La semana pasada, el país y mercado del gas natural recibieron la confirmación, por parte del Gestor del Mercado, de un faltante de este energético para el próximo año y para 2026.
En concreto, las cantidades disponibles para la venta en 2025 son de 43,5 GIGABTU día (unidad de poder calórico) frente a unas necesidades de contratación de casi el triple: 120 GBTUD. Y para el año subsiguiente la relación es de 160,5 GBTUD de oferta frente a una necesidad de 350 GBTUD.
Detrás del faltante de un energético que cada día usan 36 millones de colombianos, y de las medidas explicadas por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, para atender la demanda y el abastecimiento, aparece un nuevo dolor de cabeza para el sector industrial, uno de los renglones claves para la reactivación y el empleo, cuya producción lleva más de 15 meses en terreno negativo, según el Dane. Que el país, y especialmente los industriales, tengan a la vuelta de la esquina este nuevo dolor de cabeza no debe generar mayor sorpresa. De hecho, evidencia la inacción del Gobierno y de las autoridades energéticas, principalmente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) -que lleva dos años sin todos sus comisionados en propiedad- para buscar salidas con anticipación.
Precisamente, desde hace dos años la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) avisó que venía un déficit de gas que podría afectar a entre 30% y 50% de la demanda industrial no regulada.
Sandra Fonseca, presidenta de este gremio, ve como efecto inmediato una escalada de precios y una encrucijada para algunos, porque no solo los industriales que puedan aprovisionarse pagarán el gas mucho más costoso, sino porque algunas fábricas no podrán acceder a otros sustitutos por el tipo de tecnología de sus plantas de producción.
Este nuevo riesgo para la industria evidencia -otra vez- la falta de políticas públicas que corrijan a tiempo las fallas y eviten una crisis de confiabilidad de gas como la que se avecina y que se sentirá más duro al centro del país -desde Bogotá y Cundinamarca hasta el Valle-, por las restricciones de los sistemas de transporte.
Lo anterior porque las medidas del Gobierno para aumentar la importación -que sólo puede llegar por el Caribe (regasificadora de Cartagena, otros puntos e incluso Venezuela)-, se encontrarán de frente con un atraso en la capacidad de los gasoductos habilitados, porque la expansión de la conexión entre los dos sistemas de la costa y del interior no se ha hecho todavía.
Para conjurar esta crisis de gas en la industria hay que adoptar pronto ajustes como levantar las restricciones para la importación directa por parte de estos usuarios, retomar la compensación para los casos de incumplimiento de contratos en firme y asegurar la disponibilidad de fuentes sustitutas como el diésel o el carbón. Con un precio del gas al alza el próximo año, que en algunas empresas puede representar el 30% o el 40% de sus costos, y que si se duplica las puede hacer inviables, el país espera decisiones acertadas del gobierno Petro.
Está en juego evitar que se golpee la capacidad productiva del país y que baje la disponibilidad local de bienes como bases de alimentos, papel y productos de empaquetamiento, que al importarse traen consigo un efecto inflacionario.
Estos son los frutos que se recogen cuando se desdeñan una arquitectura institucional, reglas del juego y normas que por 30 años han evitado un nuevo ‘apagón’. Este nuevo episodio debe llevar a reflexionar a la administración Petro sobre las graves consecuencias de descuidar la regulación.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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