El escándalo de Odebrecht ha ocupado de manera constante los titulares de nuestro país en los últimos días. Es tal la indignación que ocasiona enterarse cómo se amasan fortunas a punta de cobrar millonarias comisiones con la contratación estatal, que toda la sociedad –sectores y partidos políticos– exclama, al unísono, su firme decisión de acabar con esto.
Pero, para acabar el enemigo, oculto y mortífero de la corrupción es primero necesario tener información sobre él. Existen dos herramientas muy conocidas a nivel internacional que permiten medir qué tan grave es la corrupción en un país: el Corruption Perception Index (CPI) y el Global Corruption Barometer (GCB). Ambos son publicados por Transparencia Internacional. Mientras el primero es un índice basado en percepciones de expertos en el ambiente, el segundo es una encuesta directa a grupos de alrededor de 1.000 ciudadanos por país.
A Colombia le va mal en el CPI, pues en el 2016 solo sacó 37 puntos de 100 posibles –en el 2005 sacaba 6 puntos de 10, según la escala de ese momento–. En el GCB le va mejor, pues 22 personas reportan haber pagado un soborno, comparado con el peor país que reportó 84. Esta diferencia pudiera sugerir que la corrupción colombiana se concentra en alrededor de los grandes negocios, más que, gracias a Dios, en los servicios que cotidianamente usa el ciudadano de a pie.
El CPI y el GCB permiten ver que ningún país está libre de la corrupción. Ni siquiera Dinamarca saca puntaje perfecto, y sorprende ver cómo Francia tiene una calificación mediocre, 69 de 100 puntos posibles. Sin embargo, ‘consuelo de muchos consuelo de tontos’, como decían las abuelitas. La corrupción es un fenómeno con implicaciones funestas.
Existen estudios que sugieren una fuerte correlación entre corrupción y exclusión social. Uno traslapó los indicadores de exclusión social de la Bertelsmann Foundation con el CPI, y arrojó que países con mayor exclusión social como México, tienen un desempeño pobre en el CPI. Otros análisis muestran una fuerte correlación entre crecimiento económico y corrupción. Se argumenta que este delito frena el desempeño económico, aumenta los costos de transacción, la incertidumbre y el uso ineficiente de los factores de producción, y, reducirla aumenta la inversión pública.
En Colombia, se calcula que cuesta 4 por ciento del PIB al año, aproximadamente 22 billones de pesos, el equivalente a diez Rutas del Sol. Es evidente que este enemigo es devastador y hay que derrotarlo. ¿Cómo? Con conmoción mediática no. Suele ser pasajera y poco profunda. Tampoco con más leyes. Tenemos muchas: Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción y Ley 1778 de 2016, de Soborno Trasnacional. Seguramente, a mayor regulación, mayor corrupción.
Tiene que ser con inteligencia, determinación y perseverancia. ¿Qué tal una reforma integral al sistema político electoral que rompa, entre otros, el vínculo entre el costo de las campañas políticas con la corrupción en la contratación estatal? No es fácil, los políticos no están dispuestos a cambiar sus propias reglas.
Juan Carlos Palau
Abogado
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