El fenómeno de El Niño más fuerte desde 1950 y el daño en un cable en la central de Guatapé hacían inminente el racionamiento de energía en 2016. La respuesta del gobierno fue organizar una campaña con una meta común de reducción del consumo, con competencia entre ciudades y departamentos, imponer un sobreprecio de la energía cuando el consumo de los hogares fuera superior al promedio histórico y dar un incentivo a consumos menores al promedio. La competencia estuvo apalancada en información pública semanal del consumo de cada región y el avance frente la meta
La campaña fue exitosa porque evitó el racionamiento y también porque el costo de no reducir el consumo recayó en quienes lo mantuvieron: al poner el sobreprecio al exceso y pagar un incentivo para reducir el consumo, cada hogar decidía, no una oficina central prendiendo y apagando.
La campaña tuvo un componente de solidaridad: como el sistema de energía eléctrica está interconectado, un kilovatio ahorrado en Nariño se podía servir en la costa caribe, donde reducir el consumo es más difícil. Apagar Paga, como se llamó el programa, tuvo un costo: los incentivos, por más de un billón de pesos de entonces, que lo pagamos con impuestos, solidariamente.
El Niño de 2023-24 fue el cuarto más fuerte desde que hay registros y agotó la reserva de agua potable en Bogotá y la Sabana. La respuesta del gobierno de la ciudad, fue racionar y hacer una campaña “de ahorro”. Buena parte de las capacidades operativas de la Empresa de Acueducto se dirigieron a la administración del racionamiento: abrir y cerrar, reparar tuberías que estallan por el vaciado y llenado, etc. Hay un aumento de la tarifa definido por los reguladores, con un sobreprecio al “consumo suntuario”. Si bien el consumo ha bajado y la reserva ha subido, seguimos en racionamiento por zonas.
La dificultad para reducir el consumo de agua en Bogotá puede venir de la carencia de información oportuna: la factura es bimensual, demora en llegar y no hay información pública de consumo por zonas. Pero la limitación de fondo es que un racionamiento de agua no reduce el consumo, lo pospone y puede incluso llevar al desperdicio, pues es un bien acumulable.
Además, el racionamiento no es progresivo ni solidario: la capacidad para acumular vale lo que cuestan los tanques. Viviendas con licencia cuentan con más capacidad en tanques cuya estructura y máquinas suben el precio de la construcción. Como la mayoría de las viviendas en la región son construidas en la informalidad, para escapar a los altos costos de la tierra y de la edificación, son los más pobres los que menos pueden acumular y los que más sufren el racionamiento.
Persistir en el racionamiento es un error. Mejor una campaña bien diseñada basada en incentivos, facturación mensual, información de consumo por zonas, pública, con competencia por alcanzar una meta común, con señales de precios e incentivos que permitan que sea la gente, no el gobierno, quien tome las decisiones.
JORGE RESTREPO
Profesor de economía de la Universidad Javeriana.
