¿Qué hacer cuando los billones de pesos que se gastan en salud no alcanzan para satisfacer todas las demandas de salud de la población? Esa es la pregunta que se plantea en todos los países en que ha establecido el acceso a la salud como un derecho fundamental, porque en ninguno alcanza.
Hay que reconocer que no se trata solo de un problema económico sino que implica complejos dilemas éticos. El más angustioso es el de médico con un solo respirador disponible y dos pacientes de covid que lo necesitan con urgencia. Tiene que decidir a quién le asigna el recurso escaso (el respirador), lo que implica decidir quién va a morir.
Menos dramáticos son casos como las cirugías en que no hay urgencia de vida o muerte, o exámenes diagnósticos que pueden esperar, los que se resuelven con listas de espera incómodas para los pacientes pero inevitables cuando no hay suficientes equipos o cirujanos especializados.
Otros son aquellos dilemas que debe resolver el Estado. ¿Debe el sistema pagar por un multimillonario tratamiento experimental contra el cáncer que puede prolongar unos meses la vida del paciente, o dedicar esos recursos a campañas masivas de prevención del cáncer de mama que pueden salvar la vida de miles de mujeres? Una pregunta similar es más fácil de responder cuando se trata de tratamientos estéticos o procedimientos que pueden hacer más agradable la vida del paciente, pero que no son indispensables.
Cuando la Corte Constitucional unificó los planes de salud y reiteró el carácter fundamental del derecho a la salud, fue muy clara en señalar que este comprendía “el nivel más alto de salud posible dentro de cada estado”; es decir que no era infinito y que había casos y procedimientos que no estaban cubiertos. El problema radica en que no hay un criterio objetivo y absoluto para decidir y cada vez se multiplican las demandas por nuevos servicios, medicamentos y procedimientos.
Además de factores ciertos y difíciles de controlar que aumentan esta demanda, como el envejecimiento de la población, o los nuevos medicamentos y tecnologías más costosos, hay otros que si deben ser puestos en cintura como son los abusos y fraudes al sistema de salud. Abusos como los precios de ciertos medicamentos, o la facturación de procedimientos innecesarios.
Los fraudes son aberrantes: según una investigación de la Fiscalía 15 clínicas cobraron por medicamentos y procedimientos de alto costo por $21.000 millones por pacientes inexistentes. En el caso del SOAT mediante falsos accidentes de tránsito, cobros excesivos en procedimientos médicos, sobrecostos en material de osteosíntesis, cobros dobles, o cargos de varios accidentes a una misma póliza se han robado cerca de $500.000 millones.
Ante la dificultad de dedicar más recursos para la salud, una prioridad de política debe ser la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y el control estricto de los usos y abusos del sistema, sobre todo en las IPS que es donde llega más del 90% de la plata.
MAURICIO CABRERA GALVIS
Consultor privado.
