se ha cumplido una serie de avances en el contrato y por ende, se genera una obligación: la aceptación por parte del Estado de una deuda concreta y finalmente llegan los pagos. He ahí el reto del asunto.
El Ministerio de Hacienda ha reconocido que la ejecución presupuestal del rubro de inversión en 2023 es una de las más bajas en 20 años en Colombia.
Los Ministros de Hacienda, normalmente, cuentan con que sus compañeros de gabinete y demás miembros del alto gobierno no ejecutaran la totalidad del presupuesto, en parte porque no los dejan, no les asignan caja sino hasta noviembre, ya muy tarde en el año, pero también por la propia lentitud de los procedimientos presupuestales. Que el sector público colombiano ejecuta sus inversiones de forma lenta es algo tradicional, pero el nivel de rezago de este Gobierno se está convirtiendo en una inconveniente anomalía.
Este año habrá cerca de $100 billones, que si bien es histórico en términos de apropiaciones, no garantiza que el gasto público para inversión sea ejecutado. Por ello, si el Gobierno quiere acelerar las transformaciones sociales, tiene que mejorar la ejecución del presupuesto de inversión.
CÉSAR CABALLERO REINOSO
Gerente de Cifras y Conceptos
