Una de las razones por las cual fue elegido este gobierno, fue por su promesa de impulsar la implementación integral del Acuerdo de Paz. Y esta promesa ha sido reiterada: con el anuncio de un Plan de Choque que contempla la ampliación del tiempo de implementación por siete años más.
El sector minero energético tiene una responsabilidad enorme en la construcción de paz desde y para los territorios, en su apuesta por erradicar la pobreza energética y reducir la pobreza rural y como la desigualdad. Por ello, desde el Ministerio de Minas y Energía se ha venido trabajando en dos programas que nacen y se sostienen desde las comunidades: los Distritos Mineros para la Paz y las Comunidades Energéticas de Paz.
El programa Distritos Mineros para la Paz busca llegar a zonas de alta presencia de minería informal y a aquellas que buscan transitar hacia economías descarbonizadas, para implementar proyectos de transición energética justa. La Ley 2294 de 2023 se establece que los Distritos Mineras buscaran “… promover la asociatividad entre mineros y mineras de pequeña escala, así como la industrialización a partir de minerales estratégicos, el desarrollo de nuevas alternativas productivas, la reconversión laboral, de ser necesaria, la solución concertada de los conflictos ocasionados por la minería, y generar condiciones para garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones”.
Por su parte, el programa de Comunidades Energéticas de Paz, recién lanzado, busca que las comunidades organizadas atiendan su propia demanda de energía a través de la autogeneración y aumenten la eficiencia energética.
Las víctimas del conflicto, las personas en proceso de reincorporación y los territorios de paz, ubicados en los municipios PDET y las zonas más afectadas por el Conflicto, son uno de los criterios de focalización regional para la orientación de recursos públicos de Comunidades Energéticas.
Los dos programas apuntan a dar cumplimiento a la Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo, para lo cual el Ministerio trabaja en la actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural y la inclusión de las Comunidades Energéticas como indicador de implementación.
Con el tercer punto del acuerdo, la gestión del ministerio en el marco de la transición es clara al dar inicio a la implementación de Comunidades Energéticas de Paz en 11 departamentos del país, específicamente en 22 organizaciones comunitarias y productivas ubicadas en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
En el corto plazo, con un impacto de 9.438 personas beneficiadas, con el apoyo técnico, social y económico del Ministerio, se iniciará la construcción de la Comunidad Energética de los firmantes de paz del ETCR, La Variante, ubicado en Tumaco.
Ese será el inicio de los hitos que demuestran el compromiso e interés del sector público energético, de avanzar de manera ágil y contundente en la implementación del Acuerdo de Paz.
Andrés Camacho
Ministro de Minas y Energía
