El sector de la minería en Colombia enfrenta hoy retos históricos. El más importante, aprovechar el ‘momentum’ para dotar al país de una política pública que fije directrices para desarrollar una minería responsable y competitiva.
Estamos en medio de un debate nacional que en ocasiones confunde a la opinión pública.
Por un lado, se dice que es una de las locomotoras del desarrollo, y ciertamente lo es; pero, de otra parte, no hay consensos sobre lo fundamental entre instituciones públicas, empresas, trabajadores y ambientalistas; por el contrario, pareciera que una parte del país no quisiera saber de una actividad que apenas conocen superficialmente.
Para que la minería sea la nueva estrella de la economía y motor de desarrollo de las comunidades, se requiere que todos lo queramos.
Eliminemos del debate los oportunismos políticos, los fundamentalismos intolerantes, el desequilibrio en la información y los juicios tremendistas.
El primer paso es que el Gobierno, con dos nuevos ministros para las carteras de Minas y Ambiente, logre esos consensos y en un documento de política lance la estrategia minera nacional que el país espera.
Lo segundo, defender con palabras y hechos que la minería responsable sí es posible y la queremos porque genera recursos lícitos, crea empleo, desarrolla proveedores, construye infraestructura de uso público, respeta el medio ambiente y es transparente tributariamente.
El tercer gran paso es hacer realidad los anuncios del Gobierno y cuya implementación desvela al sector. La verdad sea dicha, los rieles de la locomotora minera apenas están en construcción. Así lo muestran varios ejemplos.
La reforma institucional para el sector minero, recientemente anunciada por el Ministerio de Minas, satisface en principio y en sus lineamientos generales la expectativa del ramo.
Lo importante es que dicho plan se haga realidad con celeridad y que cuente con un recurso humano técnico y bien remunerado.
En cuanto al transporte, es necesario para sacar la riqueza minera atrapada en el centro del país, pues Colombia no ofrece una infraestructura sólida ni para transportar el mineral ni para importar la maquinaria que requiere la actividad.
Fuera de lineamientos, nuevamente generales y optimistas, sin tiempos ni fuentes de financiación definidas, presentados muy recientemente por el DNP, lo cierto es que el país no cuenta hoy con una política de infraestructura concluyente para la locomotora minera.
Salvo en lo concerniente al régimen impositivo aplicable al sector, legítimamente replanteado por un Gobierno que inició mandato e implementó su particular visión de política fiscal y que significó un aumento en su conjunto de cerca de 5 puntos de la participación del Estado en lo producido por la actividad minera, el resto de la normatividad –en especial la ambiental– está en plena elaboración y su ministerio en concomitante estructuración.
Esperamos contar con una política minera coherente que incluya una perspectiva global interesada por la competitividad del sector, equilibrada en responsabilidad ambiental y con reglas estables; esto complementado con unas empresas trabajando, como las del SGME, de manera comprometida, responsable y con exigentes estándares de calidad.
