Los permanentes eventos climáticos extremos a los que están expuestos los cultivos, han convertido la gestión de los riesgos naturales en un factor fundamental de la administración de proyectos productivos agrícolas. Para dimensionar el impacto de estos episodios catastróficos basta con revisar los cálculos de una misión del BID y la Cepal, que estimó en casi un billón de pesos las pérdidas de ingreso de los agricultores en Colombia durante la ola invernal del 2010 y el 2011.
En el país se creó el seguro agropecuario en 1993, coincidiendo con la fundación del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. De esos recursos se subsidia hasta el 80 por ciento del valor de la prima del seguro agrícola que contratan los productores. Desde esa época se inició una sobrepausada curva de aprendizaje y de culturización en el seguro agropecuario. En este proceso no hemos logrado aún el suficiente grado de madurez de un mercado desarrollado.
Sin embargo, es innegable que los distintos gobiernos, los gremios agropecuarios y el sector asegurador han hecho importantes aportes en la búsqueda de un mercado en el que convergerían masivamente los agricultores y las aseguradoras. Actualmente, el Ministerio de Agricultura y Finagro siguen esmerándose en esa dirección, apoyados en consultorías especializadas. En ese sentido, Finagro recientemente creó una oficina con el fin de centralizar y organizar la información que sistémicamente se requiere para estructurar pólizas. Lamentablemente, nos demoramos muchos años para acoger esta vieja propuesta inspirada en la oficina de riesgos agropecuarios de Argentina, la cual fue planteada en ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
No obstante, el generoso subsidio, las buenas ideas y las distintas acciones –con el ritmo al que hemos progresado en estos 23 años del seguro agrícola– no han logrado superar las incipientes tasas de aseguramiento que nos destacan en América Latina, cuyo nivel histórico más alto se logró el año pasado con el aseguramiento de 187.000 hectáreas de las 7’115.000 sembradas en el país, lo que equivale a una tasa de cobertura del 2,6 por ciento.
En tal sentido, el 97,4 por ciento de los cultivos del país en el 2015 carecieron de pólizas, y este año se proyectan resultados similares. Dichos seguros están siendo suscritos por cinco aseguradoras, de las cuales una concentra el 67 por ciento del mercado.
Al margen de las cifras, hay que destacar que en estas dos décadas hemos avanzado en lo normativo, lo financiero, lo técnico y lo institucional. Con certeza, sobre esas bases en el largo plazo, se terminará desarrollando el mercado del seguro agrícola. Las incesables turbulencias del clima pondrán cada vez más presión en los agricultores para que se aseguren, así llegará el día en que compren pólizas con la naturalidad que adquieren los agroinsumos. Con esta señal de mercado, las aseguradoras competirán activamente por tener las ofertas más pertinentes y atractivas.
Por lo pronto, la exposición a los riesgos climáticos de la actividad agropecuaria seguirá creciente, y, en efecto, los siniestros tienden a ser más frecuentes y de mayor impacto. Por ello, en el corto plazo, el Gobierno está llamado a ejercer un papel aún más influyente, a través de la contratación de pólizas catastróficas para los cultivos de los campesinos pequeños no tecnificados.
Esta posibilidad inquietado al Gobierno desde el inicio del seguro agrícola, pero nos estancamos en la inquietud y reflexión. Nos dedicamos a rondar el asunto sin definir su concreción, quizás planteándolo con una complejidad distante de la realidad, pues otros países han logrado enfocarlo exitosamente de forma simple, pragmática y funcional.
Este mecanismo lo ha usado México desde el 2003, y en la actualidad los productores de 9’846.307 hectáreas sembradas se benefician del seguro catastrófico adquirido por el Gobierno. Este mismo esquema fue adoptado por Perú en el 2009, con el cual asegura actualmente 550.296 hectáreas.
Hay una amplia experiencia internacional de la que Colombia se podría beneficiar para estructurar las pólizas de los seguros catastróficos. También está la posibilidad de realizar licitaciones para contratarlas con la participación de aseguradoras establecidas en el país y otras extranjeras no radicadas. Las empresas de seguros foráneas no establecidas en el país, podrían lograr la autorización respectiva de la superintendencia financiera. Dicho permiso lo podrían obtener a través del Registro de Entidades Aseguradoras e intermediarios de Seguro Agropecuario del Exterior (Raixas) que posibilitó la Ley 1450 de 2011. Con esta alternativa podrían participar en las licitaciones múltiples aseguradoras extranjeras que acrediten amplia trayectoria internacional en el seguro agrícola, así como la suficiente solidez empresarial.
Los episodios climáticos catastróficos a que están expuestos los cultivos tienden a ser de mayor frecuencia e intensidad, lo cual incrementa el riesgo de pérdida para el 97,4 por ciento de los agricultores colombianos que carecen de un seguro agrícola; este panorama nos exige acelerar las medidas y mecanismos que propicien asegurar, al menos los cultivos de los campesinos más vulnerables a través de seguros contratados por el Gobierno.
Iván Darío Arroyave A.
Expresidente de la Bolsa Mercantil de Colombia.
