El proceso de negociación para la paz, entre el Gobierno y las Farc, tiene en vilo a la sociedad colombiana, pues conlleva la esperanza de que después de muchos años cesen el sufrimiento y la miseria para tantas familias, el despojo y desarraigo de campesinos, la zozobra para disfrutar y aprovechar la pródiga naturaleza del país, el desangre del presupuesto nacional para financiar una lucha fratricida, y se abra un camino para la reconciliación de los colombianos, la recuperación de su medio de vida para muchos, un mayor progreso socioeconómico sostenible y la reducción de la inequidad en Colombia.
Entre las grandes dificultades para que este proceso se desarrolle favorable y sosteniblemente está la persistencia de problemas que han permitido y mantenido el conflicto en diversas zonas, como es la ausencia del Estado; de sus actividades de seguridad y de justicia; de servicios públicos elementales y de carácter social en materia de salud, educación y recreación; de infraestructura básica; de orientación y apoyo a la actividad lícita productiva. Este abandono propició la acción de la guerrilla, con la pretensión de impartir justicia, y facilitó el desarrollo de actividades como los cultivos ilícitos y el narcotráfico, degradando los valores de la sociedad, depredando el ambiente y financiando la insurgencia.
De persistir este panorama, los avances que se logren en la recuperación de territorios dominados por la guerrilla, al replegarse ésta, difícilmente serán sostenibles y, lo que es más grave, el desarrollo de la paz en el posconflicto, una vez se logre el acuerdo con las Farc, estará amenazado por diversas asechanzas.
La conciencia de este gran riesgo originó la creación de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial cuyo propósito es, justamente, establecer la presencia y la acción del Estado en zonas cuyo territorio se recupere del conflicto, para crear en ellas un ambiente de seguridad, paz y desarrollo socioeconómico. Esta unidad viene actuando en siete zonas del país, que agrupan a 51 municipios, coordinando la acción de instituciones del Estado y de entidades civiles para atender los diversos frentes mencionados atrás, indispensables para consolidar un nuevo espacio en que florezca una vida digna y grata para la población, como mejor póliza de seguro ante el indeseable riesgo de recaer en la guerra. De cara al posconflicto, es evidente la conveniencia de fortalecer la Unidad de Consolidación y sus cruciales actividades.
Dentro de éstas, una de gran importancia es identificar y promover actividades productivas legales y rentables, alternativas a los cultivos ilícitos, cuya erradicación está avanzando, para que los que dejen esa producción indeseable logren mantener un medio de vida. Muchas veces, los productos tradicionales no son los más indicados para sustituir competitivamente aquella actividad ilícita. En algunas zonas, existen posibilidades de otros productos con muy buenas perspectivas, como los usados para condimentos, tales como ají, pimienta, jengibre, cúrcuma, entre otros.
Estos cultivos tienen las ventajas de ser intensivos, o sea que pueden ser adelantados rentablemente en pequeñas áreas y se deben someter a procesos de transformación relativamente sencillos, como clasificación, deshidratación y molienda, que agregan valor al producto, generan empleo, facilitan el transporte y disminuyen su costo. Además tienen grandes mercados en las ciudades y en otros países.
Camilo Aldana Vargas
Consultor
