Muchas veces, he preguntado a funcionarios públicos el por qué no hacer gastos en proyectos específicos y necesarios y la respuesta es obvia: eso no quedó presupuestado ni aprobado en la Ley por el Congreso de la República. Y ahí para el tema. Con esto, la conclusión es sencilla: no puede haber gasto por fuera del presupuesto público, como se comprueba en el ‘mamotreto’ aprobado y que el gobierno resume en un decreto antes de comenzar el período, llamado decreto de liquidación presupuestal.
Es sentido común, que paradójicamente es el menos común de los sentidos: la regla general es que el presupuesto (como su nombre lo indica pre-supuesto) de cualquier empresa, sociedad con o sin ánimo de lucro es un ejercicio anual que se prepara con cuidado extremo, así haya que revisarlo, modificarlo o adicionarlo de acuerdo con la evolución de acontecimientos imprevistos y ajenos a la voluntad de los dueños o la gerencia encargada del asunto.
Lo primero que se estima es el rubro de ingresos totales que se van a obtener en el período en función de los objetivos, pero siempre debe haber un equilibrio con los gastos programados en cumplimiento de ese objetivo social. Obvio que la carpintería contable es sofisticada y la manejan los expertos.
Guardadas las proporciones, en el gobierno se hace lo mismo.
Primero, el Ministerio de Hacienda determina las rentas por cada concepto específico y luego los gastos burocráticos y otros atados a leyes específicas y Planeación Nacional presenta el cuadro en función de lo que se supone son los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo. Y si falta plata, se acude al endeudamiento interno y externo. Finalmente, todo se ajusta para que haya equilibrio entre ingresos y gastos.
Resulta que ahora en el gobierno del ‘cambio’ (mejor quedaría ‘cambiazo’) lo vigente no coincide con lo aprobado por el legislativo ni con el original del Minhacienda. Extraño, porque ese es el mimo organismo que prepara el presupuesto y el famoso decreto en cuestión.
El mismo ministerio que pagó tres veces el mismo sueldo. ¡Sospechoso y peligroso! Y más grave aún: en el decreto no se discriminó con exactitud en que se iba a gastar: $13 billones, correspondientes a 65 proyectos de infraestructura en ciudades como Bogotá y Medellín y otras obras de infraestructura. De mal gusto que sean las dos ciudades en las que le fue mal a los candidatos del ‘cambio’ o mejor, del ‘cambiazo’ en las elecciones regionales.
Pero ahí no paran las cosas. Mucho se discutió que Hacienda por idea de la Dian, decidió ganar pleitos tributarios antes de los fallos legales por 15 billones que fueron presupuestados con una dosis de ingenuidad. (O de irresponsabilidad).
Puede que todo se arregle con un decreto corrigiendo las torpezas, pero hay que esperar qué va a hacer la Contraloría, encargada de vigilar el uso de los recursos públicos, dentro de la que cabe la asignación y apropiación de los gastos, so pena de que el gobierno se victimice o alegue que se pretende paralizar el manejo del Estado.
¡Increíble que se haya caído tan bajo en el manejo de la administración pública! Nada le sale bien al gobierno del ‘cambio’ o mejor del ‘cambiazo’.
Mario Hernández
Empresario exportador.
