Para quienes no dominan la compleja terminología de nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud, UPC es la sigla que corresponde a la Unidad de Pago por Capitación, que es el valor que el Gobierno les reconoce anualmente a las EPS por cada uno de sus afiliados para asegurar que estas les presten los servicios de salud requeridos.
Dicha UPC, según la ley, se establece en función del perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería, y que debe ser definida por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, Cnsss (hoy reemplazado por la Comisión de Regulación en Salud, Cres), de acuerdo con estudios técnicos que elabore el Ministerio de Salud.
De una lectura simple de cada uno de los Acuerdos expedidos entre 1995 y el 2011 (por el Cnsss entre 1995 al 2008 y en adelante por la Cres), se descubre que la Cres determina la UPC sin una aparente justificación lógica (salvo, de pronto, la mayor demanda de servicios) y de allí surgen las diferencias abismales entre los montos de la UPC para los niños entre 1 y 4 años de edad y los fijados para la UPC de los adultos mayores de 60 años.
Así, mientras en el caso de los niños, la UPC quedó en $487.070,68 para el 2011, en el caso de los adultos de 60 a 64 años se fijó en $1.062.575,56 para el mismo año, es decir, más del doble de la de aquellos. Pero, adicionalmente, y sin una explicación clara, a partir del 2009, con entrada en vigencia de la Cres, la población de adultos mayores se clasificó en 4 grupos (de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años y de 75 años en adelante).
En ese último grupo, los mayores de 75, la UPC llega a $1.993.131,86; es decir, casi 4 veces la UPC de los niños entre 1 y 4 años de edad. ¿Qué hay detrás de esa situación? ¿Qué significa todo esto?
Pues, nada más y nada menos, que la UPC hoy se convirtió en un gran negocio, ya que a las EPS les resulta más lucrativo tener afiliados de la tercera edad, porque percibirán mayores recursos por UPC, recursos que pueden, además, manejar a su antojo aplicando lo que se conoce como contención de costos.
Si la UPC de los niños disminuye (y eso explicaría fenómenos como el cierre de unidades pediátricas en clínicas y hospitales en el país) y la UPC de los mayores aumenta, significa que los niños no son rentables y para las IPS resulta más atractivo facturar servicios de salud para una población adulta, la cual demanda más servicios y adicionalmente los más caros, pues allí se concentran los llamados pacientes con enfermedades catastróficas o de alto costo.
Conclusión: resulta que ahora la población infantil es la paganini de los males que aquejan al sistema de salud, pasando por la faja el Artículo 44 de nuestra Constitución y la Ley 1438 de 2010, que propugnan por el derecho prevalente de los niños dentro de nuestro sistema jurídico.
Muy preocupante, porque gana el negocio y pierden los niños.
